Este 01 de junio se celebró el día internacional del niño y niña, esta conmoración plantea retos importantes para garantizar los derechos de niños y niñas, sobre todo en Nicaragua  donde la existencia de brechas sociales y económicas precarizan las condiciones de vida de la población en general, afectando  fundamentalmente la vida y derechos de niños, niñas y adolescentes que por su condición social merecen una protección especial. A continuación algunos datos extraídos del informe anual 2014 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH que nos revelan un panorama nada halagador para la plena vigencia de sus derechos humanos.

En 2014 hubo avances en la reducción de la desnutrición infantil crónica reconocido por la FAO, en la incorporación de niñez en situación de trabajo infantil al sistema educativo según la Organización Internacional del Trabajo OIT  y en materia jurídica con la entrada en vigencia de un proceso de familia oral contenido en el nuevo Código de Familia, a partir de abril de 2015, el cual facilitará  el acceso al derecho a alimentos, a un nombre, a la protección integral de manera más expedita. Pese a estos avances dicho Código ha sido cuestionado por la equiparación de la maternidad con la mayoría de edad, el reconocimiento del no nacido como persona y la institucionalización de los Gabinetes de Familia.

En 2014 se mantuvo la problemática de violencia de género y sexual y por ende Nicaragua continúo siendo un país poco seguro para la niñez y adolescencia principales víctimas de la violencia de género y sexual; con  cifras elevadas de embarazo en adolescentes y se acentuaron los rezagos en información sobre todo en lo referido a embarazo de niñas y niñez en situación de trabajo infantil donde no existen datos oficiales desde hace aproximadamente una década.

Asimismo, continuo siendo uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de pobreza y de pobreza extrema pobreza, así como uno de los países más desiguales. En materia de inversión social  Nicaragua es uno de los países que menos invierte en niñez y adolescencia en 2011 Costa Rica invirtió 2.849.9 por cada niño y adolescente, unos  7.8 USD dólares diarios para  salud, educación y protección social por cada niño y niña. En cambio Guatemala y Nicaragua invierten USD 1. 00 . Cabe destacar que en ese año la inversión per capita en Costa Rica fue de USD 1, 390.3 y en Nicaragua de USD 140. 6, es decir, diez veces menor. Esta realidad no ha variado significativamente, mientras  esta realidad no cambie difícilmente habrá una mejora sustantiva en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
La inversión del gobierno para garantizar espacios públicos y deportivos (parques y estadios de futbol y béisbol) continúo centrándose en áreas urbanas y con un enfoque recreativo: La inversión en bibliotecas comunitarias o en proyectos que con un enfoque más socioeducativo que desarrollen hábitos como el de la lectura, generadores de capacidades cognoscitivas, ocupa  dentro de la agenda gubernamental un lugar marginal. 

Por otra parte, las políticas públicas nicaragüenses se caracterizan por su fragilidad fundamentalmente vinculada a la poca o ninguna asignación de recursos para los programas y líneas de acción que las configuran. Si bien el país cuenta con un marco jurídico bastante sólido, con la aprobación de leyes, hojas de ruta, políticas públicas, protocolos de actuación, planes de acción en diferentes temas relacionados a la niñez y la adolescencia, éstos son prácticamente inaplicables y en consecuencia poco efectivos ante la falta de recursos quedando en evidencia la ausencia de voluntad política para garantizar su adecuada implementación.

Por ello este  avance normativo no ha cambiado sustancialmente la situación de exclusión social en la que viven  niños y niñas quienes por su condición de mayor vulnerabilidad están más expuestos  a la violación de derechos humanos.  Esta brecha entre el marco político  y la realidad social se acentúa al considerar la falta de seguimiento a los procesos de implementación; la ausencia de indicadores de Estado para medir el éxito y fracaso de las política; pero sobre todo el discurso del gobierno hermético a las críticas y aportes de organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en el trabajo con niños/as, niñas y adolescentes.

Nicaragua ante el Examen Periódico Universal en materia de niñez y adolescencia

Tomando en cuenta que la información oficial sobre problemáticas nacionales y los avances de gobierno relacionadas a las condiciones de vida de niños y niñas, así como de la vigencia de sus derechos humanos. En tal sentido en el informe proporcionado por el Estado de Nicaragua al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), realizado en mayo del 2014, se omiten problemáticas con fuertes implicaciones sociales tales como: embarazo adolescente y sobre todo de niñas en el cual según organismos especializados Nicaragua ocupa el primer lugar en América Latina; niñez en situación de trabajo en el cual desde hace prácticamente una década no existe información oficial; violencia sexual donde según el último informe del Instituto de Medicina Legal revela datos alarmantes. El informe se centra  prácticamente en el Programa Amor el cual prácticamente atiende todas las problemáticas vinculadas a  la niñez.

