Un equipo del CENIDH  el día seis de noviembre del presente año se hizo presente en el municipio de Waspán, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, a fin de realizar diligencias investigativas sobre el  asesinato en territorio de Honduras de cuatro ciudadanos nicaragüense que responden a los nombres de Glen Waldan Castro de 20 años de edad de la comunidad Lacuntara Wiswis, Alfredo Adán Esquivel Alvarado de 18 años habitante del casco urbano de Waspán, Donald Benard Herman de 16 años de la comunidad de Lacuntara y Henry Reyes de 30 años de edad, los tres primeros de la etnia miskita y el último originario del Departamento de Chontales.
Según información obtenida a partir de más de una decena de entrevistas a familiares de los fallecidos, autoridades y líderes locales las víctimas fueron muertas de forma atroz, siendo todos ellos trabajadores de la finca: “Los Placeres”, ubicada en la margen del rio perteneciente a Honduras y propiedad del ciudadano hondureño Francisco Peralta quien desde hace meses mantenía un conflicto por linderos con el  también ciudadano hondureño Juan Galeano quien habría amenazado de muerte al señor Peralta y a los  trabajadores de este.
El señor Norberto Acosta Esquivel, también trabajador de la Finca “Los Placeres” y padre de uno de los fallecidos manifestó que el día 5 de noviembre el señor Peralta ordenó el levantado de un cerco en el área objeto de conflicto a cinco de sus trabajadores, entre ellos cuatro de los fallecidos, cuando a eso de las tres de la tarde fueron atacados por más de una decena de hombres armados quienes los ejecutaron a través de disparos en el pecho y en la cabeza pese a que éstos se encontraban desarmados.
Según el señor Acosta Esquivel uno de los trabajadores logró sobrevivir, siendo él quien brindó el relato de lo sucedido y quien identificó a trabajadores de la finca del señor Juan Galeano como autores de los hechos, encontrándose en ese país al momento de las diligencias del CENIDH no pudiéndose obtener su testimonio.
El señor Acosta Esquivel refirió que su hijo era un joven trabajador que apenas tenía dos semanas de haber comenzado  trabajar en esa hacienda, pero que al ver  los problemas económicos de la casa dejo de estudiar para trabajar. El denunciante demandó que se haga justicia en este caso que le privo de la vida a su hijo. Por su parte, la licenciada Claudia Vargas Rodríguez, Defensora Pública de Waspán  y prima del joven asesinado demandó acciones concretas del Estado nicaragüense frente a este caso para que no quede en la impunidad.
El CENIDH pudo constatar que al menos dos de los cadáveres presentaban parte del rostro desbaratados por orificios de bala en el rostro, además de orificios de bala en la parte alta del tórax. Asimismo, uno de los cuerpos presentaba la mano cercenada. En el caso del joven  Alfredo su cuerpo presentaba signos de tortura como raspones en el pecho y diversos golpes en diferentes partes de su cuerpo, así como un disparo en el ojo izquierdo y otro en la parte superior de la tetilla izquierda.
El líder local Lamberto Chow Maclin señaló en cuanto a los fallecidos: “Eran trabajadores inocentes que andaban buscando la vida por la misma necesidad que atraviesa Waspán y que fueron víctimas de los intereses de colonos hondureños falleciendo de forma violenta. Es un problema que no es nuevo… no queremos más colonos en nuestros territorios ni de Nicaragua ni de Honduras”. En tal sentido, Máximo Maxwell, concejal del municipio refirió la necesidad de dar prioridad a los problemas indígenas y de la intervención del Estado para evitar un baño de sangre mayor.
Por su parte, el Alcalde municipal Alex Fernández manifestó su preocupación por los hechos ocurridos y refirió que estos son consecuencia de una problemática de invasión de colonos a  territorios ancestralmente pertenecientes a los miskitos, lo cual es una situación común en Nicaragua y Honduras originando conflictos de propiedad que han provocado una  situación de tensión que se manifiesta en constantes enfrentamientos entre miskitos y colonos y entre los mismos colonos propietarios de grandes extensiones de tierra. 
