El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH este 29 de mayo, en el marco de la jornada de conmemoración de su 25 aniversario, presentó el informe Derechos Humanos en Nicaragua 2014. En el evento participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. 

La Dra. Vilma Núñez de Escorcia  al introducir la presentación del Informe, manifestó que para el equipo del CENIDH el presente informe constituye un reto y una satisfacción ya que implica el involucramiento de todos los miembros del equipo, siendo un esfuerzo colectivo de recopilación de información documental y de sistematización de información proveniente de los casos atendidos y las visitas a los lugares donde ocurren las violaciones de derechos humanos. Este informe es el Número 24, junto a cinco informes de los primeros cien días de los cinco periodos presidenciales registrados durante los 25 años de existencia del CENIDH constituyendo un proceso permanente realizado cada año. Dichos Informe nos proporcionan una radiografía de los derechos humanos en el país, de su evolución y de su deterioro, especialmente en los dos últimos periodos presidenciales.  

El Dr. Mauro Ampié Vílchez, Director Ejecutivo del CENIDH, resumió los hallazgos de este informe, resaltando que: En 2014 el deterioro de los derechos humanos nos mostró el elevado costo que para los derechos ha tenido la consolidación de un modelo económico excluyente y de un modelo político de corte dictatorial. El cual ha significado un marcado deterioro no sólo de los derechos humanos, sino también de los recursos naturales con concesiones inconsultas a empresas transnacionales. Asimismo, destacó el impacto en los derecho humanos por la implementación del  proyecto canalero que además de no ser  consultado y violentar el marco jurídico interno representa una potencial amenaza a los modos de vida de la población y  a su derecho a la participación, a la información, a la propiedad, al agua y de manera global a los derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

Las reformas a diferentes leyes: Constitución Política, Ley de Policía y Código Militar han configurado y fortalecido este modelo que privilegia la participación del empresariado y la concentración de poder por parte del Ejecutivo, afectando el profesionalismo de estas instituciones y su independencia. Con la aprobación de las reformas de la Ley de Policía, por ejemplo, se anuló el rol de control del Ministerio de Gobernación. Este deterioro también se manifiesta en la clara partidización de las instituciones expresado en la presencia de los símbolos del partido gobernante.

En 2014 continuaron ocurriendo graves violaciones de derechos humanos por parte de la Policía, actualmente en impunidad no habiendo informes conclusivos como en el caso de Kevin Alberto Bautista López de Totogalpa, fallecido en el contexto de protestas de taxistas de esa zona. Hechos ocurridos en el contexto de una alarmante escalada de violencia expresada en la represión policial y criminalización contra movilizaciones a diferentes protestas las cuales derivaron en violencia desproporcionada, detenciones ilegales, malos tratos, especialmente las ocurridas en diciembre de 2014 en Rivas y El Tule, jurisdicción de Río San Juan. En estos casos el CENIDH confirmó la ineficacia de los recursos de exhibición personal, lo que da la pauta de una tendencia lesiva a los derechos civiles políticos por la falta de independencia de las autoridades responsables de ejercer algún tipo de control

En este periodo se suscitó la realización de más de 40 marchas contra el proyecto canalero, en este contexto la violación a los derechos humanos de miles de personas que se movilizaron contra este proyecto, así como proyectos mineros en Santo Domingo y Rancho Grande fue una constante. Otro foco de violencia institucional ha sido la existencia de grupos armados, cuyo tratamiento gubernamental ha generado la militarización de comunidades campesinas y la violación de los derechos humanos de estas poblaciones.

Por otra parte, el 19 de julio el asesinato de cinco personas y más de una veintena de heridos  en Matagalpa, lo que motivó la inmediata condena del CENIDH, generó una escalada de violencia política, represión y graves violaciones de derechos humanos de los supuestos implicados y sus familias, así como  la apertura de  procesos judiciales marcados por la contradicción y violación  a los derechos de los procesados. Cabe destacar que los imputados denunciaron actos de tortura que nunca fueron investigados. Este hecho mostró en toda su dimensión el abuso de las autoridades policiales, su negativa de investigar y su menosprecio a la ley. Actualmente a casi un año de estos hechos las autoridades judiciales no han dictado sentencia determinado la pena de los imputados.

Otro caso de relevancia relacionado a la existencia de grupos armados fue el ocurrido el 20 de enero de 2015 en la Comunidad El Portal, jurisdicción de Santa María de Pantasma donde explotó una mochila bomba matando a dos presuntos rearmados y en donde  todo hace indicar la realización de una acción militar y la realización de ejecuciones sumarias y actos de tortura. Pese a la gravedad de los hechos a la fecha no ha habido un informe de las autoridades competentes.

Se destacó la acentuación de condiciones de pobreza en la mayoría de la población, violencia de género, partidización, temor, incertidumbre sobre todo en zonas rurales y municipios donde se movilizan grupos armados, problema no abordado adecuadamente por el gobierno y que se agrava con otros hechos como el asesinato del productor Carlos García en Jinotega, hechos que no fueron debidamente investigados con la policía, siendo señal no sólo del deterioro de la institucionalidad policial sino también de la seguridad ciudadana. Ante esto la respuesta ha sido: la militarización y la negativa de las autoridades de reconocer el problema, de informar, investigar y llegar a la verdad.