Durante el Segundo Examen Universal, tal y como se desprende el informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU, las recomendaciones hechas en la materia versan sobre:  presupuesto, discriminación, trabajo infantil, mejoramiento del marco jurídico y político, violencia y violencia sexual, prohibición del castigo físico, inscripción de niños y niñas sobre todo de zonas rurales y del Caribe nicaragüense, atención a sectores más vulnerables (niñez indígena), salud, educación, niñez con discapacidad, evidenciando cada una de ellas aspectos por superar parcial o totalmente.

Derecho a la Educación

En los últimos años ha habido importantes esfuerzos gubernamentales para mejorar el acceso a la educación de niños y niñas. Sin embargo, instancias especializadas señalan todavía al menos 500 mil niños y niñas fuera del sistema educativo. Otro de los grandes problemas continúa siendo la baja escolaridad de la niñez, una de las más bajas de la región centroamericana, lo que se aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuanto a la primaria universal: lograr la enseñanza primaria universal, es decir, garantizar que todos los niños y niñas completen el ciclo de primaria en 2015

Cabe destacar que en Nicaragua actualmente el promedio de educación es de seis años, sin embargo ésta no es universal. En el país 4 de cada 10 estudiantes que ingresan a primer grado no concluyen el sexto grado, según un informe del Foro Eduquemos basado en estadísticas oficiales sólo un 56% de quienes inician la primaria la culminan con éxito seis años después. En la mayoría de los países latinoamericanos ese porcentaje es el 70-80% y en muchos países es mayor al 90%. En Nicaragua de acuerdo con la Ley General de Educación sólo son obligatorios 7 años de escolaridad.

Uno de los mayores problemas de la educación es sin duda su baja calidad, ello queda en evidencia todos los años con los resultados de los exámenes de admisión de las universidades públicas donde menos del 5 %  de los estudiantes aprueban los exámenes. En tal sentido, un estudio de la UNESCO realizado en 2014 sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria en la región latinoamericana reveló las deficiencias del sistema educativo nicaragüense, su falta de inclusión y brechas en materia de cobertura.

En una entrevista para la Revista Envio de la Universidad Centroamericana Melba Castillo Aramburu, Directora del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES), a partir de datos oficiales, planteó un panorama nada halagador de la educación nicaragüense. Según la Doctora Castillo las cifras oficiales  indican que entre 2009 y 2014 la matrícula en primaria descendió un 5%; al analizar la tasa neta, que es la que vincula la matrícula con la edad de los niños,  la matrícula en primaria se ha mantenido en un 89%, lo que significa que más de un 10% de niños en edad de primaria no están asistiendo a la escuela, siendo un criadero de analfabetismo adulto.

Otro dato interesante es que Nicaragua es uno de los países  de la región con menor número de días clases 169 en comparación Costa Rica con 205 días clase al año. Estas horas clases se reduce al considerar los días destinados a otras actividades preparatorias de efemérides e inclusive algunas de índole políticas. Para el CENIDH lo más preocupante de todo es la falta de criticidad del Ministerio de Educación quien en la práctica ha desestimado los hallazgos del estudio de la UNESCO contrario a otros países de la región donde éstos han generado un debate sobre el rumbo de la educación.  En ese sentido, continuar obviando las problemáticas de nuestro sistema educativo acentuará la exclusión de los niños y niñas y en consecuencia les restara la posibilidad de contar con una educación de calidad que les permita generar capacidades y habilidades para la vida.

Embarazo adolescente y embarazos en niñas y adolescentes como consecuencia de Violencia Sexual
Según las Naciones Unidas en Nicaragua hay 109 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. Un estudio de la Comisión Económica para América latina y el Caribe  CEPAL difundido en 2014 confirmó a Nicaragua como el país de Latinoamérica con mayor maternidad en adolescentes y  jóvenes entre 15 y  19 años con 19.9 %. Esta problemática se acentúa en sectores pobres e indígenas, según la CEPAL  muchas jóvenes ven en la maternidad una forma de superación de la pobreza. Pese a que el estudio muestra una reducción considerable en relación a los datos del estudio Estado de la Población Mundial 2013,  el indicaba que el embrazo adolescente en Nicaragua alcanzaba 28 %, los datos de la CEPAL continúan siendo altos y preocupantes.

