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INFORME FINAL “ELECCIONES NACIONALES” DEL AÑO 2016, EN NICARAGUA

11 de noviembre de 2016

I.    PRESENTACIÓN

Este Informe es el resultado de:
1.    Un análisis previo del contexto jurídico y político dentro del cual se realizaron las votaciones del 6 de noviembre.
2.    Un monitoreo in situ realizado en Managua y en las tres filiales del CENIDH y reportes de la Red de Promotores y Promotoras Padre César Jerez realizado durante todo el día en una muestra representativa de Juntas Receptoras de Votos.
3.    Un monitoreo de los medios de comunicación independientes y de los afines o propiedad del Gobierno incluyendo las radios, canales de televisión y redes sociales durante toda la jornada.
4.    Las denuncias recibidas en la sede y filiales del CENIDH y las divulgadas por diferentes medios de comunicación.
5.    La información preliminar sistematizada sobre el “proceso electoral”.


II.    ANTECEDENTES

Desde 1996, el sistema electoral nicaragüense comenzó a dar señales de agotamiento. Las señales de este desgaste fueron advertidas en el Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, del año 1996 expresando que en las elecciones nacionales de ese año, en las que resultó electo Arnoldo Alemán, se dio: “un complejo conjunto de anomalías e irregularidades aritméticas, políticas, organizativas, administrativas y éticas” que distinguirían a estas elecciones de los anteriores procesos .


Sin embargo, fue tras el Pacto entre Arnoldo Alemán (en el poder) y Daniel Ortega (gobernando desde abajo) acordado en 1998, que sería aprobada en el año 2000, una nueva Ley Electoral (Ley No. 331 ) y este proceso de deterioro del derecho de elegir y ser electo/a y de elegir nuestros representantes y nuestro destino como nación se profundizó hasta llevarnos a la situación actual de violación masiva de las condiciones para ejercer dichos derechos.  A la vuelta de los años, la ley 331 y las prácticas del Consejo Supremo Electoral CSE, órgano encargado de organizar las elecciones, instrumentalizado por el FSLN,  han conducido a que las elecciones sean cada vez menos auténticas, menos libres, menos competitivas, menos transparentes, más cuestionadas y por lo tanto, más proclives a generar entornos propicios para que se den violaciones a los derechos humanos de los candidatos y candidatas, y de los votantes que no lograron ver que la voluntad que expresaron en las urnas sea respetada.  

El CENIDH, señaló con preocupación que los procesos electorales que se organizaron desde el año 2006, tanto las elecciones nacionales como municipales y regionales fueron procesos irregulares en los que no se garantizó el respeto a la voluntad popular, concediendo una clara ventaja al Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, frente a las demás opciones políticas.

Desafortunadamente, los procesos electorales conducidos bajo la Ley Electoral 331 también fueron procesos que derivaron en violencia y represión, como lo confirma lo sucedido durante las elecciones municipales de 2008 y en las elecciones nacionales de 2011.

Esos procesos irregulares no contribuyeron a la legitimidad de los y las electas y provocaron un daño a la imagen de las instituciones en las que se desempeñaron los así electos/as (gobiernos nacional, gobiernos municipales, regionales, Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano). Además el efecto de tales elecciones dañó también la imagen de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral que fueron elegidas por una asamblea integrada mayoritariamente por el FSLN producto de la alteración de la voluntad popular expresada en las urnas.


III.    LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL DE REALIZAR ELECCIONES AUTÉNTICAS Y PERIÓDICAS

La obligación internacional de realizar elecciones auténticas y periódicas está establecida de manera coincidente en los instrumentos internacionales universales y regionales que mencionamos a continuación:

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , establece que: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

En igual sentido se pronuncia el instrumento internacional de derechos humanos para  la región americana, la Convención Americana, que en su arto. 23 reconoce los derechos políticos y establece el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

La Carta Democrática Interamericana afirma que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Reiteradas acciones y omisiones del gobierno actual han socavado la democracia representativa al extremo de que no existan condiciones para celebrar elecciones auténticas que son elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos  y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos.

Importantes recomendaciones en esta materia resultaron del Examen Periódico Universal realizado a Nicaragua en el año 2014:

“Crear un entorno que propicie la celebración de elecciones libres, imparciales e incluyentes, velando por la neutralidad, la independencia y la profesionalidad del Consejo Supremo Electoral” .

“Procurar garantizar una separación permanente entre partido y Estado que brinde una transparencia y un espacio adecuados para un mayor desarrollo democrático, mediante, entre otras cosas, la actuación imparcial del Consejo Supremo Electoral en consonancia con las recomendaciones formuladas por las instituciones regionales e internacionales” .

Respecto de ambas recomendaciones, la respuesta del Estado fue que contaban con su apoyo y que consideraba que ya habían sido aplicadas o están en proceso de aplicación, Lo que se contradice con la falta de acciones y nula voluntad estatal de proceder en la dirección propuesta por las recomendaciones del EPU.


IV.    EL INCUMPLIMIENTO ESTATAL DEL DEBER DE REALIZAR ELECCIONES AUTÉNTICAS


Elecciones auténticas son aquellas en las que existe oportunidad y libertad para elegir. La ciudadanía ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales. Son elecciones en las que se da una lucha abierta y libre por el poder y por ello, son fuente de legitimación de un sistema político y de sus dirigentes. Además, y no menos importante, son el medio a través del cual se verifica la participación política de las grandes mayorías.

En un sistema democrático, las elecciones son competitivas, tienen gran importancia para el proceso político, la libertad de elegir y ser electo/a está garantizada, la posibilidad real de cambiar el gobierno existe.

