El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó  “Derechos Humanos en Nicaragua. Informe 2015”, ante medios de comunicación, Embajadores del Cuerpo Diplomáticos, Representantes de Organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. La Exposición estuvo a cargo del Director Ejecutivo, Dr. Mauro Ampié. A continuación, la intervención de presentación del Informe.      

Presentamos hoy el resultado del trabajo del equipo del CENIDH que identifica, a partir de la experiencia en los casos que se acompañan, los principales problemas  que enfrenta el país en materia de derechos humanos, buscando al divulgar incidir ante las autoridades y la opinión pública en favor de que las causas que provocan esta situación sean atendidas debidamente por las autoridades.

Oportunamente, como todos los años, solicitamos a las autoridades policiales y de gobernación, información en materia de incidencia delictiva, situación penitenciaria y otra información pertinente para elaborar este Informe, sin embargo no nos fue proporcionada lo que constituye una violación al derecho que como defensores y defensoras tenemos de acceder  a información pública.

En el año 2015 y en los primeros meses de 2016, el CENIDH confirmó que escalaron en número y en gravedad las violaciones de derechos humanos y se profundizó la impunidad en Nicaragua. Este deterioro en buena medida, obedece a un diseño político que se orienta a la permanencia de un gobierno autoritario.    

Confirmamos cómo en reiteradas oportunidades el gobierno, por medio de la Policía, el Ejército y las fuerzas para estatales, se valió de la violencia, ante la demanda de distintos sectores de la población: en el caso de la  industria extractiva, como ocurrió en la Mina El Limón, en el contexto de la demanda de las personas afectadas por la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), en Chichigalpa y en contra del proyecto del Canal Interoceánico. También se respondió con violencia estatal ante otras demandas por la falta de transparencia electoral, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.  

Tenemos un Poder Legislativo dominado por una amplia mayoría de diputados del partido de gobierno, que en general se limita a dar forma legal a las actuaciones de hecho del Presidente Daniel Ortega. La más polémica de las leyes aprobadas en 2015 fue sin duda la Ley de Seguridad Soberana. Como otras leyes, los diputados del F.S.L.N se opusieron a que fueran consultadas organizaciones de la sociedad civil por la Comisión parlamentaria correspondiente y solamente invitaron a representantes de instituciones del Estado involucradas en la ejecución de dicha ley y al COSEP.

En dicha Ley, se desnaturalizó al Ejército dotándole de un rol de espionaje que interviene en la cotidianeidad de la vida social, con el pretexto de identificar riesgos y amenazas a la seguridad. El margen para calificar una conducta como una amenaza para la seguridad  es amplio y favorece la discrecionalidad, por lo que miembros del equipo del CENIDH interpusieron un recurso por inconstitucionalidad.

Un número importante de las 32 leyes aprobadas en 2015 tienen implicancias en el sector económico (12) y se resalta éste como un logro de la alianza del gobierno con el sector privado.

La consulta del Legislativo a los representantes del gran empresariado y el patrón de excluir a importantes sectores sociales con un criterio distinto del oficial, se confirmó durante el 2015 y en materias como la tributaria y la tarifa de energía tal corporativismo va en detrimento de la justicia social y del respeto de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad. Más aún si tenemos en cuenta que el modelo económico no se orienta a alcanzar el desarrollo con equidad, sino a ampliar la desigualdad económica y social.

El debilitamiento institucional de la Policía ha afectado el profesionalismo, la imparcialidad y la apoliticidad de sus integrantes y el de la institución misma, que hoy se identifica abiertamente con símbolos partidarios, participa en actividades partidarias, no trata a todos los ciudadanos por igual y reprime a la ciudadanía que defiende sus derechos y a los opositores al régimen.

La más denunciada por incurrir en violaciones de derechos humanos en el 2015 fue la Policía en 568 casos. En el 79% del total de los casos se confirmó la violación alegada.  La gravedad de las denuncias contra dicha institución se elevó así como el porcentaje de comprobación. Otras autoridades denunciadas fueron los tribunales de justicia, el Ministerio Público y el Ejército de Nicaragua.

Los derechos más lesionados fueron la seguridad jurídica, la integridad física, el acceso a la justicia, las garantías del debido proceso, la libertad individual y la propiedad.

No se conoce cuántos policías fueron dados de baja, sancionados administrativamente o puestos a la orden de la justicia, debido a que la institución no publica esta información. El CENIDH, como en años anteriores, ha solicitado dicha información a las autoridades, pero al día de hoy, la opacidad se ha impuesto nuevamente.

