Militza Matute Martínez, acompañada de su mamá y defensoras de derechos humanos, se presentaron a la Procuraduría General de República, para demandar al Estado que exija al Estado de Venezuela investigar y se haga justicia en su denuncia por violación contra un Monitor de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM,de Venezuela donde fue becada en el 2010.

Para poder ser atendida en la PGR, y de solicitarlo formalmente con un mes de antelación, Militza tuvo que esperar aproximadamente una hora en las afueras de esta institución Estatal, donde las puertas se le cerraron casi automáticamente y solo otros ciudadanos y ciudadanas podían entrar. 

Después de una hora fueron recibidas por Alexandra Granados, quien se presentó como Representante del Procurador, limitándose a informarles que el Procurador Estrada no las podía atender, y que el caso está en el Ministerio Publico, aunque esta instancia ha dicho que ya el caso lo tiene la PGR.

Granados agregó que la PGR no les puede informar sobre el procedimiento que llevan porque es parte del “procedimiento institucional e información clasificada” y que ellos no respondían a como la víctima los solicita. Ana María Martínez, mamá de Militza reaccionó indignada, porque considera que tanto la PGR como el Ministerio Publico las bolean  lo que califica como una  burla.

Martínezante los medios de comunicación interpeló al Procurador,porque en el informe que mando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mintió, al afirmar que el Estado le había habilitado un cuarto hospitalario y garantizado atención médica. “Lo peor es que creo que a los médicos de Bluefields les han prohibido darle atención a  mi hija, porque cuando tiene una crisis, busco, llamo a puertas, me dicen que no pueden, algunos médicos me la atienden escondido, a mi hija le han negado la atención medica y la justicia”.
Esta es la primera vez que Militza, se presenta ante las instituciones del Estado en demanda de  justicia, en esta actividad acompañaron miembros del CENIDH y organizaciones de mujeres que portaban pancartas y gritaban “justicia, justicia”, “Un Estado que no castiga la violencia en contra de las mujeres… es un Estado cómplice del delito”.

La protesta en demanda de justicia para Militza fue registrada por personas vestidas de civil que anotaron y el personal de la PGR, tomaba fotos y filmaba la actividad. Cabe destacar que en las protestas que realizan organizaciones de la sociedad civil o grupos que critican la gestión gubernamental, son registradas por civiles o funcionarios de las instituciones que son increpadas por la población.

Marjourie Rodríguez, abogada del CENIDH, dijo que el trato que le dieron en la PGR a Militza es discriminatorio e inhumano hacia la víctima, expresado en el boleo a que han sido sometidas tanto en el Ministerio Publico y PGR, a esto se suma que Militza aún  está convaleciente y le cerraron las puertas, ni siquiera le permitieron esperar en la recepción. El Estado de Nicaragua mediante el Procurador Hernán Estrada es quien tiene que realizar las gestiones pertinentes en Venezuela para que se haga justicia a Militza quien llegó a Venezuela con el sueño de ser médico.