Del 12 al 14 de agosto del presente año se celebra en Nicaragua el I congreso Internacional de Minería en Nicaragua organizado por la Cámara Minera de Nicaragua con el Apoyo del Ministerio de Energía y Minas y ProNicaragua, entre otras entidades públicas y privadas. El objetivo de este congreso es promover al país a nivel internacional como como un país atractivo para la inversión en el sector minero.
Cabe destacar que en Nicaragua en el año 2013 el oro se constituyó como el primer producto de exportación con 431. 60 millones de dólares equivalentes a 309.5 millones de onzas (onzas troy). Este aumento exponencial de la actividad minera a gran escala y mediante la industria de enclave en Nicaragua  es parte de una política gubernamental dirigida a promover la extracción a gran escala. Para ello en la última década, el gobierno impulsó un plan de expansión minera basado en la explotación de oro y la plata, destinada en su mayoría para la exportación. Igualmente, desarrolló normativas para flexibilizar el marco jurídico en esta materia y de esta manera favorecer a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Este clima favorable para las inversiones mineras en Nicaragua se refleja en el incremento de la superficie concesionada para la explotación pasando en los últimos años (2009-2012) de  6% a 11 % del territorio nacional, es decir unos 15 mil kilómetros cuadrados. Actualmente, según datos del Ministerio de Energía y Mineas existen alrededor de 170 concesiones en diferentes partes del territorio. No obstante, esta promoción no considera que esta actividad genera únicamente del 3% “en regalías” y sólo aporta el 1.8% al Producto Interno Bruto (PIB), unos cuantos miles de empleos precarios y el deterioro del ambiente, principalmente del recurso hídrico, inutilizando importantes áreas permanentemente y exponiendo a muchísimas personas a situaciones de riesgo por el derrame de sustancias químicas peligrosas, entre otros.
Indudablemente este tipo de proyectos traen consigo impactos económicos, ambientales y sociales que van desde el desplazamiento de comunidades hasta poner en peligro los ecosistemas naturales sobre todo las fuentes de agua. Tal situación ha generado diferentes problemáticas sociales a las cuales el CENIDH  ha venido dando seguimiento  en Santo Domingo Chontales, Santa Pancha en Larreynaga León y Rancho Grande en Matagalpa.
Y es que contrario al discurso de las transnacionales mineras, enfocado en el desarrollo y beneficio de las comunidades aledañas a los yacimientos, los casos de Santo Domingo Chontales y la
Comunidad Santa Pancha en Larreynaga León, documentados por el CENIDH en Informes del 19  febrero del 2013 y 28 de febrero de 2013, evidencian un deterioro de las condiciones ambientales, de las formas de vida históricas y de la  paz social reflejado en las protestas de los mineros artesanales quienes además fueron víctimas de persecución, detenciones masivas y arbitrarias por parte de funcionarios policiales. En  Santa Pancha, donde perdió la vida Blanca Aracely Sánchez Valdivia de 28 años de edad con ocho meses de embarazo a raíz del  hundimiento de su casa de habitación, además de la criminalización de la protesta social de los pobladores que exigían mayor seguridad, viviendas dignas y un ambiente seguro, el caso sacó a luz las afectaciones severas al entorno en las áreas explotadas.
En el caso de Rancho Grande desde el 2012 la población de este municipio ha planteado expresamente su rechazo al Proyecto Minero Pavón Rancho Grande impulsado por la empresa minera B2 gold, lo que los ha llevado a realizar diferentes marchas  y protestas. Este rechazo en un primer momento compartido públicamente por las autoridades edilicias, sin embargo desde hace un año la alcaldesa María Isabel González Amador evita pronunciarse al respecto, asimismo pobladores han informado el resguardo del Ejército en el área de influencia del proyecto, lo que hace suponer la entrega del aval social por parte de las autoridades del gobierno local. Esta situación provocó que desde mediados de julio de este año padres de familia de al menos 22 comunidades se nieguen a enviar a sus hijos e hijas a la escuela, ello como mecanismos de protesta  y como expresión de rechazo a la minería en el municipio
Para el CENIDH es deber del gobierno preservar y conservar el medio ambiente no solo por la riqueza que representa para el país sino por el valor intrínseco que dichos ecosistemas representan por sí mismos al ser el hogar de diversas especies animales y vegetales.  En este sentido, la Constitución señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.  Asimismo, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, establece el deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente,  mejorarlos,  restaurarlos  y  procurar  eliminar  los  patrones  de  producción  y consumo no sostenibles (artículo 4 numeral 2). Estas disposiciones señalan con claridad el deber ineludible del Estado en la protección del medio ambiente.

Por lo antes expuesto el CENIDH demanda al Estado de Nicaragua mayor coherencia en lo que hace a su deber de cuido y protección del medio ambiente, pues el apoyo a la actividad minera bajo el discurso de la generación de empleo se contrapone de forma absoluta a este deber.  La vigencia de los derechos fundamentales pasa por la configuración de condiciones de desarrollo sostenible y sustentable, lo que de ninguna forma puede ser garantizado con este tipo de proyectos altamente destructores de la calidad de vida de la población.