Irrupción de fuerzas policiales con uso excesivo de la fuerza y sin orden judicial en las viviendas de siete familias de San Ramón, San Isidro y Ciudad Darío; intervención de fuerzas militares en contravención a la ley, ejecución de capturas sin respeto a las garantías procesales y derechos fundamentales, ejecutadas como verdaderos secuestros; ocupaciones de vehículos y objetos personales sin sujeción a las procedimientos establecidos en la ley; falta de información a los familias sobre el paradero de los detenidos son los denominadores comunes de la actuación policial en los allanamientos ejecutados en la madrugada del sábado 26 de julio y que han marcado el proceso investigativo de los hechos ocurridos este 19 de julio. Estas conclusiones preliminares se desprenden la labor investigativa realizada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH  y de las denuncias interpuestas por familiares de detenidos.

En tal sentido, este 28 de julio en horas de la mañana se recibió en la sede del CENIDH en Managua a Milagros Isabel González Mejía familiar de José Olivar Meza Raudez capturado en su vivienda ubicada en la Comunidad de Santa Rosa de Lima en horas de las madrugada (1: 30 am) del 26 de julio. Más tarde, se recibió en la Filial Matagalpa a Tomasa de los Ángeles Angulo García, habitante de la Comarca Sabana Grande, jurisdicción de San Ramón, madre de Sacarías Cano Ángulo detenido en horas de la mañana (7:00 am) por oficiales del ejército  en la Comunidad El Carrizo y a Elieta del Socorro Torrez Cardoza familiar del señor Wilfredo Balmaceda, habitante del Barrio El Laborío jurisdicción de Ciudad Darío, desaparecido desde el viernes 25 de julio.

Ese día también se realizó visita in situ en el Bario El Laborío de Ciudad Darío donde se conversó con representantes de las cinco familias allanadas: Ana Liseth Treminio Matamoros, Maritza Ruiz Espino, Sonia Quintana, Elba Castrillo y Bayardo Balmaceda, los tres últimos familiares de Wilfredo Balmaceda. También, se visitó la vivienda de Jesús Gutiérrez Balmaceda padre de Eddy Antonio Gutiérrez Benavidez, detenido en la madrugada del sábado (2:00 am) y con paradero desconocido, donde se entrevistó a su esposa Martha Lorena Sequeira. 

Según relato de Milagros Isabel González Mejía de José Olivar Meza Raudez habitante de la Comunidad Santa Rosa en San Isidro en la vivienda de Olivar Raudez  alrededor de una veintena de policiales, la mayoría de ellos encapuchados, haciendo uso excesivo de la fuerza y rompiendo los portones de la vivienda procedieron a capturarlo, sustrayendo además cinco equipos de cómputo, pues el lugar es arrendadado por el señor José Dávila  para el funcionamiento del único ciber café de la comunidad, 15 mil córdobas provenientes de la venta de un terreno realizada recientemente por el señor José Olivar, así como documentos personales. Esto sin mostrar ninguna orden de allanamiento y captura ni dejar a los familiares recibo de ocupación al finalizar el allanamiento.  Los familiares del señor Olivar manifestaron haber visitado la policía, San isidro, Sébaco y Matagalpa solicitando información sin que hasta el momento le informen de su paradero.

Esa madrugada entre 3:40 y 5:00 de la mañana fuerzas de la policía con apoyo de la técnica canina allanaron cinco viviendas en el barrio El Laborio de Ciudad Darío, tres de familiares del señor Wilfredo Balmaceda, concejal del PLI en Ciudad Darío y dos viviendas de vecinos de éste. Al respecto la señora Ana Liseth Treminio Matamoros denuncio la forma violenta con allanaron su vivienda rompiendo uno de los portones. Asimismo, denuncio que policías encapuchados la apuntaron ella y a su hijo de cuatro años con fusiles AKA, solo luego de revisar la vivienda y que ésta mostrará su cedula de identidad y la de su esposo, así como de un interrogatorio los policías reconocieron que se equivocaron de casa y abandonaron la misma.

Por su parte, la señora Maritza Ruiz Espino señaló que de forma violenta policías encapuchados encañonaron a uno de sus hijos mientras ella pedía que no dispararan. Refirió que preguntaron por el paradero de Balmaceda y luego de unos minutos se retiraron. La señora Ruiz confirmo que este allanamiento fue realizado sin orden judicial. En tal sentido, la señora Sonia Quintana, esposa de Wilfredo Balmaceda, refirió la manera agresiva con que policías entraron a su casa sin importar que en la misma había un menor de 3 años quien además denuncio que los agentes policiales ocuparon una camioneta doble cabina modelo Nissan Frontier 2005, propiedad Luz Marina Balmaceda hermana de Wilfredo Balmaceda. Esta camioneta posteriormente fue vista en diferentes puntos  de Matagalpa (La China, Calabazas y Sébaco) transportando antimotines.