Los derechos civiles y políticos continuaron su deterioro durante el 2015. Las muertes de ex miembros de la Resistencia nicaragüense en hechos en los que participa el Ejército y la Policía, sin investigar; los asaltos que tienen como consecuencia la pérdida de vidas, atentados contra la integridad física que provienen de particulares e incluso de autoridades policiales o fuerzas de choque pro gubernamentales como los ocurridos en las Protestas de los Miércoles contra el CSE, seguramente influyen en que dicha percepción de deterioro aumente.

Recordemos que el año 2015 inició con un hecho de violencia extrema: el estallido el 20 de enero de una mochila bomba en la comunidad de Pantasma, Jinotega, en el que se presume la participación del Ejército de Nicaragua porque los hechos tienen las características de una operación de inteligencia militar similar a otras ocurridas anteriormente[1]. En Pantasma murieron tres personas, dos de ellas desconocidas. Dos cuerpos fueron encontrados desintegrados a consecuencia del estallido y Modesto Duarte Altamirano, de 62 años, según denunciaron sus familiares, fue torturado y luego ejecutado por militares que entraron al sitio, justo después del estallido.

Han transcurrido ya dieciséis meses desde este atentado criminal y no se conoce ninguna investigación emprendida por la autoridad militar, policial o judicial que permita esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades individuales correspondientes. La seguridad en el campo ha continuado deteriorándose producto de la existencia de grupos rearmados a los que las autoridades atribuyen carácter delincuencial y de la respuesta militar que se está brindando, la que no se corresponde con la persecución del delito común.

En distintos hechos de violencia asociados a la existencia de dichos grupos durante 2015 murieron miembros del Ejército, de la Policía y los propios rearmados, sin que las autoridades realicen investigaciones independientes que esclarezcan lo sucedido ni se atiendan las causas que están provocando este fenómeno que está ocasionando un deterioro importante de la seguridad en el campo.

El 11 de julio de 2015, miembros de la Policía Nacional masacraron a una familia de nicaragüenses inocentes que volvía a su casa luego de asistir a un culto religioso en la comarca “Las Jaguitas”, en Managua. Según afirmaron las autoridades, los policías apostados en el sitio supuestamente confundieron el vehículo en que viajaba la familia con otro en el que se movilizarían unos narcotraficantes.

Veintidós días después, en el barrio Nueva Jerusalem, en Ciudad Sandino, miembros de una patrulla policial abrieron fuego contra Yader Vásquez y Denis Ruíz, que viajaban en una motocicleta. Las víctimas sobrevivieron a los disparos que realizaron los policías al presuntamente confundirles con unos asaltantes.  En el caso de los jóvenes de Ciudad Sandino, la Policía buscó arreglos con los sobrevivientes, cuyos términos no fueron del conocimiento público, así como tampoco se conoce si los oficiales que participaron fueron debidamente sancionados.

La Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) continuó siendo señalada por denuncias de tortura: Francisco Ponce Sanarrusia, apareció ahorcado de los barrotes de la celda con una camisa manga larga. La familia alegó que su hijo era incapaz de cometer suicidio. Ponce estaba siendo investigado por su presunta participación en el asesinato del oficial del Ejército, Rafael Delgadillo Mora. Con el afán de demostrar que Ponce efectivamente había cometido suicidio, la Policía exhibió fotografías impropias de ser publicadas que significaron un escarnio para los familiares y no resultaron para nada esclarecedoras respecto a desestimar responsabilidad de las autoridades.

Las situaciones abordadas en el Informe que hoy publicamos refieren la muerte de 64 personas que murieron violentamente, incluidas las autoridades que cayeron en cumplimiento del deber. Las denuncias incluyen casos de abuso policial y del Ejército, muertes en celdas preventivas, en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, muertes por violencia política, operativos combinados de la policía y el Ejército y muertes por conflictos de propiedad. A esas muertes hay que agregar los 53 femicidios ocurridos en 2015 lo que eleva la cifra a 117 muertes evidenciando los fatales resultados del espiral de violencia que enfrentamos.

En relación a la libertad de expresión, existe un duopolio en manos del empresario Ángel González y la familia presidencial Ortega-Murillo, que ha contribuido a que la situación de deterioro respecto de este derecho se agudice y que cada vez sea más difícil que opiniones críticas de la gestión de gobierno se expresen, para mantener el predominio del engañoso discurso oficial.

