El pasado lunes 19 de Octubre de 2015 pobladores y productores de las localidades La Fonseca, San Miguelito, El Tule, Punta Gorda y Nueva Guinea; ubicadas en la ruta canalera, recogieron alimentación consistente en maíz, frijoles, aceite, tubérculos (Yuca – Malanga – Quequisque) y de forma solidaria decidieron entregarlos a 1075 familias campesinas del corredor seco de Nueva Segovia; Ciudad Antigua; Santa María de Nueva Segovia; Macuelizo; Mozonte y Dipilto que están en situación crítica por la sequía que afectó el ciclo productivo. Estaba previsto que los paquetes alimenticios fueran distribuidos de la siguiente forma:
 
•    Ciudad Antigua
•    Santa María
•    Macuelizo
•    Mozonte
•    Dipilto
•    230 paquetes
•    400 paquetes
•    190 paquetes
•    190 paquetes
•    65 paquetes
 
El traslado de dichos alimentos lo realizaron en cuatro camiones, que llevaban, según valoraciones de los organizadores, aproximadamente unos 800 quintales. La entrega había sido previamente anunciada en medios de comunicación local. A las 8 y 30 am del ……. De octubre, estando estacionados los camiones frente a la antigua Shell de Ocotal y listos para salir; se presentó al sitio el Jefe departamental de la Policía en Nueva Segovia, Comisionado Mayor José Oscar Reyes acompañado de unos 20 oficiales de policía y de inmediato impidió la salida de los camiones hacia su destino, argumentando que no podían movilizarse porque no portaban permiso sanitario para el traslado de alimentos, así como tampoco permiso policial porque procedían de otros municipios, manteniéndolos  retenidos hasta las 2:30 de la tarde, aproximadamente cuando ordenó que los camiones fueran trasladados sin rumbo conocido por los organizadores.

El Jefe departamental policial ordenó la retención de los camiones. Horas después el Gobierno emitió un comunicado que establece que solo el SINAPRED es la instancia autorizada para hacer entrega de cualquier tipo de ayuda frente a una situación de desastre o emergencia y que si cualquier persona natural desea hacerlo deberá entregarla a esta institución. Después de la emisión de dicho comunicado, alrededor de las 12:30 pm. el jefe policial le manifestó a los miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra; Lago y Soberanía Nacional que estaban al frente de la entrega de los alimentos, que estaba prohibido que ellos lo hicieran, que tenían dos opciones: o entregaban todo al SINAPRED o se los ocuparían, los organizadores respondieron que no entregarían los alimentos porque era una donación de pobladores para los afectados por la sequía, en muestra de solidaridad.

Acto seguido el jefe policial ordenó a los conductores que siguieran la custodia policial, que si no lo hacían se los iba a llevar detenidos, abordaron los camiones con tres patrullas policiales custodiándolos y abandonaron Ocotal sin hacerles saber a los organizadores el rumbo de los camiones, en el transcurso uno de los camiones se quedó en el camino, los otros tres los hicieron llegar hasta San Benito cambiándoles la custodia policial en Estelí y luego en Sébaco, con la policía de Matagalpa. A las 11:30 de la noche los dejaron abandonados en San Benito, el cuarto camión que se encontraba extraviado fue encontrado por la policía en un parqueo en Ocotal, igual lo obligaron a abandonar Ocotal a pesar que su dueño es de ahí y con custodia policial lo hicieron llegar hasta San Isidro – Matagalpa, donde también lo abandonaron y lo amenazaron que si se regresaba lo iban a dejar detenido.

El CENIDH, a través de su filial de Estelí le dio seguimiento a los hechos, y entrevistó a promotores de Ocotal y Totogalpa, que presenciaron los hechos. Una carta de la organización con las consideraciones del caso fue entregada a la Jefatura departamental de la Policía de Nueva Segovia y en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil de Nueva Segovia se divulgó un pronunciamiento lamentando la actuación policial, la gubernamental y demandando respuesta a los miles de campesinos que iban a ser beneficiados, así mismo se determinaran las responsabilidades correspondientes.

Alberto Rosales, coordinador de la filial de Estelí lamento profundamente la actuación policial pues atentó contra la libertad de movilización, pero esencialmente contra un elemental principio universal; la solidaridad, la que no debe tener restricciones pues se trata del apoyo entre pobladores.

El CENIDH considera que la decisión de intermediar las donaciones es una violación más a las libertades públicas y al principio constitucional de igualdad, pues el querer obligar a canalizar cualquier tipo de ayuda humanitaria; ya sea en alimentación o de otra cualquier índole a través de una instancia gubernamental pretende imponer controles y limitar que personas que abiertamente se declaran opositores a este gobierno puedan ser asistidos. Dicha decisión y el comunicado que pretende darle forma legal no tiene fundamento legal alguno; ni nacional; ni internacional y no abona al propósito internacionalmente reconocido de proveer seguridad alimentaria y ayuda humanitaria a quienes la necesitan.