El embarazo adolescente fomenta la reproducción intergeneracional de la pobreza y compromete la autonomía de las mujeres para emprender sus proyectos de vida. Pese a sus consecuencias continúa siendo invisibilizada a nivel político y excluido del debate nacional. En enero del 2015 una adolescente de Managua arrojó a su bebe de un mes de nacida por la letrina. En ese momento el debate se centró en la acción de la adolescente y en la necesidad de sancionarla y no en el origen del problema. Es decir, el embarazo adolescente y la incapacidad social, económica y afectiva de la adolescente para asumir la maternidad.

Adicionalmente, un estudio realizado por el Centro de Comunicación y Educción Popular Cantera en 2012, denominado: Reflexiones sobre el embarazo en adolescentes y jóvenes, revela que más del 35 % de los adolescentes encuestados son hijos e hijas de mujeres que fueron madres adolescentes y al menos el 51 % hijos de personas que fueron padres y madres muy jóvenes (18 a los 21 años) y que el 64.3 % de los jóvenes encuestados señalaron no haber accedido a información sobre derechos sexuales, siendo mayor el desconocimiento cuando abordar derechos específicos. La OMS considera la planificación familiar  como la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad que permiten  a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. En tal sentido, queda en evidencia que en Nicaragua los adolescentes y jóvenes no están formados para asumir responsablemente su vida sexual.

Por otro lado, una buena parte de los embarazos en     adolescentes son consecuencia de violencia sexual agravada por la impunidad de las mismas y de la implementación de políticas familiastas como la creación de las Consejerías Familiares las que según el Reglamento 42-2014 de la Ley 779 tiene por objeto resolver y/o conciliar en los problemas de las relaciones interpersonales; situación que en la práctica niega la existencia de un grave problema de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas que requieren de la protección e intervención estatal, del acceso a la justicia y la reparación de los daños causados. A inicios de 2015 se conoció la denuncia a través de los medios de comunicación que dos niñas menores de 14 años víctimas de violación habían sido casadas con su agresor en Estelí, situación promovida por las Consejerías. Respondiendo precisamente a la “política” de regresar al ámbito familiar problemáticas que son también responsabilidad del Estado.

En Matagalpa a través de los espacios de discusión local con organizaciones de mujeres se tuvo conocimiento en febrero  del 2015 que a partir de este año los SILAIS en los diferentes municipios no están remitiendo a las niñas embarazadas a las Comisaria de la Mujer y la Niñez, ello considerando que una menor embarazada es  como consecuencia de violencia sexual, limitándose únicamente a brindar atención al embarazo. Esta situación es desafortunada, pues además de promover la impunidad ante un hecho grave pretende ocultar información alrededor de las niñas embrazadas, siendo precisamente en este sector donde menos información existe, pero donde se presume que la situación puede ser alarmante sobre todo en la zona rural y en regiones del Caribe donde se practica el “Talamana” (pago pecuniario o en especies)  como método de negociación ante situaciones de violencia  sexual.

Al respecto, durante el Segundo Examen Periódico Universal se le recomendó al Estado de Nicaragua: Facilitar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva amplios y seguros y examinar la relación entre la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos; Velar por que el público pueda acceder a información adecuada en materia de planificación familiar y regulación de la fecundidad, así como otras directrices encaminadas a mejorar los servicios de salud. Sin embargo, son recomendaciones excluidas de las políticas nacionales y del foco de actuación del gobierno.

Para el CENIDH  el embarazo adolescente  constituye una de las problemáticas más graves que enfrentan las mujeres adolescentes, de su solución depende la vigencia plena de sus derechos humanos y su desarrollo. Esta situación se agrava por la poca información oficial al respecto sobre todo en los referido a niñas embarazadas; su invisivilización de la agenda política y en algunos casos el ocultamiento de la problemática. Así como por la penalización del aborto terapéutico lo cual sin duda deja más vulnerables a las niñas víctimas de este flagelo. Cabe destacar que durante el segundo Examen Periódico Universal una de las recomendaciones rechazadas por el Estado es la referida al aborto terapéutico.

