Por segundo año consecutivo la celebración del Día Internacional de la Mujer fue obstaculizada y reprimida por la Policía Nacional. Acción que según consideración de la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia “ha quedado demostrado que en Nicaragua,  quien manda es un dictador machista y que la Jefa de la Policía Nacional, Primer Comisionada Aminta Granera, se quitó la careta de feminista”.

Este 8 de marzo, desde horas de la mañana, mujeres antimotines fueron apostadas en las cercanías del Hotel Crowne Plaza, lugar donde el movimiento amplio de mujeres,  el CENIDH y ciudadanía en general habían fijado como punto de concentración para iniciar la marcha que año con año realizan para celebrar el Día Internacional de la Mujer.  Esta celebración de las mujeres también fue reprimida y obstaculizada el año pasado.

El gobierno de Daniel Ortega, movilizó a centenares de trabajadores del Estado que se apostaron en las Rotondas de Managua, agitando banderas del partido de gobierno.

Para la Presidenta del CENIDH, “ayer 8 de marzo, quedó demostrado el esfuerzo del gobierno por reprimir a todo el que quiere manifestarse y expresarse libremente, hubo una exhibición de autoritarismo, de obstaculización de cualquier tipo de marcha. A pesar de esto las mujeres marchamos y esa demostración de fuerza del gobierno sirvió para evidenciar a nivel internacional la persistente lucha de las mujeres nicaragüenses en la defensa de sus derechos. 

“Les prometemos a las mujeres policías que están siendo instrumentalizadas,  que vamos a seguir luchando para que recobren su libertad,  su dignidad de mujer, su dignidad institucional y que no sigan siendo usadas como fuerzas de choque ni como instrumento para reprimir a mujeres” dijo la defensora de derechos humanos.

El CENIDH suscribió el pronunciamiento del movimiento amplio de mujeres que se propone  frente a este panorama  complejo, exigirle al Estado y a la sociedad: el respeto de los derechos de las mujeres  sobre sus cuerpos, sus vidas,  la despenalización del  aborto terapéutico, la aplicación de la Ley 779 y la revocación de su reglamento.

La implementación de una política de derechos sexuales y reproductivos que dé respuesta a las necesidades de las mujeres en cada etapa de sus vidas y reconozca la diversidad. La formulación de una política de empleo que parta de las demandas de las trabajadoras de los diversos sectores, no negociada con las élites económicas; así como la formulación y aplicación de una política integral de reducción de la pobreza en la Costa Caribe y pronta resolución de conflictos de tierra y riesgos para las comunidades indígenas, y en particular para las mujeres.