El 22 de octubre se cumplieron 4 meses de las agresiones, robos y momentos de terror que vivieron un grupo de jóvenes que se solidarizó con la demanda de pensión reducida que realizaba la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) en las cercanías al edificio principal del INSS. El presente informe tiene por objeto hacer un recuento de los actos de represión cometidos por la Policía Nacional y  grupos de choque oficialistas.Asimismo, tiene la finalidad de reflejar las acciones realizadas por los jóvenes en demanda de su derecho de acceso a la justicia y un balance de la actuación de la Policía Nacional y Ministerio Público a la fecha. A continuación texto integro de Informe.

I Jornada de protesta y su represión.

A mediados de junio de 2013 los adultos mayores arreciaron sus protestan en demanda de su derecho a pensión reducida, por el incumplimiento del estado de Nicaragua. Esta jornada de protesta contó con un amplio respaldo por parte de la población en general y particularmente un grupo de jóvenes auto convocados por redes sociales, quienes se sumaron a los plantones hechos por los ancianos.

La protesta fue reprimida por la Policía Nacional en forma desproporcionada y con violación a principios humanitarios elementales. Los ancianos que se encontraban en las inmediaciones del edificio del INSS, quedaron aislados por una amplia valla policial, no les permitían recibir asistencia médica, medicamentos para padecimientos crónicos, agua o alimentos. De hecho, jóvenes que lograron burlar el perímetro de seguridad y pasar alimentos, fueron arrestados y agredidos por la Policía Nacional.

En la madrugada del 20 de junio, la Policía Nacional desalojó a un grupo de 150 adultos mayores que permanecían  en el edificio del INSS con engaños e intimidación. En tres buses, los ancianos fueron trasladados a hospitales del sistema de salud pública, pese al desalojo del edificio, las protestas continuaron detrás de las vallas de seguridad al igual que la solidaridad de los jóvenes.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo del INSS, Doctor Roberto López brindó declaraciones públicas el día viernes 21 de junio donde refirió que el INSS no tenía capacidad para hacerle frente a las demandas de pensiones reducidas. Poco más de 12 horas después de esas declaraciones, la madrugada del sábado 22 de junio los agentes policiales que resguardaban la zona, unos 140 aproximadamente, se retiraron parcialmente quedando solamente unos 30 efectivos.

Esta situación llamó la atención de unos 40 adultos mayores que permanecían en la protesta y los 60 ó 70 jóvenes que les acompañaban. A eso de las 4 de la madrugada, un grupo de unas 300 personas en su mayoría encapuchadas, portando camisetas de la Juventud Sandinista y movilizados en vehículos de la Alcaldía de Managua infundieron terror entre los manifestantes, quienes resultaron agredidos y fueron desalojados por la fuerza del lugar.

Los agentes policiales que aún permanecían en la zona no prestaron ningún tipo de auxilio a los ancianos y jóvenes agredidos. De igual manera, cuerpos de socorro como Bomberos Voluntarios y Cruz Roja no tuvieron acceso a la zona teniendo que prestar sus servicios a varias calles del lugar de la agresión.

Al amanecer, fue necesaria la Intervención de funcionarios del  CENIDH encabezados por la Dra Vilma Núñez de Escorcia y una representación de la Iglesia Católica compuesta por los monseñores Leopoldo Brenes, Silvio Báez y Miguel Mántica para que los  jóvenes agredidos que se ocultaban en casas vecinas, pudieran salir con seguridad para recibir atención médica.

Unos 30 jóvenes,  del total de afectados, denunciaron ante el CENIDH haber sido agredidos por las fuerzas de choque del partido de gobierno la madrugada del 22 de junio, quienes presentaban moretones, escoriaciones y heridas. De igual manera, públicamente fue denunciado el robo de: 7 vehículos, 4 motos, 9 cámaras digitales, 27 celulares, 4 tabletas electrónicas, 25 carteras con documentos de identidad, 3 computadoras, 8 anteojos, 11 tarjetas de débito y crédito, 3 relojes, 2 ipods, 3 guitarras, 1 cajón peruano; 1 pasaporte, 1 telescopio littman, 1 tensiometro, 6 memorias de cámara celulares y grabadoras.

Sobre estos hechos aparecieron videos en internet que circularon en las diferentes redes sociales, ante esta situación el día 25 de junio la Policía Nacional emitió un comunicado refiriendo la existencia de intereses oscuros y mal intencionados que pretendían deslegitimarlos. Agregaron en el comunicado que esos hechos no habían ocurrido en Nicaragua y que no habían sido cometidos por agentes policiales.