Los derechos políticos experimentaron durante el periodo un importante deterioro. Continuó la negativa del Estado de reformar la Ley Electoral según la sentencia de la Comisión Interamericana en el caso Yatama y la resistencia a orientar esfuerzos para garantizar la transparencia del Consejo Supremo Electoral. La renovación formal en la elección de los cargos vacantes de magistrados y otros funcionarios no cumplió el fin: garantizar la independencia de dichas instituciones sino todo lo contrario fortalecer el modelo de concentración de Poder del Ejecutivo. El caso de Milton Arcia con dos sentencias diferentes así lo confirma.

Sin duda, más que nunca tenemos una Asamblea donde la bancada oficialista se somete absolutamente a las iniciativas del titular del Ejecutivo.  Durante el 2014 se aprobaron 36  leyes de las cuales solo 14 fueron presentadas por la bancada oficialista y 21 por el Presidente de la República.

En 2014 la Policía continúo privilegiando movilización de grupos afines al gobierno como ocurrió el 10 de diciembre del 2014 y más recientemente el 8 de marzo del 2015. En lo referente  a la libertad de expresión se continuó presentando un deterioro donde se estigmatiza a los periodistas y defensores provocando mayores riesgos a su integridad. En este sentido, el 10 de diciembre promotores/as se vieron obligados a caminar largas distancias debido a que los buses en que venían fueron detenidos por la policía quienes amenazaron en suspender los permisos. Este deterioro afectó las condiciones donde desarrolla su trabajo el equipo del CENIDH por la reiteradas descalificación a miembros del equipo, negativas de información e ingreso a centros penitenciarios entre otros obstáculos.

Recientemente ante la Comisión Interamericana el representante del Estado manifestó que estos ataques se enmarcan en la libertad de expresión, violando el deber del estado de evitar declaraciones que comprometan la seguridad de los defensores y  defensoras. También, manifestó, la voluntad del Estado de trabajar con el CENIDH. No obstante, en mayo de este año la expulsión violenta del país de Luis Carlos Buob y de Martha Gonzalez, ambos defensores de derechos humanos e invitados al aniversario del CENIDH deja en evidencia lo contrario. 

En 2014 el alto número de femicidios dejaron en evidencia la falta de implementación de la Ley 779, de los 80 femicidios solamente 8 merecieron condena lo cual confirma esta situación, siendo Nicaragua un país que está lejos de contar con las condiciones adecuadas para su seguridad y desarrollo.
A nivel socioeconómico sin duda la falta de transparencia de los programas sociales contra la pobreza afecta su efectividad. Asimismo, éstos evidenciaron un claro estancamiento. Esta situación, el subempleo y la informalidad superior al 80 % en el país nos muestran un panorama nada halagador para la mayoría de la población.

Por otra parte, el 2014 reveló que el gobierno solo está dispuesto a dialogar con los empresarios y la burocracia sindical oficialista. No habiendo voluntad para dialogar con otros sectores como la propuesta expuesta por la Conferencia Episcopal en 2014 la cual no fue debidamente atendida.

En el plano macroeconómico según fuentes oficiales existen un crecimiento superior al de otros países de la región, pero los niveles de pobreza continúan siendo inaceptables. Seguimos siendo el segundo país más pobre de América y el primero de América Central siendo los más afectados las mujeres, niños, niñas. Las acciones gubernamentales no cambian esta situación, los precarios ingresos salariales, ausencia del seguro social, inestabilidad, marcan la vida de los trabajadores. La industria extractiva incremento la conflictividad social, en 2014 esta industria dejó en evidencia la inseguridad en la que laboran los mineros artesanales. Este deterioro sumado al déficit de los derechos humanos puede constituir la “tormenta perfecta” para la población que en su mayoría vive en condiciones de pobreza.

Destacó que en 2014 durante el Examen Periódico Universal EPU Nicaragua recibió 209 recomendaciones, cien más que en el EPU anterior, a un año de esa revisión el gobierno no ha informado sobre el plan de implementación de estas. Paradójicamente recomienda a otros involucrar a la sociedad civil, lo que está lejos de materializarse a nivel interno.

Durante 2014 el CENIDH recibió 1577  denuncias constatando la violación de derechos humanos en el 72 % de los casos recibidos. La autoridad más denunciada sigue siendo la Policía Nacional señalada en 749 casos, 100 casos más que los denunciados en el año 2013. La gravedad ha aumentado siendo los derechos más violentados: la seguridad jurídica, integridad física, el derecho a vivir libre de violencia y el acceso a la justicia. 

Finalmente, señaló que en este contexto difícil y de claro deterioro a los derechos humanos son los sectores sociales quienes deben continuar luchando por la plena vigencia de los derechos humanos, y manifestó el compromiso del CENIDH para  continuar  acompañado estas luchas y trabajando por Nicaragua y sus derechos.

29 de mayo de 2015.
                     

                                    ¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!