Ninguna de estas condiciones las reúnen las recientes “elecciones nacionales” realizadas en Nicaragua, por los motivos que explicaremos a continuación:

La falta de voluntad para implementar oportunamente los aspectos pendientes de la sentencia dictada desde el año 2005 en el caso Yatama vs. Nicaragua, la renuencia para reformar la Ley Electoral y garantizar el funcionamiento independiente del CSE, la falta de atención a las reiteradas recomendaciones provenientes de la observación electoral nacional e internacional y la controvertida reforma constitucional que permitió la reelección indefinida en Nicaragua son determinantes para valorar el “proceso electoral”  que el Gobierno de Daniel Ortega impuso a los y las nicaragüenses durante el año 2016.
 
Estas condiciones previas se vieron agravadas por:

1.    La decisión del Presidente Ortega de prohibir sin facultades para ello, la observación internacional de los comicios de noviembre.

2.    La violación flagrante  de la obligación estatal de respetar el pluralismo político establecido constitucionalmente, ya que mediante la ilegal y extemporánea sentencia Número 299 del 8 de junio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  despojó a Eduardo Montealegre de la representación del Partido Liberal Independiente, quien lideraba la Coalición Nacional por la Democracia , a escasos cinco meses de las elecciones. Esa representación fue la que logró que en 2011 el PLI fuera la fuerza de oposición más votada. De esta forma, una maniobra del partido de gobierno realizada por la Sala de lo Constitucional desproveyó a las elecciones de 2016 de toda competitividad.

3.    Como consecuencia del traslado de la representación del PLI, resultaron impedidos de participar como candidatos los propuestos por la Coalición encabezada por el PLI, Luis Callejas y Violeta Granera, candidatos para Presidente y Vice Presidenta, respectivamente, presentados tres días antes de ser el Partido Liberal Independiente (PLI) intervenido , en una clara maniobra del partido de gobierno para excluir a la principal fuerza de oposición del país . 

4.    Para asegurarse que los candidatos presentados por la Coalición no participaran en ninguna casilla, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró nulas las dos directivas del Partido Acción Ciudadana, partido que pertenecía a la Coalición Nacional por la Democracia cuya casilla  podría haber representado una opción para que se presentaran en la contienda. 

5, Otra acción orientada a debilitar a la oposición en el contexto electoral que se avecinaba fue la destitución realizada el 29 de julio de 28 diputados de la bancada del Partido Liberal Independiente (BAPLI) por parte de la acción coordinada del CSE, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia dominadas por el FSLN.

6.    La nominación de Rosario Murillo como candidata a Vice-Presidenta de la República. Este hecho inédito en la historia nacional representa la reafirmación de la voluntad de concentrar el poder en la familia Ortega Murillo y la decisión de perpetuarse en el mismo en detrimento de los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

La facultad que permitió al Presidente nombrar a los candidatos a Vicepresidente y Diputados/as fue otorgada por primera vez en la historia del FSLN por el Congreso de dicho Partido favoreciendo la concentración en el ejercicio del poder y violando los derechos de los miembros del FSLN que podrían haber aspirado a esa candidatura . Al proceder de esta forma, el FSLN violó el deber establecido en el Arto. 63 de la Ley Electoral, numeral 2 según el cual, los partidos políticos tienen el deber de

“Garantizar la mayor participación democrática en los procesos de elección de sus autoridades y de candidatos para las diferentes elecciones en que participen como partido político. En la selección del proceso de elección prevalecerá aquel que permita el mayor cumplimiento de este deber.”

Estas condiciones en las que se desarrollaron “las elecciones” de 2016 no permitieron  la participación amplia y plural que corresponde al Estado de Nicaragua garantizar, por el contrario, resultaron claramente violatorias del derecho de elegir y ser elegidos/as ya que se impidió decidir entre opciones reales de poder como corresponde en un proceso competitivo y justo. Así lo declararon, previa elección, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, editoriales de medios independientes, analistas y expertos independientes.

Las etapas de un proceso anómalo

1.    La tardía convocatoria a elecciones
La costumbre en todos los procesos electorales nacionales había sido que la convocatoria para dichos procesos se realizaba con un año de anticipación. En esta ocasión, el CSE convocó seis meses antes, hasta el 6 de mayo, en una clara maniobra para dificultar las condiciones de participación de la oposición. Este hecho mereció señalamientos de parte de la oposición nicaragüense y de la ciudadanía crítica y fue indicador de la amplia discrecionalidad con la que el CSE tomó las decisiones en torno al “proceso electoral”.

2.    La aprobación del Calendario Electoral
Los magistrados del CSE convocaron a las elecciones el 6 de mayo y solo dieron tres días hábiles, a partir de esa convocatoria, para que los partidos hicieran sus observaciones al calendario electoral, cuando en anteriores procesos se daban hasta siete días.

Los directivos de la entonces Coalición Nacional por la Democracia, encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), enviaron sus objeciones al proyecto de calendario –que recibieron el viernes 6– señalando las numerosas anomalías y explicando por qué no estaba garantizado el respeto al voto popular.

El CSE estableció la publicación del Calendario Electoral final en La Gaceta, Diario Oficial, un día después del plazo que dio a los partidos para hacer las objeciones al documento. El plazo se venció el 9 de mayo y el 10 se publicó la versión final.

El 10 de mayo de 2016 el Poder Electoral publicó el Calendario Electoral que regiría las elecciones nacionales. Los principales partidos políticos que participarían en las elecciones nacionales criticaron al CSE porque la presentación de observaciones a la propuesta de calendario electoral resultó ser “un simple trámite” y no permitió mejorar el mismo. 

Uno de los aspectos que el Calendario no agendó fue el relativo a la invitación a observadores electorales nacionales e internacionales.

Otra de las anomalías que la Coalición (PLI) exigió corregir es que el Calendario no retomaba la obligación de publicar los resultados de las votaciones de cada Junta Receptora de Votos (JRV), lo que es violatorio de la Ley Electoral. El señalamiento de la Coalición se confirmó en la práctica ya que el CSE a la fecha de cierre del presente, no ha dado a conocer los resultados del escrutinio en cada JRV y peor aún, ni los resultados por departamentos como lo establece el arto. 160 de la Ley Electoral .

