CENIDH solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humamos (CIDH) otorgar medidas cautelares para proteger la vida de la periodista de LA PRENSA, Elízabeth Romero. A continuación integra la carta enviada al Relator de Libertad de Expresión de la CIDH


                                                                                            Managua, 14 de noviembre del 2014



Doctor
Emilio Alvarez Icaza
Secretario
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)

Estimado Doctor Alvarez Icaza:
En el mes de octubre del pasado año informamos a la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre la vigilancia, seguimiento y divulgación malintencionada que habría merecido por parte de órganos de inteligencia del Estado de Nicaragua la gira a Danlí, Honduras en la que participaron Monseñor Abelardo Mata y un equipo periodístico del Diario La Prensa conformado por la periodista Elizabeth Romero Ramos y el fotógrafo Manuel Esquivel, con el objetivo de dar cobertura el equipo periodístico a un encuentro entre nicaragüenses presuntamente alzados en armas y el prelado nicaragüense.

El día de ayer hemos recibido en el CENIDH a la Sra. Romero, quien en las últimas semanas ha sido víctima de una campaña de desprestigio en las redes sociales en la cual se le busca vincularle con la actividad de los grupos rearmados,  cuya existencia ha sido negada reiteradamente por el gobierno de Nicaragua.

Según nos informó la periodista, para emprender esta campaña fue necesario hackear la cuenta de Facebook de la denominada Coordinadora Guerrillera denominada “Voz Solidaria”,  publicando que el tema de los grupos armados salió solo de la mente de una periodista de La Prensa, refiriéndose a Romero  y de  “otro de Radio Corporación”, refiriéndose al Sr. Alfredo Salinas.

Luego en esa misma página aparecieron informaciones en las que pretenden “desenmascarar” a miembros de la denominada Coordinadora Guerrillera, tildándoles de estafadores y en una de las fotografías hacen aparecer al padre de los hijos de la periodista Elizabeth Romero, de quien ella está  separada desde hace siete años.

Refirió la periodista que en otros sitios a los que ha sido invitada a suscribirse han colocado información difamatoria y calumniosa hacia ella, calificándole como “vocera oficiosa de guerrilleros virtuales” y circulan su rostro en una fotografía en una actividad de capacitación periodística en la que participó en Costa Rica.  De igual forma, en la página Nicaleaks han divulgado cuatro correos en los que la periodista, en ejercicio de  su labor investigativa dirigió al  Coordinador Político del Estado Mayor Conjunto de la Coordinadora Guerrillera nicaragüense 3.80 planteándole unas preguntas sobre la masacre del 19 de julio del corriente y otros hechos en los cuales habría participado o de los cuales habría tenido conocimiento la denominada Coordinadora.

Todas estas acciones tienen como fin intimidar a la periodista y podrían alentar una agresión en su contra, si tenemos en cuenta el entorno hostil que existe en Nicaragua para el ejercicio de la libertad de expresión, el alto grado de polarización que existe en la sociedad nicaragüense y el rol activo de denuncia de las arbitrariedades del poder que ha desempeñado Romero,  por el cual está siendo víctima de esta represalia en su contra.

Por ello, presentamos a su consideración y a través suyo, a la consideración de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgar medidas cautelares a la periodista Elizabeth Romero, a fin de que el Estado de Nicaragua se obligue a proteger su vida e integridad física frente a una eventual agresión.

El diario para el cual labora la periodista es el Diario La Prensa, al cual el propio Presidente Daniel Ortega se ha referido en una gira por Venezuela expresando que: “es el diario de oposición más duro que tenemos en Nicaragua” . La embestida gubernamental hacia el diario antes referido ha incluido durante los años de gobierno de Ortega: procesos por injurias y calumnias contra sus directivos, obstaculización a la circulación del diario por parte de sindicatos afines al gobierno, la instrumentalización del Ministerio del Trabajo y del Instituto de Seguridad Social en su contra y por supuesto, la política de no pautar publicidad del gobierno. Las restricciones y represalias hacia sus periodistas incluyen obstáculos para ingresar a conferencias de prensa, llegando hasta las agresiones físicas como ocurrió cuando Izayana Martínez y Lucía Navas, periodistas del Diario fueron agredidas y amenazadas con ser detenidas cuando daban cobertura al desalojo de los comerciantes en la aduana central ocurrido el 14 de mayo del corriente o la agresión de que fue víctima el 16 de julio el fotógrafo Manuel Esquivel en el sector de Metrocentro en Managua, cuando intentaba mediar para que fuerzas de choque pro gubernamentales no agredieran a una periodista de Canal 12 de Televisión.

Los recursos internos no son eficaces debido al deterioro de la institucionalidad de la Policía Nacional lo que se ha comprobado en las numerosas investigaciones policiales que no condujeron a la sanción de los responsables y a la falta de independencia del resto de operadores de justicia. Así lo confirma la denuncia que realizaron más de ochenta periodistas nicaragüenses en el mes de julio del corriente ante el Comisionado Fernando Borge, jefe de relaciones públicas de la Policía Nacional planteándole que la impunidad en la que quedan las agresiones contra los y las periodistas les deja en estado de indefensión cuando a la vista y paciencia de la policía son agredidos, refiriéndose a diez actos de agresión que sufrieron en los últimos meses .

No omitimos recordar que previa adopción del Informe para la segunda revisión del Examen Periódico Universal a Nicaragua el propio gobierno de Nicaragua a través de su representante rechazó la recomendación 117.2 que le orientaba “Investigar las denuncias verosímiles de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y enjuiciar a los responsables, según corresponda, de acuerdo con sus obligaciones y sus compromisos internacionales”. El representante de la diplomacia nicaragüense intentó justificar su rechazo a esta importante recomendación, expresando:

“34.    No aceptamos la recomendación 117.12, en vista que Nicaragua somete a la justicia las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos que pudieran haber sido cometidas por las fuerzas de seguridad.”

La evidente impunidad en la que han quedado todas las agresiones contra periodistas demuestra la falsedad del argumento expresado por el representante gubernamental.

Teniendo en cuenta la sistematicidad con la que la periodista Romero está siendo víctima de distintas acciones en su contra, como son:

1.    El espionaje respecto de su visita a Honduras y la mal intencionada divulgación de la misma, hecho respecto del cual ninguna autoridad asumió su responsabilidad.
2.    El seguimiento a sus comunicaciones por Facebook y la publicidad para aquellas que ha dirigido a presuntos miembros de grupos armados en el ejercicio del periodismo investigativo que realiza.
3.    El señalamiento de que es la vocera oficiosa de guerrilleros virtuales, lo cual luego de la masacre del 19 de julio expone claramente su vida e integridad física en un entorno polarizado.
4.    La exposición de aspectos de su vida personal con el afán de deteriorar su honra, al divulgar imágenes del padre de sus hijos, vinculando a éste con actos reñidos con la ética.

Siendo evidente la gravedad de la situación que enfrenta la periodista Elizabeth Romero Ramos, sometemos a su consideración aplicar la excepción correspondiente a fin de otorgarle las medidas cautelares solicitadas en su favor. La periodista nos ha expresado su conformidad con esta solicitud como lo evidencia la carta adjunta. 
También adjuntamos copia de la carta que nos dirigió la Sra. Romero y de la información publicada en Nicaleaks.
Aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,



Vilma Núñez de Escorcia                        Mauro Ampié Vílchez
Presidenta                                Director Ejecutivo


Cc: Dr. José de Jesús Orozco Henríquez,
      Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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