Representantes de la Asociación de Mujeres para la Integración Familiar (AMIFANIC), denunciaron ante el CENIDH, falta de beligerancia de la policía de Ciudad Sandino, en la investigación del robo que fue objeto dicha organización el 3 de febrero en horas de la noche, cuando personas desconocidas sustrajeron cuatro computadoras, que contienen información del trabajo que realizan principalmente con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual e información administrativa, entre otras.
Según Reyna Rodríguez fundadora de AMIFANIC. “Nos llama la atención que en el local hay objetos con mayor valor económico pero solo sustrajeron las computadoras aparentemente no tenían interés en lo económico sino por su labor. Este hecho fue denunciado inmediatamente a la policía pero fue hasta las 12 del medio día que llegaron, y a las dos de la tarde hicieron las entrevistas, hasta la fecha no han dado información”.
“En años pasados a mí y a mi hijo quisieron intimidarnos, el robo es un acto que persigue atemorizarnos. Quiero dejar claro a la población lo que AMIFANIC hace y es defender los derechos humanos de las mujeres, un logros de nuestras acciones y gestiones es tener un juzgado en el municipio”.
La Sub Directora del CENIDH, Ing. Marlin Sierra, dijo que esta denuncia y otros hechos que son del conocimiento del Cenidh, están constituyendo un patrón de violencia hacia defensoras y defensores de derechos humanos en el país, es por eso que “exigimos al Estado de Nicaragua que cumpla con su deber de brindar protección y garantía a defensores y defensoras de derechos humanos en el país”.
Sierra dijo que AMIFANIC está siendo respaldada por la Iniciativa Mesoamericana de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres.
La Abogada del CENIDH, Marjourie Rodríguez, sostuvo que la denuncia por la policía fue escueta, no recogió la trascendencia de los hechos, que afecta a la institución y sus beneficiarias; por lo tanto, el CENIDH demanda una investigación exhaustiva, que se remita el expediente al Ministerio Público y se ejerza la correspondiente acción penal a fin de que el caso no quede en la impunidad pues es obligación del Estado, garantizar a las organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos seguridad en el ejercicio de su labor, como principio de un Estado democrático” enfatizo Rodríguez.