3.    La Verificación:

Según el Reporte preliminar del CSE, solamente 1.2 millones de nicaragüenses acudieron a verificarse, reflejando una participación del 33 por ciento de la meta prevista.

El CSE estimó que 3.7 millones de ciudadanos con edad de votar, 16 años a más, participarían en la verificación ciudadana el 25 y 26 de junio.

El resultado del 33 por ciento de verificación ciudadana de cara a las elecciones generales del 2016 fue más baja que la del 2011 cuando, según datos del CSE, la participación alcanzó el 52 por ciento, siendo éste un preludio de la alta abstención del 6 de noviembre.

4.    La inscripción de los candidatos/as
Seis aparentes opciones fueron inscritas para participar por el CSE: el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente (con su dirigencia reconformada según la voluntad de la Corte Suprema de Justicia instrumentalizada por Ortega), la Alianza por la República, el Partido Conservador, la Alianza Liberal Nicaragüense y el FSLN.

En la práctica, más que elección, lo que se realizó el 6 de noviembre fue una ratificación propia de un régimen de partido único en la que los demás participantes no pueden optar más que a algunas diputaciones, que serán escasas para aparentar un contrapeso en la futura configuración política del parlamento nicaragüense y en sus futuras votaciones.

5.    La “campaña electoral”
Prevista a iniciar el 20 de agosto, realmente nunca se supo cuando inició ya que el FSLN siempre ha estado en campaña, valiéndose para ello de los recursos del Estado y llenando de fotos de la pareja presidencial las instituciones del Estado, hospitales, centros de salud e incluso las estaciones de policía, pues ni los candidatos y candidatas por ese partido hicieron publicidad de sus candidaturas.

Una deslucida “campaña” en la que los candidatos de los partidos participantes son parientes entre sí presentándose por una misma opción política, ex funcionarios señalados por cometer graves actos de corrupción y en general, personas sin la proyección política necesaria para representar una opción real de poder buscaron motivar al votante quien permaneció en general, apático. 

Por su parte, el FSLN continuó enfocando sus mensajes publicitarios exclusivamente en sus candidatos a Presidente y Vice Presidenta, funcionando nuevamente en la práctica la prohibición de que otros candidatos y candidatas de dicho partido se proyectaran en la campaña.

La generalizada propaganda en favor del partido de gobierno en las instituciones del Estado violó la prohibición expresa contenida en la Ley Electoral . Ante la inminente llegada de la delegación de la OEA que presenciará las elecciones, la candidata a vicepresidenta por el FSLN, Rosario Murillo ordenó el retiro de la publicidad partidaria que nunca debió ser colocada en las instituciones de gobierno ni escuelas públicas, en una clara confesión del delito tipificado en el artículo 107, párrafos cuarto  y quinto de la Ley No. 331, Ley Electoral.

6.    El fallido Reglamento de “Ética” Electoral.
El CSE de Nicaragua anuló el 9 de agosto de 2016 un reglamento de ética electoral que pretendía violar la libertad de expresión durante la campaña electoral, incluidos los comentarios en redes sociales.

En el reglamento, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de julio pasado el CSE pretendía regular los comentarios que podían hacer periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación y la ciudadanía en los sitios web y redes sociales sobre la campaña electoral.

También prohibía a los partidos políticos, dirigentes y simpatizantes de partidos usar los medios, incluidas las redes sociales, para “hacer demagogia, ridiculizar a los adversarios y desarrollar una propaganda electorera falsa y confrontativa".

Esta reglamentación violatoria de la libertad de expresión provocó fuertes críticas de distintos sectores del país: periodistas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil como el CENIDH, por lo que los magistrados electorales se vieron obligados a dar a conocer un nuevo decreto que anuló el reglamento y dejó sin efectos las medidas previstas.

Según esa normativa, el que violara el reglamento sería castigado con una amonestación, y si reincidía sería castigado con una pena de 30 a 180 días de prisión.

El Reglamento debió ser consultado previamente a los partidos políticos. Sin embargo, en esta ocasión los magistrados electorales enviaron el reglamento para su publicación al Diario Oficial sin esperar los aportes, aval o rechazo de los organizaciones políticas.

El Presidente del CSE sostuvo que la normativa publicada en el Diario Oficial era solo un proyecto emitido por el pleno de magistrados electorales, y al no ser ratificado por los partidos que competirían en los comicios, fue dejado sin efecto.

Nada más lejos de la realidad puesto que el referido reglamento fue publicado incluso en La Gaceta confirmando la decisión de que el mismo rigiera el proceso electoral de 2016.

Al no haber reglamento, la ética electoral sería  regulada en base a lo establecido en la Constitución Política y la Ley Electoral, también de rango constitucional, según el acuerdo del CSE, que dejó sin efecto el cuestionado Reglamento de Ética Electoral.

7.    La boleta única
La decisión de incluir todas las elecciones (Presidente y Vicepresidente, diputados/as nacionales y departamentales y diputados al PARLACEN) en una sola boleta se orientó a colocar a la ciudadanía en la disyuntiva de que si anulaba una de las elecciones podían anular todas las demás al estar marcadas en la misma boleta.

La boleta única también tiende a propiciar el voto en cascada que beneficia al partido de gobierno.

8.    Las renuncias de candidatos
El CENIDH conoció la renuncia de Cristiana Rodríguez Zúniga, candidata para primera diputada propietaria por el Departamento de Carazo  a la candidatura por el Partido Liberal Independiente (PLI).

