La Dra. Vilma Núñez de Escorcia, el Dr. Mauro Ampié, Presidenta y Director Ejecutivo del CENIDH respectivamente y la Dra. María Luisa Acosta comparecieron en su carácter de peticionarios y víctima, en el 149 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso presentado ante la CIDH por la muerte de su esposo el Sr. Francisco José García Valle  exponiendo los obstáculos que impidieron su acceso a la justicia y como se tradujeron en las violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Este caso que fue admitido por la CIDH el 1 de noviembre del 2010.

En su intervención la Dra. Núñez, recordó que en el caso de María Luisa Acosta, se violaron derechos reconocidos en los artículos 4,5,8 y 25 de la Convención Americana. En la audiencia se presentó una sistematización de los obstáculos para el acceso a la justicia de la Dra. Acosta, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe.

En el momento que se dio el asesinato la Dra. Acosta acompañaba la defensa del territorio del pueblo Rama y Kriol, específicamente sobre los cayos Perlas, enclavados en el mar Caribe, que eran ofrecidos en venta por internet por los presuntos autores intelectuales Peter Tsokos y Peter Martínez.

En su intervención ante los Comisionados, María Luisa Acosta argumento cómo el irregular proceso penal realizado por las autoridades judiciales del Estado de Nicaragua en el caso del asesinato de su esposo, Francisco José García Valle, propiciaran la impunidad  en la que quedaron los hechos, pues la justicia no alcanzó a todos los implicados.

Acosta rindió su testimonio ante la CIDH señalando que durante el proceso la actuación del Juez de primera instancia, Julio Antonio Acuña Cambronero fue violatoria del debido proceso, cambiando la tipificación de asesinato, hecha por la Policía Nacional, por la de homicidio, la que no se ajusta a la realidad del crimen y merece una sanción menos grave. Además decretó un allanamiento al establecimiento comercial de la víctima de asesinato y no en la casa u oficina del entonces sindicado Peter Martínez.

Acosta también expresó que durante el proceso también se trato de desvirtuar pruebas obtenidas por miembros de La Policía Nacional en la escena del crimen. Al extremo que el sindicado Martínez, le atribuyera a la Dra. Acosta la comisión del delito de encubrimiento, lo que fue suficiente para que el Judicial, sin prueba alguna, la procesará junto a los señalados como responsables dentro del mismo proceso penal seguido por el asesinato de su esposo.

Para concluir, el Dr. Ampié, presentó las peticiones a la Comisión expresando su confianza en que la Comisión en su informe de Fondo, confirme que el Estado violó los derechos humanos de las victimas enunciadas en la petición, pues el sistema jurídico nicaragüense fue incapaz de responder a sus pretensiones de alcanzar justicia, que es lo menos que se puede esperar cuando es la vida de un ser querido la que se ha violentado.
Agregó que la Doctora Acosta, fue acusada sin fundamento alguno como encubridora por el judicial, aunque después la sobreseyó junto con los tres  implicados en sentencia interlocutoria, teniendo como objetivo ponerla al mismo nivel de los otros procesados, descalificarla como víctima ante la opinión pública local y nacional y amedrentarla para que desistiera de defender los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Por lo anterior, pidieron a la Honorable Comisión establezca en su informe de Fondo que el Estado es responsable de violar los derechos humanos de los familiares de Frank García Valle y los de su esposa María Luisa Acosta.
Así mismo solicitaron a la Comisión que mande al Estado reparar los daños morales y materiales de las víctimas en este caso.
El Representante del Estado no tuvo reparo en revictimizar a la Dra. Acosta expresando que intenta responsabilizar al Estado de la falta de diligencia de su abogado.
La Comisión expresó a los peticionarios que dictará el Informe de Fondo. Los Comisionados manifestaron su preocupación porque el derecho de apelación que asistía a la Dra. Acosta fue negado por el supuesto incumplimiento el deber de pagar unas fotocopias.