El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos  a través de su filial en Matagalpa desde hace tres  años ha acompañado a  la población de Rancho Grande en su lucha contra el Proyecto minero Pavón Rancho Grande, promovido por la empresa transnacional B2 Gold. En tal sentido, felicitamos a la población de ese municipio quien a través de diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos logró que el gobierno el día de ayer determine la no viabilidad del proyecto.

Carlos Siles, coordinador de la organización comunitaria Guardianes de Yaoska, manifestó al CENIDH que han recibido con regocijo la información, pero también con cautela, pues durante más de tres años el gobierno fue un aliado de la empresa en sus pretensiones, de tal manera que según él  no desistirán hasta que esa declaración pública se materialice a través de las instancias correspondientes de forma definitiva.

Cabe destacar que la declaratoria de no viabilidad del proyecto es una potestad exclusiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARENA, de tal modo que debe ser éste a través de una resolución el que debe determinarlo como cabe en un Estado Derecho. En ese sentido, el Decreto 76-2006 creador del Sistema de Evaluación Ambiental establece que este sistema será administrado por el MARENA, siendo éste el ente rector encargado de otorgar o negar los permisos ambientales.

De tal manera que hasta que las instancias competentes no se hayan pronunciado formalmente estamos ante un anuncio sin efectos jurídicos reales. En sus 25 años de lucha por los derechos humanos el  CENIDH ha sido testigo  como en diferentes momentos los gobiernos han utilizado anuncios similares como mecanismos desmovilizador de la lucha popular,  de ahí que demandamos el uso de los mecanismos que establece el Estado de Derecho en el caso concreto.

Por otra parte, no cabe duda que el triunfo de Rancho Grande es un logro,  fundamentalmente de la población campesina quien de forma sostenida, organizada y en unidad desde la diversidad demostraron que no existe poder político y económico que no se doblegue ante la dignidad de un pueblo que se moviliza en defensa de sus derechos.

El CENIDH,  durante esta lucha,  ha constatado que en diferentes momentos fuerzas de la Policía Nacional impidieron la libre movilización de la población que se manifestaba en contra de la minería; la persecución y criminalización de líderes y lideresas y el hostigamiento por parte de operadores políticos del Frente Sandinista a líderes de Guardianes de Yaoska para que desistieran de su posición. No obstante, la constancia de la lucha, la unidad de la población y la articulación con diferentes actores: Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, movimientos sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones de productores y el acompañamiento del CENIDH, obligaron a la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía a anunciar la inviabilidad del proyecto sin hacer referencia al soporte legal.

Dudamos que la declaración de no viabilidad anunciada por el gobierno sea por la preocupación del mismo por los daños ambientales del proyecto el cual señalaron haberse otorgado en el anterior gobierno, pues ha sido este gobierno quien con acciones concretas ha demostrado permanentemente su apoyo a éste y otros proyectos mineros en el país, habiendo hasta el momento según el Centro Humboldt hasta un 7 % del territorio concesionado a empresas mineras. Esta declaración de no viabilidad del proyecto ha sido producto de la presión de la población la cual en la marcha realizada el 3 de octubre de forma unánime demandó: “Dejen en Paz Rancho Grande, aquí no queremos minería”.

El CENIDH celebra el triunfo de la población, sobre todo campesina de este municipio quien constituye un ejemplo de coherencia de respeto a la naturaleza y a nuestra casa común. Asimismo, demandamos a las instancias correspondientes que se pronuncien de una vez a fin de legalizar la negativa de permiso de exploración minera a cielo abierto en el municipio de Rancho Grande.