La renuncia de Rodríguez se dio seis días antes de las votaciones. En su carta, dirigida al Dr. Pedro Reyes, Presidente y representante legal de dicho partido y divulgada en los medios, expresó:
“Al analizar la Ley Electoral (331), nos encontramos que el sistema conformado para estas elecciones de dos mil dieciséis, es completamente contradictorio a dicha ley. Todo el escenario es orquestado por el FSLN. En los CED, CEM , JRV no tenemos miembros y lo mismo sucede con los demás partidos que corren en estas elecciones. ¿Quién va a defender los votos? Nadie, porque no hay fiscales independientes; de donde se deduce que esto es una farsa electoral y que se está manipulando al electorado promoviendo el voto para dar legalidad a lo ilegal.”

Héctor López Hernández también renunció, cuatro días antes de la votación, a su candidatura  a la segunda diputación por el departamento de Boaco, en representación del Partido Liberal Independiente (PLI).

López expresó que se cansó de esperar que los líderes de su partido se presentaran en el departamento para discutir las estrategias de la campaña electoral.

“Nunca se aparecieron, se nota que esto es una farsa electoral y no quiero participar en ella, ni siquiera voy a votar el domingo”, señaló López.

También renunció Juan Daniel Hurtado, quien figuraba como suplente de la primera candidata a diputada Elieth Guerrero.

Hurtado señaló que la campaña de su partido ha sido nula por falta de fondos y coordinación de los dirigentes del partido a nivel nacional.

José Antonio Umanzor, quien figuraba como fiscal departamental del PLI, también hizo pública su renuncia cuatro días antes de la votación, asegurando que el PLI no cuenta con un tendido electoral en el departamento que le permita defender el voto ciudadano. “El tendido electoral del PLI es nulo, los miembros de mesa, la mitad de los presidentes y los miembros que le pertenecían al PLI fueron cedidos por la directiva nacional al Frente Sandinista”, expresó a un medio de comunicación .

9.    El Retiro del Partido Liberal Constitucionalista de las “elecciones” en Nueva Guinea.

En carta fechada un día antes de la votación, el PLC de Nueva Guinea argumentando que no les acreditaron el 100% de los fiscales de las JRV informaron que unánimemente se retiraban:

 “de este injusto y desigual proceso electoral, proceso en el que únicamente el FSLN tiene presencia en todas y cada una de las estructuras de las JRV, ocupando todos los cargos de ésta, y usando los otros espacios de partidos como el PLI, PC, APRE y ALN que ni siquiera presentaron fiscal municipal y representante legal, acreditándose el derecho de presentar personas de tendencia sandinista como fiscales por los partidos antes mencionados….”.

La carta fue suscrita por el Ing. Enrique Téllez Argüello, Presidente del PLC en Nueva Guinea, y otras autoridades de ese partido.

10.    La falta de invitación a los medios independientes y extranjeros

La falta de invitación a los medios independientes y extranjeros para que cubrieran las etapas del “proceso electoral”, desde la convocatoria a la que no fueron invitados hasta la tardía acreditación para aquellos que recibieron finalmente la autorización para dar cobertura a escasas horas del inicio de la votación. La demora en la acreditación también afectó a los medios extranjeros. Radio Restauración y Radio Camoapa no fueron acreditadas para dar cobertura el día de la votación.

11.     La decisión de establecer un solo recinto de votación

En muchas JRVs para que una espera mayor pueda contribuir a sugerir mayor participación del electorado.  Por ello, se observó el 6 de noviembre en las JRVs,, que los y las votantes iban ingresando uno a uno.  A pesar de esta maniobra, las JRVs lucieron vacías en la votación del 6 de noviembre.


V.    EL MONITOREO REALIZADO POR EL CENIDH

Desde su fundación, el CENIDH ha documentado, observado, monitoreado e investigado violaciones de derechos humanos en el contexto de los procesos electorales en Nicaragua, tanto municipales, como regionales y nacionales.  En esta ocasión, conscientes de la  falta de condiciones para la realización de unas verdaderas elecciones conforme los estándares internacionales sobre la materia, decidió realizar un monitoreo cuyo objetivo fue verificar el nivel de participación del electorado y documentar incidencias o hechos de violencia  que pudieran constituir violaciones de derechos humanos antes, durante y en las horas subsiguientes a la votación.

Para  tener  información in situ del primer aspecto, se realizó un monitoreo tanto en Managua como en las filiales de Estelí, Matagalpa y Chontales, mediante recorridos  y visitas a un número representativo de Centros de Votación.  Igualmente se recibieron  reportes de promotores/as de derechos humanos de la Red Padre  César Jerez de diferentes localidades del país.

El monitoreo del CENIDH tuvo como objetivo general, recopilar información para documentar violaciones de derechos humanos, antes, durante las votaciones del 6 de noviembre próximo y en las horas subsiguientes a la votación. 

Resultados del Monitoreo realizado por el CENIDH

Teniendo en cuenta su experiencia en procesos anteriores, el CENIDH realizó una labor de monitoreo de este proceso electoral. Paralelamente se realizó un monitoreo de las noticias brindadas por la televisión, radio, prensa y redes digitales así como visitas a los Centros de Votación tanto en la ciudad de Managua como en Estelí, Matagalpa y Chontales tanto del equipo del CENIDH como de la Red de Promotores y Promotoras Padre César Jerez.

Monitoreo de medios
Se realizó un amplio monitoreo a las radios, canales de televisión, medios de prensa escritos y en las redes sociales.


En el día previo a la votación, el monitoreo de medios reveló que el Sr. Carlos William Calderón Olivas, de Radio Naranjo en Waslala informó en las redes que alrededor de 12 policías llegaron esa noche obligándole a abrirles la puerta ya que buscaban un comunicado donde se llamaba a una marcha en Waslala, para el día de las votaciones.Registraron y al no encontrar nada le pidieron disculpas.

