El Señor Alejandro Mercado Calero y su esposa, la Señora María Isabel Hernández, una vez más demandan que les regresen la propiedad que recibió en herencia de su padre, de la cual fue despojado.
Por más de diez años desarrolló una batalla legal que culminó con sentencia ejecutoriada en la cual el Poder Judicial ordena restituir su derecho de propiedad. El CENIDH conoce de este caso desde el 2013 y verificó la negativa de la Policía Nacional de prestar el auxilio necesario para hacer cumplir lo ordenado por los tribunales.
Esa negativa no sólo afecta su derecho de propiedad sino que viola sus derechos fundamentales, como la seguridad jurídica y la protección que ordena la Ley 720 del Adulto Mayor.
Según Don Alejandro, el problema data de los años ochenta, cuando estuvo preso seis años porque lo acusaron de ser guardia y cuando salió libre,  su propiedad ya estaba ocupada por quienes le denunciaron; desde entonces ha luchado por la vía legal para que le regresen las ocho manzanas de tierra que recibió en herencia de su papá y la cual les permitía sobrevivir de lo que producían los cultivos.
En su relato, expresaron que ellos “posan” en casas de familiares y amigos, se gana la vida trabajando en el campo (macheteando piñas, pitahayas, limpiando predios) para mantenerse ellos y a un hijo que es discapacitado.
El Abogado del CENIDH, Carlos Guadamuz, manifestó que han verificado el caso y que lograron constatar oficios  emitidos el 28 de junio del 20011, 6 de febrero del 2012 y con ejecutoria librada el 7 de febrero del 2013,  por la Dra. Fabiola Velázquez Villanueva, Juez Local Único de la Concepción en los cuales ordenó por Ministerio de Ley la entrega del inmueble al Señor Alejandro Mercado. Por su parte,  la Policía de la Concepción se ha negado a acompañar a la Juez  a ejecutar la sentencia manifestando que “está en revisión administrativa en asesoría legal.”
Guadamuz enfatizó que “la Ejecutoria constituye el máximo documento que puede otorgar el Poder Judicial que establece una cosa juzgada que se conoció, se analizó, se resolvió y se sentenció en este caso que se entregue el inmueble”.
El 13 de febrero del 2013, Don Alejandro también hizo del conocimiento su caso ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), sin embargo no ha recibido respuesta.
Cabe señalar que el artículo 52 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho de hacer peticiones, de denunciar anomalías y de recibir repuestas en los plazos que la Ley establece, sin embargo a Don Alejandro no le han dado una repuesta. Esto significa que que el despojo del que han sido víctimas ha quedado en la impunidad, y de igual forma hay violación a la Ley 720 del Adulto Mayor que establece que los y las adultos mayores tienen derecho a la seguridad jurídica, a la protección social del Estado y de la Sociedad en relación a sus garantías fundamentales.