El derecho de manifestación continuó durante 2015 sufriendo restricciones y quienes lo ejercieron fueron víctimas de represión y agresión por las fuerzas de choque. La ciudadanía, que se manifestó el 8 de julio del 2015 para demandar elecciones libres y transparentes así como la renovación de todo el CSE, fue agredida por la Policía, la que provocó lesiones a casi una veintena de participantes, entre los cuales había diputados ante la Asamblea Nacional y diputados ante el Parlamento Centroamericano.

Durante 2015 continuaron realizándose concurridas marchas contra el Canal Interoceánico. La más numerosa de ellas, en la que miles de campesinos viajaron a Managua con la intención de llegar ante la Asamblea Nacional fue obstaculizada por las autoridades de todas las formas imaginables. A pesar de los obstáculos, los campesinos lograron llegar a Managua y dar un ejemplo de civismo, sin ceder ante las provocaciones de sectores afines al gobierno que incitaban a la violencia. Al concluir la marcha, jóvenes que permanecían en la rotonda de Bello Horizonte fueron agredidos brutalmente por las fuerzas de choque pro gubernamentales, que incluso dispararon armas de fuego. Un cordón policial les permitió el paso minutos antes, para que consumaran la agresión.

El pasado 6 de mayo, finalmente el Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones con seis meses de demora respecto de anteriores convocatorias. Confirmándose el patrón de la discriminación, al acto oficial de convocatoria no fueron invitados los Presidentes de los Consejos Electorales Departamentales pertenecientes al Partido Liberal Independiente (PLI), y tampoco se permitió la presencia de los medios de comunicación independientes. Dos días después, el 8 de mayo, el C.S.E. dio a conocer el Calendario Electoral y se apresuró a publicarlo en La Gaceta. No obstante, la Coalición Nacional por la Democracia encabezada por el PLI presentó el 9 de mayo propuestas de cambios al calendario electoral, el que consideran está diseñado para no respetar el voto popular. Estos tres hechos marcaron el inicio de un proceso que como sus antecesores, se avizora desde ya opacado por irregularidades importantes y por la falta de garantías de la transparencia del mismo.

Las maniobras de éste órgano que tiende reiteradamente a favorecer al partido de gobierno también se observan en el caso del PLI con la actuación coordinada del C.S.E. y la C.S.J. El CSE convocó al PLI y a las tres facciones para presentarles el calendario electoral lo que contradice la decisión que tomó en 2009 cuando otorgó la personalidad del PLI a Eduardo Montealegre a través de Indalecio Rodríguez como representante legal de esa organización política.

Esta es una clara amenaza para la actual dirigencia del PLI y un intento de exclusión de cara a las próximas elecciones. La Corte Suprema ha retomado un litigio sobre el cual el C.S.E. ya se había pronunciado. Lo anterior podría significar que la representación del PLI pase a otras manos y por lo tanto, sean otras las candidaturas que se inscriban con el consiguiente daño a la primera fuerza de oposición en el país y sus aliados.

Durante 2015 no se dio la necesaria renovación en el CSE y por el contrario, magistraturas vacantes fueron llenadas por personas que militan activamente en el partido de gobierno. Con estas elecciones la Asamblea Nacional volvió a violar el procedimiento constitucional, según el cual propietarios y suplentes del C.S.E se eligen de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. En la práctica, el Presidente no propuso listas para las vacantes sino solamente una candidata por cada cargo y los 63 diputados procedieron a elegir a ambas sin elegir a ninguno de los candidatos propuestos por la Coalición Nacional por la Democracia que aglutina a diferentes partidos de oposición.

Sin duda, estos cambios cosméticos no contribuirán a proporcionar ninguna certeza de respeto al voto popular y por lo tanto, a la legitimidad de las elecciones nacionales de 2016.

En el Informe también se evidencia la estigmatización y el hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, para las organizaciones sociales y para quienes ejercen una ciudadanía crítica. En vez de atender las causas y mejorar la prevención sobre las violaciones de derechos humanos, la hostilidad es la respuesta que encuentran los reiterados señalamientos sobre las violaciones de derechos humanos en las que incurren las autoridades o bien, sobre situaciones no atendidas oportunamente con la debida diligencia.

