El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica,
frente a la eventual ratificación de la reforma constitucional que remilitarizará Honduras,

MANIFIESTA:

La remilitarización de la seguridad pública ha sido una tendencia durante los últimos años en los países
que componen la región centroamericana. Bajo la justificación de un pretendido control de los altos
índices de violencia que enfrenta la región, los gobiernos han generado políticas públicas que buscan su
eliminación inmediata. Lo anterior, ha ocasionado la creación de modelos de “seguridad” represivos
para tratar de paliar el fenómeno de la delincuencia; no obstante, estos no han dado los resultados
esperados. De manera directa, las políticas públicas en materia de seguridad han desembocado en la
remilitarización de la sociedad.

Per se, la remilitarización de la seguridad pública, constituye un detonante de futuras violaciones a los
derechos humanos orientadas por el Estado a la ciudadanía en general y en muchos casos de manera
particular a la ciudadanía organizada que defiende y reivindica sus derechos por medio de la protesta
pública.
En Honduras, la Policía Militar de Orden Público -PMOP- fue creada mediante Decreto legislativo
aprobado en agosto del 2013. Por si esto fuera poco se pretende elevar a rango constitucional dicha
estructura. La primera semana del corriente año, el congreso hondureño decidió aprobar una reforma
constitucional que reconoce a la “policía militar”, lo que amenaza con crear las condiciones legales e
institucionales para que ésta no se pueda desmovilizar, sino por medio de otra reforma constitucional
que debe ser aprobada por una legislatura y ratificada por la siguiente. A lo anterior se suma las
declaraciones que hiciera el presidente electo al manifestar que para mejorar la seguridad pública se
requiere “más presencia de militares en las calles, militarización de la seguridad pública y creación de
nuevos cuerpos élites para el combate a la criminalidad”.
 
Lo anterior es muestra de la poca vocación democrática del nuevo gobierno hondureño y de la
incapacidad de crear políticas públicas que prevengan el delito y generen las condiciones para
minimizar los niveles de violencia que vive Honduras, recurriendo a modelos de “seguridad”
anacrónicos que han demostrado ser incapaces de minimizar los niveles de violencia.

Por lo anterior:

Condenamos a los poderes políticos y económicos de la región centroamericana que potencian la
participación de los militares activos en tareas de seguridad pública y militares en “situación de retiro”
para brindar seguridad privada y de promoverlos en cargos públicos y hasta de elección popular,
creando escenarios de conflictividad críticos en la región y futuras violaciones a los derechos humanos.

Pedimos al congreso hondureño, no ratificar la reforma a los artículos 274 y 329 de la Constitución y
así evitar elevar a rango constitucional la existencia de una estructura que per se generaría las
condiciones para que se den grave violaciones a los derechos humanos.

Exhortamos a las organizaciones populares y a la población centroamericana en general a
rechazar todo tipo de acciones conducentes a la remilitarización de la región, que se expresa mediante
diferentes formas como: establecimiento de estados de sitio, nombramiento de militares en
instituciones que deben ser dirigidas por civiles, aumento de efectivos militares en tareas de seguridad
pública, golpes militares y hasta crear mecanismos “legales” para justificarlos.

“No existe vocación democrática ni Estado de Derecho con regímenes militarizados”

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS
EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Por Costa Rica
Fundación Fútbol por la Vida (FPV)
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)
Por El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Por Nicaragua
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Por Panamá
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA