Este 14 de enero el CENIDH acompañó al Sr. Brooklin Rivera ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CSJ, para presentar un Recurso de Amparo por la vía de hecho en contra de Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua que declaró sin lugar la tramitación de su recurso amparo presentado el 16 de octubre del 2015, en contra de la Asamblea Nacional por haberlo despojado de su inmunidad y de su condición de Diputado electo.
Según Rivera, el 19 de noviembre de 2015, fue notificado de la referida resolución por parte del Tribunal de Apelaciones que además ordenó archivar las diligencias, dejando a salvo el derecho de Rivera para intentar la acción por la vía de hecho ante la Sala Constitucional; razón por lo cual solicitaba a la Corte, declarar con lugar el Recurso de Amparo por la Vía de Hecho y ordenar a la Sala Civil Dos del Tribunal la tramitación del Recurso de Amparo.
El denunciante recordó “fui despojado de mi inmunidad y de mi condición de Diputado, he recurrido de amparo para tratar de remendar la arbitrariedad, con esa resolución del TAM me dejan en la indefensión, no es más que un poder del Estado protegiendo la arbitrariedad de otro poder del Estado. Con esta acción estoy agotando los recursos legales a nivel nacional, el próximo paso es acudir a instancias internacionales de derechos humanos”, expresó Rivera.
Wendy Flores abogada del CENIDH, recordó que han acompaño a Rivera, desde que le despojaron de su inmunidad y de su condición de Diputado, porque fue un proceso irregular y continúan dándole acompañamiento en virtud de la negativa del TAM de proceder a tramitar su recurso en contra de la Asamblea Nacional en abierta violación a las garantías constitucionales, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y violación a las normas internacionales de derechos humanos.
“El Tribunal fundamento su resolución señalando que no caben los recursos de amparo contra los funcionarios públicos que gozan de inmunidad”. A la vez que recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “las personas tienen derecho a un recurso judicial que le proteja frente a violaciones de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia debería de proceder a ordenar al Tribunal a que trámite el recurso de amparo y se pronuncie sobre el caso”, concluyó Flores.