Durante 2015, la hostilidad hacia defensores y defensoras de los derechos humanos continuó. Las autoridades, en desacato de la recomendación del Comité contra la Tortura, permanecieron renuentes para autorizar las inspecciones a las cárceles solicitadas. Durante el 2015 además de no permitir las visitas del CENIDH, las autoridades de la DAJ y del Sistema Penitenciario se rehusaron a recibir comunicaciones de la organización en las que se gestionaba en favor de los detenidos por el caso de la mina El Limón, el caso de Santos Sebastián Flores Castillo y el de Marvin Vargas.

En el mes de marzo de 2015, en reunión de trabajo con la Relatora para Nicaragua de la CIDH, el CENIDH insistió en el deber del Estado de concertar las medidas cautelares aprobadas en favor de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia y el equipo del CENIDH. La Comisión le recordó al Estado su deber de evitar discursos que elevaran los riegos para la labor de defensa de los derechos humanos, sin embargo, la campaña de estigmatización en publicaciones digitales promovidas por el gobierno se profundizó ya que durante  2015 y en los primeros meses de 2016 fueron publicados un total de 39 artículos dirigidos a descalificar a la organización y particularmente, a su Presidenta, la Dra. Núñez de Escorcia. 

Otras acciones hacia defensores y defensoras, con fines intimidatorios incluyen el seguimiento y la vigilancia por parte de civiles. En enero de 2016, el acoso aumentó cuando una policía se presentó a la filial de Estelí demandando le informaran quienes trabajaban ahí y le fueran entregada información personal como las cédulas de identidad y las direcciones del equipo. La explicación demandada por el CENIDH a la Primera Comisionada, Aminta Granera no tuvo respuesta.

En el mes de mayo de 2015, los abogados Luis Buob y Martha González, dos defensores de derechos humanos que forman parte del equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) fueron rechazados el primero y deportada del país, la segunda, ilegalmente y con violencia, por parte de las autoridades de Migración y Extranjería.

Esta tendencia continuó en los primeros meses de 2016 cuando Carlos Ponce, el Director Regional de Freedom House fue ilegalmente expulsado del país. Estos son actos inaceptables de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos que evidencian la intolerancia hacia discursos distintos del oficial.

Una nueva embestida terminó de debilitar la protección establecida en la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia contra las Mujeres. En febrero del corriente, se conoció que un “instructivo para casos de violencia, alimentos y protección especial de niños, niñas y adolescentes” aprobado por la Comisión Interinstitucional de Justicia, orienta no aplicar la pena de prisión en los casos de violencia considerados como faltas así tampoco en el caso de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, lo que deja en clara desprotección el interés superior de los niños y niñas afectados por la irresponsabilidad paterna.

Adicionalmente, la labor de las Comisarías fue debilitada por la intervención de los Gabinetes de Familia y su equipo se vio reducido al mínimo de tal forma que sus posibilidades de intervención ahora son mínimas frente a un flagelo como es la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Por otra parte, la entrada en vigencia del Código de Familia supuso una oportunidad perdida para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. La incorporación de los Gabinetes de Familia permitirá además invadir aspectos de la vida familiar que están protegidos por el derecho a la vida privada reconocido constitucionalmente.

El CENIDH ha confirmado, que las garantías constitucionales para tutelar los derechos humanos no tienen la eficacia esperada debido a la falta de independencia de las autoridades judiciales. La exhibición personal encuentra el obstáculo que las autoridades policiales y penitenciarias rechazan presentar a la persona detenida y su expediente a quienes son nombrados como jueces ejecutores. Así sucedió en el caso de los detenidos de la Mina El Limón, de los detenidos en Chichigalpa que padecen de IRC, y otros muchos casos que el CENIDH ha acompañado, como podrán confirmar en el Informe que hoy presentamos.

El CENIDH conoce casos en los que recursos de amparo han sido declarados sin lugar, negándose la Sala de lo Constitucional a brindar la tutela requerida a los derechos violados. Por ejemplo, en el caso de la radio Oyanka, iniciativa de comunicación emprendida por mujeres rurales cuyos equipos fueron decomisados. E permiso para operar la radio fue cancelado y los recursos de ley resultaron ineficaces para restablecer los derechos lesionados.

En el caso de la inconstitucionalidad de la ley, la Corte o no se pronuncia, como ha ocurrido en el caso de los recursos contra la penalización del aborto terapéutico y en el amparo contra la pérdida de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) o lo hace declarando la constitucionalidad de la ley, cuando procedía lo contrario, como sucedió en el caso de los recursos interpuestos contra la Ley canalera, los cuales fueron declarados sin lugar, a pesar de estaban documentadas ampliamente las numerosas violaciones a la Constitución ocasionadas.

