Este 5 de agosto organizaciones integrantes de la Comisión Ejecutora de Matagalpa, de la cual forma parte activa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH Filial Matagalpa, se reunieron a fin de evaluar el contexto y las condiciones en la que defensores de derechos humanos realizan su labor de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. En este encuentro, las organizaciones manifestaron su preocupación por la consolidación de un modelo, promovido por el gobierno, de corte “familista” que minimiza la violencia; que la regresa a la esfera privada; que apunta a la mediación de delitos a través de las Consejerías Familiares y que promueve el perdón en sustitución de la reparación a las víctimas, es decir, un modelo que violenta los derechos humanos.

Así mismo, denunciaron situaciones concretas en las que funcionarios de la Comisaría de la Mujer y la Niñez promueven públicamente que los asuntos de la casa deben arreglarse en casa, negando con ello que la  violencia además de ser un problema de salud pública, es un delito que afecta los derechos humanos de las mujeres como la vida, la integridad física y sicológica y el derecho a vivir libre de violencia. También denunciaron la incorporación de doscientos mediadores diocesanos para la zona Norte,  los cuales en articulación con las Consejerías Familiares mediarán en delitos de violencia, ello con la venia de la Corte Suprema de Justicia. Al CENIDH le preocupa que un abordaje religioso del tema de la violencia,  que pueda priorizar la unidad familiar,  resulte negativo para la prevención y sanción de la misma.

Una de las mayores preocupaciones es la ausencia de tratamiento y seguimiento psicológico a  las víctimas de violencia, lo que es asumido fundamentalmente por las organizaciones de mujeres de Matagalpa, sin que el Estado muestre interés en la recuperación emocional de las víctimas. En ese sentido, pese al ocultamiento de las estadísticas la psicóloga Sandra Morraz manifestó que actualmente atiende a veinte niños y niñas víctimas de abuso sexual en el municipio de La Dalia,   pero que dicha atención que se ve obstaculizada ante la falta de un lugar adecuado donde prestar el servicio ya que el gobierno ha orientado a las instituciones no colaborar con las organizaciones de mujeres.

El CENIDH ha podido constatar en su visita a los operadores de justicia de los diferentes municipios que la mayor problemática continúa siendo la violencia y que existe una atención inadecuada a las víctimas por funcionarios, sobre todo policiales, quienes remiten a víctimas de violencia a instancias de mediación sin valorar adecuadamente la gravedad del delito. Tal es el caso de Ciudad Darío donde la Dra. Eleonora Mendoza, judicial de este municipio, nos manifestó que ha tenido que remitir a mujeres a la policía a fin de que éstos abran proceso investigativo, ya que, según ella, los oficiales  por desconocimiento de la ley remiten casos a los juzgados sin tomarles la denuncia con la finalidad que éstas lleguen a un acuerdo.

El sistema judicial de Nicaragua está lejos de garantizarles a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, máxime si se considera que las reformas a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, así como la entrada en vigencia del Código de la Familia, pretenden el establecimiento de un modelo que oculta la violencia y que establece mayores trabas para el acceso a la justicia, violentando convenios internacionales de derechos humanos de las mujeres. En tal sentido, el CENIDH demanda el respeto de estos derechos por parte del Estado, medidas adecuadas para la prevención de la violencia y la puesta en marcha de acciones urgentes que garanticen el pleno acceso a la justicia de las víctimas.