En Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), acudiendo al llamado de pobladores de Mina Limón, ha brindado seguimiento a públicas protestas en demandas de carácter económico, social, laboral y sindical que realizan desde hace varios meses tanto pobladores como trabajadores y sindicalistas del Sindicato de Trabajadores Pedro Roque de la Mina Limón.  
El llamado de la población en protesta ha sido para que como organismo de derechos humanos verificáramos la represión y el estado de sitio que imponen fuerzas de la Policía Nacional; que según ellos, tienen el objetivo de sofocar la protesta que desde el 6 de octubre mantienen trabajadores de la empresa minera B2Gold  apoyados por la población en general.
En lo que va del año 2015, trabajadores y pobladores de Mina Limón han planteado en diferentes ocasiones sus inconformidades con la nueva administración de la empresa minera B2Gold; principalmente  por el desconocimiento de estos a sus derechos laborales y beneficios contemplados en el Convenio Colectivo acordado con la anterior administración, así como el despido de tres dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores Pedro Roque.
En este sentido, la población, trabajadores y sindicalizados resintieron los despidos de Luis Martínez, Humberto Rivas Canales, William Cáceres; quienes según testimonio de centenares de pobladores estos se habían mantenido firmes en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Las principales fuentes de ingresos de esta población, según dijeron, se encuentra vinculada directa e indirectamente a la mina. Por ello, protestaban que del 100 por ciento del personal contratado por la empresa B2GOLD únicamente el 20 por ciento son habitantes de la localidad. Rechazaron las estrategias de la empresa de despedir a los trabajadores directos para privarlos de los beneficios del Convenio Colectivo, muchos de ellos recontratados por una empresa tercerizada (UFOLI) devengando menos de la mitad del salario que tenían y mayores jornadas laborales.
“El trabajo en las minas es duro, la presión es tan alta, que a muchos trabajadores hasta se les cae la piel, llega el momento en que ya no pueden seguir trabajando como consecuencia del trabajo que han realizado y nadie se hace responsable de una indemnización o garantizarles un seguro social que les garantice por lo menos morir con dignidad”, dijo una ciudadana que omitió decir su nombre.
Esta es la situación general descrita por los y las pobladoras que los motivó a protestar. Para el CENIDH resultó evidente que la misma era respaldada por la mayoría de los trabajadores de la mina y la población en general. Según verificamos en nuestras visitas en el mes de mayo y octubre.
Los recorridos del CENIDH se realizaron por toda la comunidad, entrevistamos a centenares de pobladores y pobladoras que pidieron omitir sus nombres, sus rostros, solo permitieron tomar fotos en las calles, con personas con el rostro cubierto por temor a las represalias de la empresa y de la policía.
El pasado 6 de octubre, se dio un primer enfrentamiento entre la policía y la población, dejando como resultado un oficial de la policía muerto y varios ciudadanos heridos. El CENIDH condenó esta muerte y responsabilizó la misma al Estado de Nicaragua por negarse a establecer un diálogo y utilizar la fuerza como única respuesta para acallar y suprimir todas sus demandas.
El 16 de octubre, el CENIDH acudió al llamado de los pobladores que denunciaban movimientos de la realización de un operativo policial a gran escala; mismo que fue ejecutado el sábado a partir de las 5 y media de la mañana y se prolongó durante todo el día. Según testimonios vía telefónica de los pobladores un dispositivo de más de 400 miembros de las fuerzas antidisturbios penetró al poblado disparando armas de guerra, morteros, bombas lacrimógenas, seguido de palas mecánicas y de los bomberos quienes hicieron labor de limpieza.
Los pobladores narraron que los efectivos policiales allanaron viviendas, decomisaron teléfonos celulares para evitar que tomaran imágenes y evidenciar los atropellos que sufrían.
El CENIDH intentó llegar a Mina Limón los días 16 y 17 de octubre; un retén ubicado a 30 kilómetros del poblado, impidió el acceso del equipo del Cenidh y de medios de comunicación, violentando a su vez, el derecho de la población Nicaragüense de recibir información. El Capitán de Policía  a cargo del retén,  con el chip número 17624, solo dijo que  tenía órdenes superiores de no dejar pasar a medios de comunicación y al CENIDH.
A pesar de los obstáculos a nuestra labor como defensores de los derechos humanos, el CENIDH ha mantenido comunicación con pobladores de Mina Limón, para monitorear la situación. Hasta el cierre de este día, el estado de sitio se mantiene, había una tensa calma, los trabajadores mantienen sus demandas y desmienten el comunicado emitido por la empresa anunciando que los trabajadores se han reintegrado a sus labores.
Por otro lado, niños, niños y adolescentes no asisten a clases como parte de la protesta por la ocupación policial y la inseguridad que se vive en el pueblo; afirman que los hombres jóvenes y adultos se refugian en los cerros y montes por el temor a ser detenidos y sufrir represalias en su integridad física.
Al respecto, el CENIDH rechaza la política de Estado en criminalizar la protesta social; que en vez de brindar soluciones integrales y concertadas a la población demandante reprime con la Policía Nacional de forma regular y/o utiliza fuerzas de choque que actúan prácticamente como fuerza paramilitar con el fin de intimidar, callar y suprimir cualquier demanda.