Asimismo, el coordinador de la extensión de la universidad BICU Licenciado Lorenzo Guzmán y Presidente de la Organización de la Sociedad Comunitaria por la Democracia de Waspán refirió: “El territorio donde ocurrieron los hechos de violencia le pertenecían a la nación moskitia por lo que la población Miskita  históricamente se ha movilizado por las dos riberas del rio, siendo un territorio utilizado para siembra ya que en esa parte se encuentran las mejores tierras. Al poblarse en las últimas décadas esa ribera por colonos hondureños esto ha generado constantes conflictos, siendo los más recientes en Saupuka, Bilwaskarma y Klar  no habiendo una intervención efectiva del Estado nicaragüense para proteger a sus ciudadanos”.
El licenciado Guzmán agregó que esta situación se ve agravada por el alto nivel de desempleo en el municipio, el abandono estatal, la baja producción, problemas energéticos, falta de infraestructura educativa y de salud. Finalmente, manifestó que esta situación puede agravarse de no haber una intervención diligente por parte de las autoridades nacionales.
A través de entrevista a Gregoria Padilla Suarez, representante de la Iglesia Morava y  concejal del Frente Sandinista, participante de la Comisión que retiro los cuerpos manifestó que estos  fueron entregados por una Comisión del Ejército de Honduras en territorio hondureño a una Comisión de Civiles conformada por autoridades, líderes y familiares de las víctimas. Al momento de la entrega los militares hondureños no brindaron una versión de los hechos, pero se comprometieron a realizar las indagaciones correspondientes. No obstante, hasta el momento no había ninguna persona detenida por los hechos expuestos.
También se entrevistó al subcomisionado Pedro Pablo Muñoz, Jefe de la Delegación de Waspan, quien manifestó que hasta el momento la policía ha realizado un trabajo de documentación del caso mediante entrevistas y fotografías, de igual modo solicitaron el reconocimiento forense de los cuatro fallecidos para facilitar esta información vía Cancillería de la República a las autoridades hondureñas. Asimismo, han intensificad el trabajo preventivo a fin de evitar hechos de violencia por parte de la población. Además, enfatizó la limitación de las facultades y competencias de la policía nicaragüense considerando que los hechos se desarrollaron en territorio hondureño.
Cabe destacar que los entrevistados coincidieron en demandar justicias por lo sucedido y una acción beligerante  del Estado nicaragüense frente al Estado hondureño de cara a investigar los hechos y sancionar a los responsables. Así como para resolver de forma definitiva este problema que ya cobrado la vida de diversas personas.
Para el CENIDH los hechos denunciados son lamentables y preocupantes, siendo una situación sumamente grave derivada de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo Miskito y que ahora se manifiesta en la pérdida de vidas humanas de la gente más empobrecida que ante la falta de oportunidades busca trabajo en fincas de colonos hondureños. El CENIDH se suma a las voces de la población de Waspán y demandamos una acción inmediata y diligente del Gobierno de Nicaragua de cara a esclarecer los hechos denunciados y exigir al Estado hondureño la sanción de los responsables.
Asimismo, exigimos acciones encaminadas a garantizar los derechos al uso y disfrute del territorio de los grupos étnicos de esta región del país a fin de evitar más hechos de violencia derivados del conflicto por la  invasión de colonos a tierras miskitas. Tal y como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que señala en su artículo 26 el derecho de los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado.
La Constitución Política establece de forma amplia el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos/as Al respecto el artículo 27 señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho a igual protección…”. Asimismo, el artículo 28 establece taxativamente: “Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, lo que se hará efectivo por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”. En tal sentido en su artículo 89 establece: “Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y obligaciones…”.
De tal forma que es claro el deber del gobierno nicaragüense de garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos/as y por ende adoptar medidas encaminadas a su protección. En el caso concreto es responsabilidad del Estado nicaragüense garantizar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas así como de demandar el resarcimiento de los daños provocados con este lamentable hecho que dejado en evidencia la vulnerabilidad y desprotección de las personas que se encuentran en territorio que políticamente le pertenecen a Honduras, pero que ancestralmente y por costumbre pertenecen al pueblo Miskito.