Agentes policiales también allanaron en horas de la madrugada (4:00 am) la vivienda de los ancianos padres del señor Balmaceda, señora Elba Castrillo de 74 años y de Marcos Balmaceda de 84 años, así como la finca de éste ubicada en la Comunidad La China en horas de la mañana (7:00 am), allanamientos realizados sin ningún tipo de orden y en búsqueda de Balmaceda y armas. Cabe destacar que sus familiares señalaron que desde el vienes por la mañana fue la última vez que se comunicaron con éste vía telefónica. En este momento este se encontraba trabajando en su finca ubicada en la Comunidad La China a unos 12  kilómetros de Ciudad Darío.

Ese mismo día en el Barrio Santa Clara, jurisdicción de Ciudad Darío policías allanaron la casa de Eddy Antonio Gutiérrez Banavidez según su esposa Martha Lorena Sequeira manifestó que en horas de la madrugada entraron de forma violenta a su vivienda alrededor de veinte hombres encapuchados y armados con fusiles teniéndolos a todos los miembros de la familia incluyendo a sus tres hijos de 13, 11 y 9 años en el piso y apuntándolos con armas.  Manifestó que ninguno de los oficiales respondía a la pregunta de porque allanaban su casa.

Asimismo, refirió que su hijo de 9 años al escuchar los ladridos de su perro salió al patio y uno de los oficiales desmontó el arma por lo que ella lo increpó gritándole que cuidado disparaba contra su hijo. Al finalizar el allanamiento se llevaron a Gutiérrez prácticamente desnudo. Asimismo, ocuparon 4 teléfonos, una pistola 22 con sus documentos y una camioneta Toyota Modelo 2L año 1980 propiedad de su esposo. No obstante, no firmo ninguna acta de ocupación. Cabe destacar que posteriormente esta camioneta fue vista en el Empalme de Calabazas en la Carretera Panamericana en posesión de militares y oficiales de la policía.

Por su parte, Johana Gutiérrez refirió que desde la detención de su hermano no han tenido información oficial de su paradero por lo que presumen se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial DAJN, El Chipote, por lo que desde el  sábado se han presentado en este lugar para solicitar información sin ningún tipo de resultado, obteniendo más bien burlas de los agentes policiales ya que ante su frustración el domingo gritaban desde el portón. “Eddy Aquí está tu familia”, lo que provocó risas de los agentes policiales. Refirió que lo único que quieren saber es dónde está su familiar y cómo se encuentra.

Finalmente, en horas de la tarde la Filial del CENIDH en Matagalpa  recibió a más de una decena de familiares del señor Sacarías Cano Angulo, habitante de la comunidad el Carrizo, jurisdicción de San Ramón quienes manifestaron que éste fue capturado el 26 de julio a las siete de la mañana por 4 oficiales del ejército armados con fusiles AK 45 quienes sin orden judicial allanaron su casa,  capturándolo de forma violenta, poniéndole un pasa montaña en la cabeza, procediendo a trasladarlo en una camioneta sin decirle a dónde lo llevaban, siendo tal el grado de hermetismo y de violencia de los oficiales que pensaron que tal situación era un secuestro.

Para el CENIDH los hechos descritos son de suma preocupación sobre todo al considerar que es la Policía Nacional por excelencia la institución encargada de  prevenir, investigar y perseguir el delito, ello en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. No obstante, los diferentes testimonios revelan el menosprecio a la ley por parte de funcionarios policiales. Asimismo, es de suma gravedad la irregularidad en que se han ejecutado los allanamientos y capturas inclusive con participación de fuerzas militares, sin respeto a las garantías procesales y sin información del destino o estado de los detenidos, lo que constituye verdaderas desapariciones forzadas, pues las mismas han sido ejecutadas por el Estado.

El CENIDH una vez expresa su condena a los hechos ocurridos el 19 de julio en los que perdieron la vida cinco personas, sin embargo la investigación de los mismo no constituye justificación para violentar los derechos fundamentales de imputados, investigados y de sus familiares. En consecuencia, demandamos cese la violación sistemática a los derechos fundamentales por parte de la autoridad policial, la no intervención del ejército, el respeto a las garantías procesales de los detenidos y una investigación exhaustiva de cara a determinar responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios policiales involucrados en estos operativos. Asimismo, demandamos una vez más el Estado de Nicaragua la verdad de los hechos ocurridos el 19 de julio.