ANTECEDENTES

Desde el pasado 3 de noviembre, unos doce taxistas del municipio de Totogalpa mantenían una protesta contra la medida del MTI en Nueva Segovia de cambiarles la ruta inter urbana cuando realizan viajes al municipio de Ocotal. Anteriormente, ingresaban hasta el interior de la ciudad de Ocotal, con las nuevas disposiciones los taxistas solamente podrían llegar hasta la salida sur de Ocotal, propiamente en la gasolinera antigua Shell.

Esta medida ha perjudicado tanto a taxistas, como a sus usuarios, pues implica mayores costos económicos porque tienen que abordar dos unidades de taxi, desde Totogalpa hasta la salida de Ocotal y luego abordar taxi en Ocotal para llegar hasta su destino. Los pobladores prefieren viajar en taxi porque resulta aún más económico que en los buses inter urbanos, llegan hasta su destino en una sola unidad y de forma más rápida, por estas razones la protesta estaba siendo apoyada por pobladores (usuarios del servicio).

Desde que inicio la protesta demandaron respuesta de las autoridades edilicias de Ocotal y de funcionarios del MTI; pero éstos no se hicieron presentes; ni accedieron a la petición de reunirse con los reclamantes. Frente a la falta de atención, los 12 taxistas apoyados por unos 500 pobladores realizaron un tranque (cierre total de la vía) en la salida norte del municipio de Totogalpa, propiamente frente a los graneros.

Dos días después, el 5 de noviembre,  la Policía Nacional (oficiales regulares y tropas especiales; anti disturbios); estando al frente el Comisionado Mayor Juan Manuel Chávez Chávez, jefe departamental de Madriz realizó un desalojo violento de los taxistas y pobladores que los apoyaban. La policía hizo uso de gases lacrimógenos y presuntamente de armas de fuego; los taxistas y pobladores se valieron de palos y piedras.

Los enfrentamientos iniciaron a eso de las 3:00 de la tarde y finalizaron a las 11:00 de la noche del 5 de noviembre del corriente; a eso de las 8:00 pm el adolescente Kevin Alberto Bautista López, de dieciséis años de edad, recibió un impacto de bala en el cráneo, fue trasladado al centro de salud del municipio de Totogalpa y por la gravedad al Hospital Dr. Alfonso Moncada de Ocotal; donde falleció dos horas después.

De los testimonios recibidos se desprende que el joven se encontraba cerca de los graneros de Totogalpa, lugar donde se realizaba el desalojo, quien era estudiante de tercer año de secundaria. “El muchacho estaba sentado en una esquina, a unos cuarenta metros de donde se producía el desalojo. Estaba observando y de repente cayó (al suelo). Unos pobladores lo recogieron y se dieron cuenta que tenía una herida en la cabeza”.

DILIGENCIAS PRACTICADAS

Desde que inició la protesta, el equipo de la filial del CENIDH en Estelí a cargo del Lic. Alberto Rosales; monitoreó con promotora/es del municipio de Totogalpa; al conocer del joven herido y trasladado a Ocotal en estado de gravedad se mantuvo comunicación con los promotores, confirmándose su deceso alrededor de las 10 de la noche.  

En horas de la mañana del 6 de noviembre,  un equipo de la filial se trasladó al lugar de los hechos para documentar el caso, presentándose en la casa de la señora Petrona Pascasia López Paz; madre de Kevin, quien expresó su indignación y demandó justicia ya que teme que el crimen quede impune, teniendo en cuenta que las autoridades en un principio expresaron que su hijo había muerto como resultado de una pedrada.

Con la epicrisis extendida por el Hospital se demostró que la muerte del adolescente fue por herida craneoencefálica por arma de fuego; descartándose así la primera versión oficial. En ese momento le dieron aviso al promotor de derechos humanos; Fleder Cruz Flores que a la entrada del barrio donde se estaba velando al joven, oficiales de policía tenían retenido al Diputado del PLI para el departamento de Madriz; Dr. Armando Herrera con la intención de ocuparle la gorra que pertenecía y portaba la víctima al momento que recibió el disparo; pues unas horas atrás la madre se la había entregado.

