Para el Dr. Mauro Ampié, Director ejecutivo del CENIDH,  la reforma constitucional no dará legitimidad a las graves violaciones en las que ha incurrido el Presidente Daniel Ortega desde el 2007, al apartarse de la democracia y destruir la institucionalidad que establecía nuestra Constitución de 1987, reformada en el 95.

Para el director del CENIDH, está es una reforma regresiva que no dará legitimidad a la instauración de la reelección indefinida, prohibición que considera debería permanecer, ya que la renovación del aparato estatal constituye pilar fundamental en la construcción de un Estado democrático y representa un riesgo la concentración excesiva de poder y el autoritarismo al que tiende este gobierno.

Destacó que al igual que en otros casos, el gobierno se está precipitando al plantear una reforma constitucional de esta magnitud, cuando pronto concluirá la actual legislatura, de igual manera, resaltó que la propuesta no incorpora al artículo 46 importantes instrumentos internacionales de derechos humanos como la CEDAW, el Convenio 169 y la Convención Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares.

Por su parte la Presidenta del CENIDH Dra. Vilma Núñez de Escorcia, aseguró que esta reforma inconsulta se asemeja a la apresurada aprobación de la Ley del Gran Canal, siendo esta vez más delicado, porque el gobierno pretende reformar al menos la tercera parte de la Constitución en apenas dos meses y reafirmar dicha reforma a inicios de la siguiente legislatura. 

El CENIDH considera que el tema de la reforma constitucional es altamente preocupante por el riesgo que conllevan las imposiciones gubernamentales a través de una nueva reforma de la Constitución Política, que permitirá que las fuerzas de choque sean instancias constitucionales y el Estado este dirigido por militares activos, cuya obediencia se dividiría entre el General en Jefe de Ejército y el Presidente de la República.

La Presidenta del CENIDH afirmó que con esta reforma el gobierno pretende legalizar los abusos que ha cometido desde el 2007, como gobernar por decreto, prorrogar el período de los funcionarios públicos, la pertenencia de los Diputados al partido mediante el cual fueron electos y la reelección indefinida, aunque esta legalización no se traduce en legitimidad y en aceptación popular.   

Vilma Núñez concluyó afirmando que en este caso, la Bancada Democrática debería de abstenerse de formar parte de la Comisión parlamentaria que trabajará dicha reforma, ya que de hacerlo se convertirá en cómplice de la destrucción de la democracia en Nicaragua.

Foto: Imagen de Organizaciones de la Sociedad Civil protestando frente a la Asamblea Nacional en contra de las reformas a la Ley 779