Wilfredo José Balmaceda, José Ricardo Cortez, Eddy Antonio Gutiérrez, José Olivar Meza y Sacarías Cano Ángulo reportados al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH  como detenidos ilegalmente por la Policía Nacional y el Ejército este 26 de julio, presuntamente por los hechos ocurridos el 19 de julio en los que fallecieron cinco personas en ciudad Darío y San Ramón jurisdicción del Departamento de Matagalpa, cumplen este lunes 11 de agosto 336 horas de detención ilegal sin ser presentados a la orden de autoridad competente. Por otra parte,  Rosendo Huerta y Jairo Antonio Delgadillo detenidos el 28 de julio y el 3 de agosto cumplen 296 y 168 horas respectivamente.
La falta de información sobre su paradero obligó a que familiares, así como un equipo del CENIDH Filial Matagalpa, aguardaran desde su detención en las afueras del Complejo Judicial de Matagalpa a la espera de su presentación ante autoridad competente. En tal sentido, fue hasta el jueves 7 de agosto a través de conferencia de prensa de los altos mandos de la Policía Nacional que tuvieron conocimiento que éstos se encontraban detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, ello pese a que el CENIDH  en diversas ocasiones acompañó a varios de los denunciantes a dicha Dirección donde les negaron cualquier información sobre sus familiares, siendo hasta dicha conferencia en que por unos momentos pudieron verlos  a través de la televisión, pues  desde su detención no han tenido ningún tipo de comunicación.
Cabe destacar que a la fecha 11 de agosto, a las 12 m., la acusación del Ministerio Público no había ingresado a la oficina de ORDICE del complejo judicial de Matagalpa, según constatación realizada por la filial Matagalpa.  Esta situación de inseguridad jurídica violenta flagrantemente los derechos fundamentales de los detenidos y  de sus familiares contraviniendo garantías establecidas en la Constitución Política, Código Procesal Penal y tratados internacionales que establecen el derecho a ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente, siendo el término legal 48 horas, el cual ha sido ampliamente rebasado.
La actuación de la Policía Nacional  es contradictoria con las declaraciones este 7 de agosto de la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, en la que da por esclarecido los hechos ocurridos el 19 de julio ya que si los mismos fueron esclarecidos por qué no se procede a remitir a los sospechosos a autoridad competente. En tal sentido, es inadmisible 96 horas después de dicha conferencia a la fecha no se haya remitido a juez competente a los detenidos, ni se haya presentado acusación por la Fiscalia. Por lo tanto, a esta hora estamos presentando recurso de Habeas Corpus a favor a los detenidos.
Para el CENIDH esta situación de inseguridad jurídica es un eslabón más de la amplia cadena de graves violaciones a los derechos fundamentales que ha caracterizado este proceso investigativo. Los hechos graves y condenables ocurridos el 19 de julio  no justifican la violación de derechos ni la comisión de delitos por parte de la Policía Nacional. En virtud de lo expuesto, el CENIDH demanda el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Nicaragua en lo que hace a los derechos civiles y que garantice de manera irrestricta el respeto a las garantías del debido proceso de los detenidos.