El equipo del CENIDH acudió al sitio y comprobó que unos seis oficiales de policía estaban tratando de quitarle la gorra al diputado, según denuncio éste. La evidencia demostraba que el agujero que tenía la gorra era producto de arma de fuego. El coordinador del CENIDH abordó al jefe de la patrulla policial, quién se negó a identificarse ante la solicitud de que extendiera un recibo de ocupación por la entrega de la gorra.

Frente a esta solicitud el Inspector llamó a sus superiores; quienes le orientaron permitir que el equipo de la filial y promotora/es se constituyeran en la unidad policial para formalizar la entrega de la evidencia; siendo atendidos por el Comisionado Rafael Moncada Barrera; jefe de la especialidad de Auxilio Judicial en el departamento de Madriz; a quién se le entregó dicho elemento de investigación en conjunto con el diputado Herrera.

Posteriormente, el CENIDH brindó acompañamiento a la madre del joven; ofendida en esta causa para la interposición de la formal denuncia, el jefe policial argumentó que ya existía denuncia por parte de Pedro Pablo Bautista López; hermano de la víctima, la que se recibió en el Hospital de Ocotal por lo que se insistió en que se le tomara  declaración a su mamá, como ofendida; habiendo negativa por la policía. Luego de que el CENIDH demandara el  derecho de la madre a ser oída el Comisionado Moncada Barrera afirmó que se le tomaría declaración, pero no sería en ese momento porque no se encontraba el detective que está documentando el caso.

El CENIDH considera que la negativa de recibir la declaración de la madre es una táctica dilatoria, pues al finalizar el día aún no se le había tomado declaración.

Testimonios de los vecinos:

Se recibieron testimonios de vecinos del lugar de los hechos, quienes por temor a represalias de la policía solicitaron omitir sus nombres. Los declarantes denunciaron que oficiales policiales invadieron sus propiedades, resguardándose en las mismas desde donde lanzaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas (de al menos unos 3 tipos de bombas). Además, se encontraron cartuchos de bala AK 47; presuntamente con balas de salva y expresaron que la policía, irrumpió en las propiedades vecinas los oficiales de policía amenazaron a los propietarios, argumentando que estaban apoyando a los protestantes.

Un vecino inclusive denunció que oficiales de policía lo insultaron, lo tomaron con violencia por el cuello, le tomaron fotografías y lo amenazaron con llegar por la noche y matarlo; existiendo temor en este poblador para presentar formal denuncia, pues no confía en la autoridad policial.

También se recibieron testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos; uno de ellas denunció haber recibido amenaza de un oficial, quién le apuntó con su arma en la cabeza y le dijo que lo mataría si no se iba del lugar. Los relatos de los entrevistados por el equipo del CENIDH coinciden en que fue el Comisionado Mayor Chávez Chávez quien dio la orden de reprimir la protesta, así como también les ordenó a los dueños de vehículos que se encontraban en el tranque seguir su marcha por encima de los pobladores que protestaban, lo cual expuso sus vidas. 

Coinciden los testimonios en que la violencia fue iniciada por la Policía, que los pobladores se defendieron con palos y piedras, que en ningún momento identificaron a un solo civil que portara arma de fuego, que hubo brutalidad policial, uso irracional de armas de fuego (bombas lacrimógenas) y amenazas selectivas a taxistas y pobladores que protestaban. Imágenes ampliamente difundidas por distintos canales de televisión evidencian lo anterior.

Se documentó testimonio al joven Joelvi Iván Barrera Hurtado; quien fue obligado a subirse a una unidad policial la noche de los hechos, sin explicación alguna, siendo trasladado a las celdas preventivas de la policía en Ocotal  sin informar a sus familiares, su madre preguntó por él sin tener respuesta. Fue hasta el día siguiente que su madre logró dar con el paradero del joven, siendo liberado bajo amenaza por parte de oficiales policiales.

Este joven denunció haber sido agredido desde el momento de su detención. Al llegar a las celdas preventivas de Ocotal fue conducido bajo agresión física y tortura psicológica, pues según expresó, en todo momento los oficiales lo amenazaban con juzgarlo por 11 delitos, entre ellos la muerte de Kevin Alberto, pues le decían tener en su poder un video que demostraba que él le había propinado la pedrada en la cabeza, identificó a parte de sus agresores; a los oficiales Edwin y Ricardo, de quienes desconoce sus apellidos.