La noche del 5 de noviembre, la Policía llegó dos veces a la vivienda de Doña Casta Tijerino, campesina de Tolesmaida, conocida por su oposición a la construcción del Canal Interoceánico, en un claro acto de intimidación

Los medios independientes monitoreados coincidieron en informar:
•    Poca participación / elevada abstención de la ciudadanía

•    Utilización de los recursos de las instituciones públicas para favorecer al partido de gobierno.

•    Presiones indebidas para que becarios de la UNAN León enviaran foto con evidencias de haber votado y el número de la boleta a una página que les orientaron.

•    Miembros de las Juntas orientando votar en la casilla 2 correspondiente al FSLN.

•    Traslado por parte de miembros del F.S.L.N. de personas a los centros de votación, particularmente a las personas de la tercera edad, discapacitados y otros.

•    Visita de simpatizantes o miembros del FSLN casa a casa haciendo reiterados llamados a votar

•    Propaganda política en algunas JRV

•    Negativa de acreditación de 232 fiscales del PLC en Chontales.

•    Cierre de las JRV más allá de la hora prevista en la Ley, aun cuando no había personas en fila para votar.

•    Los medios oficialistas reportaron que a partir de las 6 de la mañana se inició el acto de constitución de la Junta Receptoras de Votos (JRV). Para éstos el proceso se dio en orden y transparencia.  Las fotografías publicadas por estos medios reflejaron a algunos ciudadanos esperando ejercer su derecho al voto, sin embargo lo que se aprecia en las mismas como máximo son entre 10-15 personas, evitando en algunos casos hacer tomas del ambiente en los Centros de Votación y limitándose a cubrir el área de ingreso a la JRV. La cobertura de estos medios se orientó a mostrar a personalidades del gobierno, funcionarios públicos, algunos partidos políticos, representantes de las  iglesias y deportistas nacionales votando. La información se centró en elogiar el proceso y en invitar de forma reiterada a la ciudadanía para que fuera a votar. De igual forma, a presentar como ejemplos a personas con discapacidad y adultos mayores que votaron. 

•    También presentaron a delegaciones de “acompañantes” del proceso electoral integradas por expertos de Chile, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela, Puerto Rico y a cinco ex presidentes: Alvaro Colom, Fernando Lugo, Manuel Zelaya,  Vinicio Cerezo y Mauricio Funes (asilado en Managua ante un proceso por presuntos actos de corrupción durante su administración que se ventila en su contra, en su país).

•    No se identificó noticias que dieran cuenta de hechos de violencia ocurridos en Managua.  

•    Los medios Confidencial, La Prensa y redes sociales reportaron poca presencia de ciudadanos en los centros de votación, acompañando imágenes que confirman lo anterior. 

•    Juntas Receptoras de votos en la mayoría de los departamentos estuvieron prácticamente vacías, agravando una tendencia que se vio en la capital.

•    En Bilwi los cambios del padrón electoral confundieron a los votantes y no les permitieron votar donde siempre antes habían votado.

•    En Puerto Príncipe, la Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil dio declaraciones sobre denuncias que serían compartidas en la conferencia de prensa, entre ellas que buses serían utilizados para trasladar a personas para ir a votar.

•    Hagamos Democracia en conjunto del Consorcio Panorama Electoral recordó la falta de acreditación de parte del CSE aun cuando la solicitaron desde el mes de junio. También señalaron situaciones de intimidación y acoso en algunos departamentos, propaganda del secretario político de Kukra Hill que instó a votar por el partido de Gobierno y  concurrencia moderada o escasa.

Se monitoreo publicaciones en los medios, desde el mes de enero del corriente referidas al contexto electoral y la información fue analizada para fines propios de nuestra misión.

Monitoreo in situ
Para realizar el monitoreo en los Centros de Votación en el día 6 de noviembre se conformaron cinco equipos, dos en la sede y uno por cada una de las filiales. El monitoreo se realizó en una muestra representativa de Centros de Votación, durante  doce horas continuas, e incluyó actividades previas a la elección, durante y posterior a la votación y un monitoreo del comportamiento de la Policía Nacional y el Ejército en el contexto electoral.  El detalle de los CV visitados puede ser consultado en el CENIDH.


La sede reportó escasa afluencia de votantes en los centros de votación a lo largo de toda la jornada. No reportó dificultades para ingresar a los Centros de Votación. De igual forma, reportó que personas que no estaban cumpliendo un rol propio de la jornada electoral tomaban fotos de los miembros del equipo del CENIDH y se acercaban a escuchar cuando éstos eran abordados por los medios de comunicación presentes.

La filial de Matagalpa reportó que la presencia de votantes fue escasa. También que hubo Centros de Votación que no cerraron a la hora debida aun cuando no había personas esperando para votar. En Santa María de Pantasma, en horas de la tarde a personas allegadas al partido de gobierno se les estaban entregando dos boletas para que votaran doble. En horas de la tarde, los miembros de las Juntas se encontraban fuera de las mismas debido a la poca afluencia de votantes.

La filial de Chontales reportó que la presencia de votantes fue tan escasa que en algunas juntas en las áreas rurales solo votaron los miembros de la mesa. A las 11 am, cuando confirmó el partido de gobierno la poca presencia de votantes inició recorridos en vehículos de uso oficial para  visitar a los beneficiarios de programas sociales y empleados públicos para coaccionarles para que votaran. En las JRVs donde hubo escasa presencia de votantes no colocaron el cartel y en otras se confirmó la violación de la disposición según la cual en las JRVs el padrón debe ser de un máximo de 400 electores/as, ya que el padrón en general era de 800 electores/as en las Juntas de Juigalpa.

La filial de Estelí reportó que en general observó poquísima afluencia de votantes, mayoritariamente la presencia es de miembros de mesas electorales y funcionarios de Gobierno. Trabajadores del Estado que pidieron no fuera revelada su identidad, comentaron que les obligaron a votar a más tardar a las 10:00 am bajo advertencia de perder su trabajo, igualmente que votaran temprano y no se fueran a sus casas, sino que se quedarán en el centro de votación para que se viera bastante población.