Derecho a vivir libre de violencia

Según UNICEF 1 de cada 4 niñas entre 15 y 19 años han sido víctimas de violencia física y entre 10 al 36 % de las mujeres y niñas de América latina y el Caribe han sufrido violencia física y sexual; el 50  % de las adolescentes en el mundo creen que está justificado que el marido las golpee a su pareja;  220 niñas mueren cada día por agresiones en América Latina y el Caribe. En Nicaragua en 2014 la organización Católicas por el Derecho a Decidir reportó 7 femicidios de niñas y adolescentes de 13 a 17. 

En 2015 la encuesta de MyR consultores reveló que el 83. 9 de los encuestados afirmaron que durante su niñez recibieron algún tipo de castigo físico de parte de sus padres o tutores y que un 86.1 señala que ese castigo, les ayudó a ser mejores personas en la sociedad. Lo que de algún modo explica la tolerancia social al castigo físico como método de corrección.

En este año dos videos difundidos en Yutube de la Directora del  Kínder María Montessori, ubicado en Altamira,  reparto de Managua, abrió el debate sobre el uso del castigo físico como método de corrección. Pese al cierre del kínder ordenado por el MINED quedó en evidencia la tolerancia en buena parte de la población de esta práctica social.  Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, expresa que: “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales”, este mandato además hace hincapié que es una obligación de los Estados garantizar el derecho a la protección de la niñez. 

Por otro lado, el último estudio del Estado de la Población Mundial 2013 realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, revela que Nicaragua tiene el porcentaje más alto de mujeres entre 20 y 24 años que dieron a luz antes de los 18 años. Estas cifras indican que existe una mentalidad que tolera, perpetua e incluso justifica la violencia y que ve a la mujer como un objeto a ser conquistado. En 2014 el estudio Nuestras Voces Cuentan: Escuchen Nuestras voces, sobre la situación de niñas, adolescentes y jóvenes de Nicaragua realizado por la organización no gubernamental Plan Nicaragua,  reveló que el castigo físico como practica disciplinaria ha sido naturalizado.

En 2014 se conoció a partir de información  proporcionada a medios de comunicación por el Instituto de Medicina Legal que dicha instancia atendió a 17 víctimas de violencia sexual por día, más de seis mil víctimas por delitos sexuales, el 51 % de las víctimas fueron menores de 14 años, mientras otro 31 % oscilaba entre 14 y 17 años. Esto indica que el 83 % de las agresiones sexuales son sufridas por niños/as y adolescentes, siendo las más vulnerables las mujeres y niñas. De acuerdo con el informe anual la tasa nacional de peritaje por violencia sexual fue de 99 casos por cada 100, 000 mil habitantes. Cabe destacar que estos datos fueron publicados en octubre de 2014, prácticamente un año después del periodo del reporte, lo que refleja que en cuanto al tema hay ocultamiento de información, impidiendo con ello la adopción de medidas pertinentes.

Los datos presentados revelan una situación preocupante en cuanto a los derechos de niños, niñas y  adolescentes de vivir libre de violencia y de contar con condiciones propicias para su desarrollo integral. Estos datos cuestionan el discurso gubernamental de armonía, de paz, de amor y de vivir bonito. No obstante, lo más preocupante continúa siendo la falta de reconocimiento del Estado de la problemática cuyo enfoque de tratamiento a mediano y largo plazo terminará acentuando la violencia como una práctica cultural en las familias y en la sociedad.
 
Desnutrición infantil

En 2014 en la XXXIII conferencia regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció a Nicaragua por sus logros en cuanto a la reducción de  la población subnutrida de 55.1% a 20.1%, ello en un periodo de veinte años (1990-2010), convirtiéndose en uno de los países de la región latinoamericana que ha cumplido la meta de este Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre. Además, Nicaragua cuenta con un Plan Nacional "Hacia la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil 2008 – 2015 el cual es el marco de referencia de las acciones desarrolladas por el Estado.

No obstante, según un estudio global publicado por Unicef en 2013, Nicaragua ocupaba el puesto número 52 a nivel mundial en el ranking de las naciones cuya niñez –menores de cinco años- sufre de desnutrición.  En el informe “Mejorando la nutrición infantil” se afirma que 149 mil menores padecen de desnutrición en Nicaragua, cifra que supera a El Salvador (121 mil), República Dominicana (103 mil), Panamá (66 mil) y Costa Rica (20 mil).

Asimismo, diversos medios de comunicación han informado sobre la gravedad del problema en la región del Caribe Norte, especialmente la zona del Rio Coco, en donde la limitada producción de alimentos, la pobreza, la falta de empleo los deja en una situación de mayor vulnerabilidad a la desnutrición crónica, siendo el Programa Mundial de Alimentos PMA clave para hacer frente a la situación de forma paliativa.