Entrevista con la autoridad policial:

El equipo del CENIDH se entrevistó con el Comisionado Rafael Moncada Barrera; jefe de la especialidad de Auxilio Judicial en el departamento de Madriz, quién se encontraba en la unidad policial del municipio de Totogalpa, además de hacerle formal entrega de la gorra que portaba Kevin, se le solicitó información oficial al respecto, manifestando únicamente que fue una trifulca, que un equipo especial de Managua haría las investigaciones; admitió tener bajo custodia el proyectil que le causó la muerte, desvirtuando así la primera versión que se trató de una pedrada; al preguntarle por oficiales de policía lesionados refirió habían dos, pero no de gravedad, producto de pedradas.

A eso de las 05:00 de la tarde,  la policía a través de su vocero, el Comisionado Mayor Fernando Borge emitió comunicado que refiere que a la hora que el adolescente recibió el balazo se encontraba un grupo de personas alterando el orden y realizando disparos, que ellos mantuvieron su posición y hasta después se conoció del ingreso del adolescente al hospital de Ocotal. Dicho comunicado de manera vaga, hace alusión que fueron civiles los que dispararon y por ende, los que causaron la muerte del joven.

Fue hasta que se dio la muerte del joven que autoridades edilicias de Ocotal y Somoto y funcionarios del MTI de Madriz y Nueva Segovia decidieron reunirse con los taxistas para abordar la problemática. 

CONSIDERACIONES DEL CENIDH

1.    Los hechos ocurridos en Totogalpa ampliamente descritos en este Informe demuestran que se ha establecido un patrón de represión violenta de las protestas con consecuencias fatales para la vida, en este caso, de un adolescente  cuya muerte no debe quedar en la impunidad.

2.    A partir de las diligencias realizadas y los testimonios recibidos se confirma que existió desproporcionalidad en el uso de la fuerza mediante el uso de gases lacrimógenos y de armas de fuego. El uso de bombas lacrimógenas en sectores poblados está prohibido por instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua.

3.    En el contexto de la represión, se privó de la vida de un joven de 16 años de edad, que cursaba la secundaria. El joven fue víctima de la indolencia de las autoridades competentes para concertar las políticas y decisiones relativas al transporte público y de las autoridades de policía que optaron nuevamente por poner fin a la protesta recurriendo a la violencia, independientemente de quién haya sido el autor del disparo homicida.

4.    La Policía puso en grave riesgo la integridad física, psíquica y hasta la vida misma de los pobladores del municipio de Totogalpa; especialmente de los pacientes y personal que se encontraban en el centro de salud del municipio ya que lanzaron bombas lacrimógenas a escasos 150 metros del centro asistencial.

5.    La Policía en su actuación desatendió la Constitución Política de Nicaragua, la Ley de Policía y demás leyes que rigen su actuación,  como pactos, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

6.    Se ha vuelto una constante que las autoridades atiendan los reclamos de la población hasta que hay resultados trágicos de las protestas. El trágico hecho que motiva el presente debe persuadir a las autoridades a no continuar valiéndose de la fuerza desproporcional para acallar protestas legítimas que son una respuesta ante la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades a los problemas de la población.

7.    El comunicado policial se contradice con los testimonios recabados por el equipo del CENIDH, pues en ningún momento se evidenció la presencia de personas civiles con armas de fuego; no así con los oficiales de policía que como es lógico portan armas de reglamento.

8.    La actuación del jefe policial, Comisionado Mayor Juan Manuel Chávez Chávez, puso en riesgo a los participantes en la protesta.

9.    La labor del CENIDH fue nuevamente hostigada por los oficiales de inteligencia policial; Geonelio Cuadra y Alfonso González, quienes vigilaban las acciones del equipo para la documentación del caso. Lamentamos que la policía intente obstaculizar la labor de defensores de derechos humanos.
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el CENIDH demanda de las autoridades policiales, Ministerio Público y judiciales el esclarecimiento de los hechos, a través de una investigación exhaustiva, veraz, imparcial, objetiva y sobre todo creíble, dado que en los hechos trágicos la policía fue parte; la individualización de los hechos, la identificación de los participaciones y la correspondiente acusación debidamente fundamentada del Ministerio Público y sanción.

El CENIDH demanda el cese de las malas prácticas de represión y violación de derechos humanos de parte de la Policía Nacional así como de las acciones de hostigamiento y obstaculización hacia la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.

¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!

Managua, 10 de noviembre de 2014