A escasos 10 mts. del Centro de Salud Eduardo Selva se encontraba propaganda electoral a favor de la pareja presidencial, esto es constitutivo de delito electoral, enfrente de este centro de votación se encontraba un grupo de militantes del FSLN; entre ellos funcionarios de gobierno en aparente vigilancia ante posibles incidencias.

En su recorrido, miembros de la filial visitaron la Escuela Marvin Aben, Centro de Salud Oscar Gámez, Escuela Padre Fabretto, Estos tres centros de votación estaban cerrados a la hora del recorrido, aparentemente no abrieron del todo.

Reportes provenientes de miembros de la Red Padre César Jerez
El día domingo 6 de noviembre los promotores y promotoras de la Red Padre César Jerez de los municipios de Chichigalpa, Malpaisillo y Jinotepe, reportaron lo siguiente:

Chichigalpa: En algunas JRV hay personas que salen  dos veces en el padrón en juntas diferentes.

Malpaisillo: Las JRV están vacías, situación generalizada que evidencia que  la gente no está saliendo a votar.

Jinotepe: El doctor Owyn Hodgson denunció que en la JRV 0230 en el colegio San José ejerció su derecho al voto y que un miembro de la mesa, violando el secreto del voto, apuntó su nombre en la parte de atrás de la boleta de votaciones.

Jinotepe – Dulce Nombre: Confirmaron los promotores y promotoras que en casi todas las JRVs hay personas de la misma familia en los puestos de mesa, y no están capacitados para brindar la explicación adecuada para el ejercicio del voto. Por otra parte, miembros del FSLN andan casa por casa con microbuses buscando a las personas para que vayan a votar.

Había orden de cerrar las urnas en La Paz Centro hasta las 8 de la noche, contraviniendo la disposición de ley que ordena cerrar a las 6 pm si no hay personas en fila.

Ometepe – comunidad Esquipulas: La Policía anduvo rodeando toda la comunidad, también hubo presencia de antimotines.

Ese mismo día por la tarde, miembros del FSLN anduvieron buscando a las personas que habían sido beneficiadas con el Plan Techo para que fueran a votar.

En Terrabona, Matagalpa, un promotor de la comunidad de Ojo de Agua reportan que no hay personas en las JRV. Refiere que los únicos que están son quienes están trabajando en las juntas.

Se recibió reporte de promotora de Santa María de Pantasma, Jinotega,  quien informo que la participación en su JRV 003 es mínima, en el lapso de media hora solo pudo observar 3 votantes, que no hay filas. En la ciudad están circulando vehículos del Ejército y agentes policiales.

En Santa María de Pantasma, se reportó que en JRV en esa localidad a personas allegadas al partido de gobierno se les estaban entregando hasta dos boletas.

La promotora además refirió que la JRV 003 a las 6:20 de la tarde no había cerrado porque operadores del partido de gobierno andaban buscando votantes. 

A las 9:50:00 a.m.  el Promotor Francisco Miguel Vargas se encontraba en una  JRV tomando fotografías para documentar el abstencionismo, ahí estaban también 3 militares uniformados del Ejército, quienes  al observar el promotor en su acción se fueron directo a él, lo rodearon, empezaron a intimidarlo y le reclamaron por qué estaba tomando fotos, el promotor les contestó que estaba tomando fotos a la población y no a ellos, un militar le contestó: " el respeto al derecho ajeno es la paz", posteriormente el promotor decidió retirarse del lugar por temor.

La filial de Estelí mantuvo comunicación permanente con los miembros de la Red. Reportaron que las JRV lucían vacías o con una mínima afluencia de votantes, pero sin que se registraran mayores incidentes.

En horas de la tarde, los promotores/as de Palacagüïna, San Lucas, San Juan de Limay y Las Sabanas que las JRV donde hicieron monitoreo estaban vacías, poca afluencia de la población, solamente presencia de los miembros de Juntas. En el caso de San Lucas el promotor reportó militarización en algunas comunidades.

Promotores de Estelí reportaron que a los empleados del gobierno se les obligó a votar antes de las 10:00 am requiriéndoles que permanecieran en los Centros de Votación luego de votar a fin de que los mismos lucieran con gente.

•    En Nueva Guinea, en  todos los centros de votación,  no estaban los seis fiscales que debían estar, solamente están o la mitad o menos incluso y la mayoría son del FSLN. 

En la zona # 7 de Nueva Guinea, hay personas que toda su vida han votado en el centro Rigoberto Cabezas y ahora les dicen que no aparecen en el Padrón de dicho CV.

•    En Juigalpa ya empezó el pastoreo con lista en mano por parte del FSLN para llevar a la gente a votar. Información de que la camioneta de la Alcaldesa buscaba a las personas para que fueran a votar.

•    Simpatizantes del FSLN andan diciendo a los votantes que van a dar cocinas, colchones, vacas, chanchos, según se informó en un canal local de Tecolostote.

•    Que líderes del partido de gobierno amenazaban con suspender las ayudas a beneficiarios de los programas de gobierno que no han ido a votar y a los ciudadanos que no se les ha dado les andan prometiendo beneficios con tal que vayan a votar.

•    En Santo Tomás, muy poca afluencia de votantes.

•    En Las Colonias, los campesinos llegaron y al no ver fiscales del PLC se fueron y no votaron.

•    En el Gimnasio Municipal a los que conocen como liberales no los dejan pasar, no los están dejando votar.

•    En Nueva Guinea, en la zona urbana, sacan a las personas que esperaban los resultados de las juntas y cierran los portones. Uno de ellos afirmó que los miembros de la JRV estaban llenando las boletas y porque él estaba observando lo llegaron a sacar.

•    En el Maquengue, Nueva Guinea, votaron 59 personas. El FSLN sacó 12 y el PLC 37

•    En El Rama, familias que se conoce son liberales no aparecieron en ningún padrón electoral.