La pobreza endémica y una dieta deficiente basada en carbohidratos convierten a este lugar en uno de los más vulnerables del país. Según un mapa elaborado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el porcentaje de desnutrición crónica promedio es del 35% entre los niños menores de cinco años y en comunidades todavía más aislada la cifra sube hasta el 54%.

El CENIDH reconoce los esfuerzos en la materia los cuales responden a compromisos y metas fijadas inclusive a nivel internacional. No obstante, existe todavía un alto índice de desnutrición infantil que merece el desarrollo de acciones urgentes dirigidas a resolver los problemas de fondo que le dan origen. En tal sentido, estas acciones deben de considerar las particularidades de las diferentes regiones, tales como las del Alto Rico Coco donde no solo existen condiciones estructurales sino culturales que son determinantes de la pobreza, uno de los factores determinantes de la desnutrición.
Niñez en situación de trabajo y explotación

El Estudio Nuestras Voces Cuentan  evidencia una situación de explotación laboral  marcado por el sexismo y prácticas que promueven en las familias y en el ámbito público la explotación de niñas, adolescentes y jóvenes. Según este estudio el  10. 1 % de las niñas, el 14. 0 % de las adolescentes y el 40. 1 %  de las mujeres jóvenes participan activamente en el mercado laboral, desempeñándose la mayoría  como empleadas y obreras. El  33. 3 % de las niñas reciben pago en especies (comida, ropa principalmente) al 94. 7 % de las adolescentes y 96.4 % de las jóvenes se les paga en efectivo.
Se destaca que una de las formas más frecuentes de violencia es la sobre carga de trabajo doméstico. En los hogares el estudio señala que el 48 % afirmó que “jamás” o “rara vez” los niños comparten los quehaceres doméstico y que el 85. 4 % de las niñas en Nicaragua realiza trabajo doméstico una realidad determinada por la discriminación por sexo y que, en muchos casos, interrumpe las horas de estudio, En el caso de las adolescentes y las mujeres jóvenes el trabajo doméstico está presente en el 93. 4 %.

En esta materia ni la OIT ni las entidades del Gobierno tienen cifras públicas de cuántos niños han salido del mercado laboral desde 2005. La OIT a través de su representante Bertha Rosa Guerra, han admitido que el tema de las estadísticas (sobre la reducción del trabajo infantil) en Nicaragua es un caso pendiente, pero estiman que en 2005 el 53 % de niños y niñas que trabajaban no iban a la escuela y ahora la cifra podría reducirse a un 12 por ciento. Se destaca además que se haya incluido el tema de la erradicación del Trabajo Infantil en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y que las alcaldías también están coordinando acciones precisas para anular las peores formas de trabajo. La representante de la OIT ha señalado que los bares, restaurantes y hoteles también demandan mano de obra adolescente, los que casi siempre pagan por debajo del salario mínimo.

Al respecto,  el gobierno solo se ha limitado a  expresar que hay avances, sin presentar indicadores de dicho progreso, reconociendo algunos rezagos en zonas rurales especialmente en Matagalpa y Jinotega. Por su parte, el presidente del Concejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerrí reconoce que los adolescentes entre 14 y 17 años son la mayor mano de obra, siendo el sector agrícola el que más demanda mano de obra de este grupo poblacional, seguido del servicio doméstico, donde en su mayoría la mano de obra infantil no recibe salario.  Según el COSEP un rasgo destacado del trabajo infantil es el predominio del trabajo familiar no remunerado:  seis de cada diez niños y adolescentes son trabajadores no remunerados, al 2010 había 317,133 niños y adolescentes trabajadores activos, lo cual representa el 17.6 por ciento del total de ese grupo poblacional. Un elemento que destaca es la invisibilización en dichas cifras sobre la situación de trabajo infantil de las niñas, las cuales son incluidas en los datos de niños.

En términos generales la situación de la niñez y adolescencia Nicaragüense no garantiza su desarrollo integral ni la plena vigencia de sus derechos humanos, hace falta voluntad política del Estado materializada en acciones concretas, realizables y medibles, así como la asignación adecuada de recursos que garanticen en el buen funcionamiento de los programas, proyectos y acciones. Para el CENIDH esta situación merece mayor beligerancia por parte del Estado a través de las instancias correspondientes, por su parte el CENIDH continuará documentando la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes a fin de demandar acciones que garanticen el cumplimiento de sus derechos.