En el ámbito internacional, la falta de implementación de las decisiones de los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado de Nicaragua es evidente si tenemos en cuenta que éste continúa incumpliendo las medidas cautelares del CENIDH y a pesar de la comprobada urgencia, no reacciona aún respecto de las medidas cautelares adoptadas en 2015 por la Comisión ante la grave crisis de violencia que vive el Caribe Norte. El Estado de Nicaragua también está en desacato respecto de los aspectos pendientes de cumplimiento de la sentencia dictada en el año 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama Vs. Nicaragua.

En abril del corriente, el Estado no compareció en el 157 periodo de sesiones de la CIDH, a las reuniones de trabajo convocadas ni a las audiencias que concedió la Comisión. La CIDH lamentó e incluso, condenó la ausencia del Estado. El CENIDH interpretó la ausencia como un intento por desconocer la labor de la Comisión y por ignorar a las organizaciones que solicitaron las audiencias y reuniones de trabajo.

Por cuanto hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución de cumplimiento sobre el caso Yátama, el tribunal tuvo en cuenta los incumplimientos constatados del deber de informar y de ejecutar las medidas pendientes, los cuales consideró particularmente graves. Expresó que en su Informe de Labores 2015 someterá a la consideración de la Asamblea General de la OEA, señalando que Nicaragua ha incumplido sus obligaciones de ejecutar determinadas reparaciones ordenadas en la Sentencia así como del deber de informar desde el 2010 sobre las medidas adoptadas.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, las invasiones de los colonos a los territorios indígenas ameritaron que la CIDH otorgara medidas cautelares en favor de distintas comunidades. Luego, las medidas fueron ampliadas para seis comunidades más, sin que el otorgamiento de las mismas encontrara voluntad por parte del Estado para cumplirlas. En el caso de los indígenas, que han denunciado la complacencia de personeros del gobierno con los colonos, la CIDH resalta que han sido “objeto de violencia, secuestros, amenazas de muerte, asesinatos y desplazamientos forzados”.

El Sub Comité para la Prevención de la Tortura ha dado seis meses al Estado de Nicaragua para informar detalladamente las medidas adoptadas para poner en práctica sus recomendaciones[2] a partir de su visita al país en mayo de 2014 y le exhortó a hacer público en Informe del Sub Comité.

Por cuanto hace a las redes internacionales de derechos humanos, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ha expresado su profunda preocupación por la denegación de acceso al CENIDH al Centro Penitenciario de Tipitapa para confirmar malos tratos y restricción de visitas. La OMCT recordó al Estado la importancia de la labor de monitoreo de las organizaciones de derechos humanos en el seno de los centros de privación de libertad, la cual contribuye de forma esencial a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes así como a la asistencia a las personas privadas de libertad.

Por otra parte, un abordaje represivo y opuesto al diálogo contribuyó a que el gobierno fuera parte del problema y no de la solución respecto de los miles de nacionales de Cuba que quedaron varados en Costa Rica, al intentar viajar por tierra hacia Estados Unidos. En el SICA la diplomacia nicaragüense rechazó adquirir cualquier compromiso con la situación de los cubanos por lo cual fueron los demás países involucrados los que se coordinaron para solucionar esta crisis migratoria.

Como puede observarse, 2015 fue un año en el que las tendencias señaladas en nuestros informes anteriores se profundizaron, particularmente: la de gobernar autoritariamente, apoyándose para ello en las fuerzas de seguridad con el efecto que tales prácticas han tenido para los derechos humanos. Otro rasgo es el de la impunidad de las violaciones de derechos humanos y la falta de reparación conforme los estándares internacionales. Un tercer rasgo que se acentuó es que en vez de aproximar sus prácticas a la Constitución y la ley, el régimen reforma la legislación para adecuarla a sus prácticas. Y finalmente, el abierto desacato de las decisiones de los órganos de protección de los derechos humanos, ya sean universales o regionales terminan de configurar un entorno complejo para los derechos humanos de los y las nicaragüenses y por lo tanto, para la defensa de los derechos humanos. Ante esta situación, son las demandas sociales para exigir respeto a los derechos la principal esperanza.

[1]La ejecución del dirigente recontra conocido como “El Charro”[1], de los miembros del Frente Unido Andrés Castro (FUAC[1]).

[2]Elizabeth Romero. En riesgo vida de reo en la modelo. La Prensa, 10 de mayo de 2016, pág. 3.