Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días que han resultado en la muerte de al menos 6 personas.
Ante este escenario, el Estado venezolano debe iniciar una investigación de oficio, independiente, imparcial y efectiva, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.
El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en los últimos días.
Es fundamental que en virtud de las normas de derecho vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y a la manifestación pacífica, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.
22 de febrero del 2014