•    En La Fonseca hubo tensión porque la población no dejaba salir los camiones debido a que los encargados de las JRV no querían colocar los resultados del escrutinio

•    En Juigalpa, en muchas de las JRV se reportó que estaban rompiendo los carteles con el resultado de las actas de escrutinio que se tienen que dejar colocadas a la salida de las JRV.


Principales incidentes registrados

1.    En la comarca Salvadorita, en Puerto Príncipe, Nueva Guinea, la mañana del 6 de noviembre, cerca de 50 hombres llegaron a la Junta 561 y otras de ese Centro y aprovechando que no había presencia policial quemaron todo el material electoral.

Testigos aseveraron que el grupo tenía machetes, palos y algunos con armas de fuego. Presidente y fiscales abandonaron el lugar.

2.    En horas de la mañana del 6 de noviembre se recibió llamada de Noel Vallecillo, ex concejal en Rancho Grande y actualmente miembro de Ciudadanos por la Libertad, quien denunció que desde el 3 de noviembre ha recibido amenazas por parte de agentes de policía de Rancho Grande los cuales manifiestan que tienen información que él y un grupo de personas pretenden quemar un centro de votación (JRV 850 Santa María en la comunidad La Cuyuca).

3.    Representantes del MRS reportaron  hostigamiento de parte de la Policía al rodearles en una casa ubicada Frente a escuela María Llanes donde ellos están reconcentrados y donde los oficiales tomaron fotos a las personas que se encontraban en dicho lugar, al reclamarles a los oficiales de policía negaron su actuación, se retiraron de la acera de la casa donde estaban, no así del sector.

4.    La filial de Estelí reportó que mientras transcurría la votación, tres personas: José Nahúm Mendoza, hermano de la Sra. Imelda Mendoza Arriola Vice Alcaldesa de Ciudad Antigua,  del Partido Liberal Independiente; Margarito Mendoza y Miguel López fueron privados de la vida en una comunidad de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, presuntamente por tropas del Ejército de Nicaragua. La Policía emitió un comunicado en el que señaló que las muertes ocurrieron en el contexto de una  transacción de supuestos narcotraficantes hondureños, que identificó como Melvin Paguaga y Pablo David Osuna.  El CENIDH condenó este grave hecho de violencia y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva de los hechos y castigo de los responsables. Así mismo, se solicitó protección policial para los familiares de las víctimas que temen por sus vidas e integridad física.

Al menos dos de las personas fallecidas, según informaron sus familiares y vecinos del lugar, se habían refugiado en la montaña huyendo de la persecución política posterior a la demanda por la entrega de las cédulas en la que participaron en 2012.

Pobladores brindaron su testimonio al CENIDH afirmando que las detonaciones se escucharon a las 9 am y que al mediodía vieron a efectivos del Ejército de Nicaragua bajando del cerro. La Policía emitió un comunicado en el que responsabiliza de dichas muertes a un grupo de narcotraficantes hondureños e identifica a los occisos como integrantes de dicha agrupación que acababan de realizar una transacción. El hecho presenta las características de una ejecución sumaria cuyas circunstancias corresponde a las autoridades esclarecer y sancionar debidamente.

El CENIDH condena este grave hecho de violencia y exige a las autoridades una investigación exhaustiva y castigo de los responsables, todo lo cual debe ser dado a conocer  a la opinión pública nacional e internacional. En los próximos días el CENIDH dará a conocer un Informe sobre estos hechos

5.    15 Policías electorales fueron ingresados al Centro de Salud de Condega intoxicados aparentemente a través de ingesta de alimentos, aún no se sabe quién o quienes les proporcionaron dichos alimentos, tampoco si se ha abierto una investigación objetiva

6.    En horas de la tarde recibimos la denuncia de la Dra. Ana María Pizarro defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien informó que su hijo Pedro Pizarro fue detenido alrededor de las cinco de la tarde mientras la acompañaba a una de las JRV de la Universidad Centroamericana, en Managua. El incidente se dio cuando ella intentó tomar fotografías del padrón donde debía aparecer su nombre, lo que motivó que una policía electoral la tomara del brazo e intentara quitarle su celular. En vista que su hijo le reclamó a la policía por el trato a su mamá, otros policías les rodearon, agredieron físicamente a Pedro tirándole al suelo,  haciéndole una llave en el cuello y llevándole detenido a la Estación 1 de la Policía Nacional. Un equipo del CENIDH se presentó a la Estación de policía para documentar el caso y gestionar su libertad, la que fue ordenada cuando el equipo, su madre y el dirigente político Eliseo Núñez se presentaron al sitio.

7.    Nancy Henríquez, Presidente y representante del Partido Yatama denunció telefónicamente al CENIDH que las autoridades electorales no permitieron que los fiscales de ese partido vieran las actas en el centro de cómputo de Managua, donde sospechan podrían “desaparecer” sus votos. Afirmó que Yatama ganó en Waspam, Puerto Cabezas, Prinzapolka, y recibieron los votos suficientes de Rosita, Siuna, Bonanza pero que el CSE estaba alterando los resultados al afirmar que solamente habían recibido el 2 por ciento de los votos.  En protesta, Yatama convocó a una marcha para la tarde del 7 de noviembre. La marcha en Bilwi, cabecera departamental de la Región Autónoma del Caribe Norte  se tornó violenta cuando las radios locales anunciaron que el partido de gobierno invitaba a una contramarcha para celebrar la victoria del FSLN. El encuentro de ambas marchas provocó el caos, actos de vandalismo e incluso el parque se convirtió en un campo de batalla. Oficiales de la Policía y manifestantes se enfrentaron hasta el anochecer.

Al menos 19 personas resultaron heridas en el enfrentamiento, según informaron fuentes extraoficiales del Hospital Nuevo Amanecer al Diario La Prensa . Se ocasionaron daños en las oficinas del Consejo Regional, fueron quemadas dos motos y dañadas otras dos; resultaron destruidas computadoras y se registraron daños en la propiedad y actos de saqueo de viviendas.

El martes 8 de noviembre, en Bilwi la policía reforzó con 150 miembros de las tropas especiales, aproximadamente,  la ciudad; mientras efectivos del Ejército resguardan el aeropuerto. Por orientaciones superiores en la Policía del Caribe Norte, no se permitió el acceso a periodistas en la delegación.

En los disturbios, la Policía procedió a detener a 42 personas, entre ellas seis mujeres y la mayoría jóvenes, sin brindar información sobre las detenciones ni las personas que resultaron lesionadas en los incidentes. Todos fueron puestos en libertad en horas de la noche del 9 de noviembre, diciéndoles que el Presidente Ortega lo había ordenado y les daba una segunda oportunidad.

VI.    CONCLUSIONES

•    Las “elecciones nacionales” de 2016 confirman la necesidad urgente de reformar  una legislación electoral violatoria de los derechos humanos ya que no garantiza la libre competencia por el poder en igualdad de condiciones. Las votaciones recientes confirman también la necesidad de independencia del C.S.E. para organizar y desarrollar elecciones transparentes cuyos resultados sean creíbles y las maniobras realizadas por el partido de gobierno como fueron: la exclusión de la principal fuerza de oposición que participaría, la escasa fiscalización,  la clara alteración de los resultados de la votación para reducir un alto índice de abstencionismo sin precedente respecto de procesos anteriores así como la negativa de invitar oportunamente a observadores independientes y permitirles realizar su labor, condujeron a que el proceso electoral de noviembre derivara en una violación masiva del derecho de los y las nicaragüenses a elegir su gobierno y su destino como nación.

•    La asignación de recursos millonarios para semejante despropósito debe ser objeto de una investigación que atribuya las responsabilidades del caso y en base a lo establecido en la propia Constitución, el Estado debería repetir contra los funcionarios a cargo de este proceso y otros con responsabilidades concretas en el mismo, a fin de que respondan con su propio patrimonio resarciendo al erario público las cantidades despilfarradas.

•    En esta elección estaba más que claro que los candidatos de los seis partidos presentados como oposición no tenían posibilidades reales de resultar elegidos. Por ello, un sector importante de la población se pronunció afirmando que se abstendría de votar en señal de protesta. El CSE procedió entonces a alterar los resultados, esta vez para ocultar la abstención. Sin embargo, los Centros de Votación lucieron vacíos o con muy poca afluencia de votantes según el CENIDH, la Red de Promotores y Promotoras Padre César Jerez y periodistas independientes pudieron verificar, son prueba de una altísima abstención.

•    Por el número de  JRV visitadas, afluencia de personas para votar y  resmas de boletas sin usar, se puede afirmar, como lo afirmamos en nuestro comunicado preliminar del 6 de noviembre, que hubo una  notable ausencia de votantes. Como dato concreto, en algunas JRV había  más  funcionarios electorales (policías electorales, fiscales y procuradores electorales) que electores.

•    Si bien es cierto, la poca transparencia del CSE no permite construir una estadística acerca de la abstención, la población no tiene duda que la misma fue muy elevada porque quien no votó lo sabe y porque también se sabe quiénes a nuestro alrededor no votaron ya que no tienen la señal que deja la tinta indeleble. De tal forma que la convicción social sobre la alta abstención en los comicios de noviembre es inevitable y ya ha tenido un importante significado respecto de la falta de legitimidad de todas las futuras autoridades que serán proclamadas y puesta en posesión de sus cargos tras los resultados que dio a conocer el CSE.

Con el 99.8 % de los votos escrutados, los únicos resultados que ha publicado la página del C.S.E. son la sumatoria dada a conocer en la conferencia de prensa presidida por Roberto Rivas argumentando: ““Voy a dar la sumatoria, no queremos generar especulaciones sin sentido: todavía nos falta un 0.2% de Juntas Receptoras por recibir y esto tiene mucho que ver con el sistema de asignación de escaños establecido en la legislatura en materia electoral” aclaró el Magistrado Presidente”.

•    Otra vez, el CSE se niega a publicar los resultados Junta por Junta y Centro por Centro de Votación y los resultados por Departamento, los que deberían estar a disposición de la población en la Web de la institución y publicados en otros medios escritos como lo manda la Ley, pero dicho sitio solamente contiene la nota de prensa antes señalada.

•    En conclusión, Daniel Ortega logró en unas “elecciones” no competitivas, un tercer periodo de gobierno (2017-2021) acompañado de Rosario Murillo, su esposa, como Vice Presidenta. Para ello, el CSE, poder del Estado sometido a su proyecto personal de poder le asignó un 72.5% de los votos considerados válidos, pudiéndose prever que la conformación del Legislativo será más digna de un régimen de partido único que de un parlamento plural aunque se mantenga un mínimo espacio para expresiones de otras tendencias que no representarán ningún impedimento para que el FSLN determine el proceso de formación de la ley.

•    El CENIDH, como organización de la sociedad civil que defiende y promueve los derechos humanos con una visión integral, considera que las denominadas elecciones nacionales de 2016 no fueron más que una formalidad  vacía de contenido, ya que no cumplieron con los estándares internacionales de la materia.

•    La falta de transparencia del CSE y la clara alteración de los resultados al reportar una abstención del 31.8%, muy por debajo de la realidad observada, es una prueba más que el sistema y la autoridad electoral no garantizan el respeto a la voluntad popular.

•    En consecuencia, la fallida elección realizada el 6 de noviembre no proporcionará ninguna legitimidad ni apariencia de legitimidad a quienes se proclamará como electos/as.

¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!
Managua, 11 de noviembre del 2016



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