El Dr. Lulio Marenco, miembro de la Barra de abogados democráticos, se declaró ante el CENIDH como perseguido político, expresando que el Poder Judicial ésta siendo instrumentalizado al impulsar un proceso en su contra por el delito de “apropiación y detención indebida de documentos”, además denunció que lo tienen inhabilitado como abogado.Al Dr. Marenco lo acompañaron reconocidos juristas y representantes de organizaciones civiles.

Según Marenco las medidas procesales en su contra son desproporcionadas, ya que la tipificación del delito por el cual está siendo procesado se basa en tres elementos fundamentales “tener bajo su custodia bien inmueble, activo patrimonial o valor ajeno”.

En su relato, el denunciante expresó que el Gerente del Banco Produzcamos le entregó 27 expedientes que representaban, la recuperación de esa cartera de igual número de clientes morosos que en algunos casos datan de 1996. Que luego fue aprobada la ley contra los morosos que impide llevar a la cárcel a cualquier persona por deuda y por lo tanto él no impulsó ningún proceso contra nadie. La policía allanó su casa y ocupó los expedientes, sin embargo, actualmente lo acusan de causarle un perjuicio al Estado.

Marencomostró actas que en su momento entregó a la autoridad judicial donde hacía constar que tenía problemas de salud, misma que fue desconocida y el juez continuóel proceso, así lo hizo ver un médico, fue hasta entonces que el Procurador Hernaldo Chamorro dejó de presionarlo.

“Me siento perseguido porque he alzado la voz contra actos de corrupción de funcionarios del Estado, contra el Presidente Daniel Ortega y contra los atropellos a la Constitución, debido a esto hoy me encuentro enfrentando un proceso judicial, coincidentemente el mismo juez ha conocido casos emblemáticos de personas que han alzado la voz contra este gobierno como son el caso contra el diario La Prensa y contra Chanito, entre otros”.

Recurrió de amparo porque tenía amenaza de detención ilegal y el juez dijo que no había ningún pretexto. El Tribunal muy diligentemente en dos días resolvió que no cabía mi recurso, cuando la ciudadanía pide un recurso de amparo se tarda más de una semana por lo cual deja plasmada su persecución política, enfatizo el denunciante.

Norwin Solano, Abogado del CENIDH consideró que “se está utilizando la institucionalidad del Estado de Nicaragua, en este caso el Poder Judicial para lograr en personas la neutralización de sus actividades políticas, jurídicas y todo lo que tenga que ver en el desarrollo de sus propias actividades”.

Para el Cenidh es obvio que esta acción está orientada a llevar a la autocensura a los ciudadanos críticos del quehacer gubernamental, y a quienes de esa forma ejercen una labor de defensa de los  derechos humanos. El caso motiva preocupación porque las garantías o recursos frente a estos actos marcados por la discrecionalidad no cumplen el rol definido en las leyes debido a la falta de independencia del Poder Judicial. Corresponde al Estado de Nicaragua propiciar las condiciones mínimas para que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión, promover y defender derechos desde diferentes perspectivas.