PRONUNCIAMIENTO

Desde hace ya algún tiempo, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, señor Michel Forst, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Coalición contra la Impunidad en Honduras, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Protección Internacional (PI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) decidieron convocar a una consulta regional  “La impunidad y su impacto en la situación de defensores y defensoras de derechos humanos: propuestas para combatirla” que se celebraría en Managua, el día 24 de agosto, así mismo, se incluirían otras sesiones de trabajo con el Relator.

Esta consulta regional, buscaba especialmente conocer los factores que propician la impunidad de los delitos que afectan a los y las defensoras de derechos humanos y analizar si las acciones de protección y mecanismos implementados en los países centroamericanos contemplan medidas para combatir la impunidad en este tipo de delitos

A inicios de esta semana, recibimos una comunicación de la Oficina del Relator donde nos informa que el Sistema de Naciones Unidas – tomando en cuenta el deterioro de la situación y el ambiente en nuestro país, así como advertencias recibidas de diversas instancias – no está en capacidad de mantener la consulta en Nicaragua porque se considera que no existe el clima necesario para este tipo de actividad.

De igual forma, señalan que los servicios de seguridad del Sistema de Naciones Unidas no puede darle el visto bueno a la visita porque no puede garantizar la seguridad del Relator.

Este hecho refleja la imagen de inseguridad que se está generando alrededor de nuestro país pese a que el gobierno pretende proyectar como el más seguro de la región; clima de inseguridad que no ayuda en nada a la inversión y cooperación internacional, a los lazos entre pueblos latinoamericanos y a la atracción turística de Nicaragua

Responsabilizamos al Gobierno y a las instituciones del Estado de este clima de incertidumbre creado con la expulsión o detención arbitrarias de defensores de derechos humanos, periodistas, religiosos, investigadores, diputados de otros países, funcionarios internacionales y ciudadanos de otros países.

Responsabilizamos a Daniel Ortega y a su grupo de impedir la labor de las y los defensores de derechos humanos, criminalizando su actuación y creando un clima de intolerancia, irrespeto y violencia.

Nos comprometemos a no deponer nuestra lucha y a continuar la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los nicaragüenses.