II Demanda de justicia de los jóvenes

Tras la agresión que sufrió este grupo de jóvenes  en los alrededores del edificio del INSS y la presencia en la zona de motociclistas con camisetas de la Juventud Sandinista y otras personas simpatizantes del partido de gobierno, los jóvenes se trasladaron hacia el atrio de la Catedral Metropolitana de Managua la tarde del mismo sábado, donde recibieron la solidaridad la población en general a pesar de la vigilancia ejercida por un grupo de motociclistas que portaba camisetas y otros signos distintivos del partido oficialista. Durante la homilía del día domingo 23 de junio el Arzobispo de Managua Silvio Báez condenó la agresión y se solidarizó con los jóvenes que permanecían en la Catedral Metropolitana.

El día lunes 24 de junio, un grupo de unos 20 jóvenes agredidos se presentaron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para realizar denuncia pública de las agresiones, robos y abusos que fueron víctimas la madrugada del día 22 de junio. Los denunciantes destacaron que a eso de las 2 de la madrugada se presentó al lugar el Jefe Policial Pablo Avalos momento en que coincide con la reducción de la presencia policial, de igual manera destacaron que los agentes policiales que iniciaban su turno tenían una actitud hostil en contra de los jóvenes, llegando incluso a insultarlos y realizar actos de provocación.

Refirieron además que a eso de las 4 de la madrugada se apareció en la zona un grupo de unas 300 personas portando camisetas de la Juventud Sandinistas, la mayor parte de ellos encapuchados. Este grupo de personas se movilizaban en 4 camiones de la Alcaldía de Managua, en unos autobuses blancos y en motocicletas. Dentro del grupo de personas, había división de roles, un primer grupo gritaba y advertía a los manifestantes que se fueran; un segundo grupo que usaba botas militares, estaban encapuchados y vestían pantalones azules de policía, este grupo aplicaba técnicas de reducción e inmovilización a los manifestantes mientras eran sacados por la fuerza del lugar. El tercer grupo, se encargaba de golpear de forma descarnada a los manifestantes y les robaban sus pertenencias personales. La operación tuvo una duración de 20 minutos aproximadamente, al concluir esta, funcionarios de la Alcaldía de Managua limpiaron el lugar y simpatizantes oficialistas instalaron altoparlantes con música alusiva a la campaña electoral del Comandante Daniel Ortega.

El CENIDH recibió denuncia de los siguientes lesionados: Ramiro Henriquez (escoriaciones) ; Myron Tom(golpe y herida en el mentón que requirió puntadas); Elmer Rosales (golpe contundente en la nariz que le produjo sangrado profuso y desviación del tabique); Cristian Alvarenga( golpes en el ojo derecho y escoriaciones en el codo y rodilla derecha);Andrés Chamorro (múltiples golpes); Luis César Ruiz (golpe en el ojo derecho) y Miguel Ángel Ibarra López(múltiples golpes en el tórax y escoriaciones en la parte baja de la espalda), este último fue detenido y en el interrogatorio que le hicieron en la Policía utilizaron acido con el cual le quemaron el abdomen y un pié. Además de los daños o lesiones físicas, todos los denunciantes coincidieron en señalar los graves momentos de terror a los que fueron sometidos.

Debido a que los jóvenes señalaban como cómplices y actores directos de las agresiones y robos a la Policía Nacional decidieron denunciar ante el Ministerio Público directamente para que este, en el ejercicio de su atribución de investigación autónoma, realizara los actos de investigación pertinente. Esta denuncian se formalizó los días 27 y 28 de junio en la sede central del Ministerio público. Por su parte, el Ministerio Público remitió a los denunciantes al Instituto de Medicina Legal para que se les realizara un examen físico y psicológico, mismos que fueron practicados en los días subsiguientes.

En cambio, los jóvenes a quienes les robaron  vehículos tuvieron que formalizar denuncia por la pérdida de los automotores en el Distrito II de la Policía Nacional por requerimiento de las compañías aseguradoras para hacer efectivo el pago de las pólizas. No obstante, a pesar de haber formalizado la denuncia y requerido en varias oportunidades el informe conclusivo a la Comisionada Mayor Magdalena González, jefa de la estación policial, ésta no les ha sido entregada.

Al cumplirse un mes de las agresiones, el grupo de jóvenes agredido en los alrededores del INSS la madrugada del 22 de junio, realizaron una manifestación pacífica frente al edificio principal y sede de la jefatura Nacional de la Policía demandado el esclarecimiento del caso, sin que fueran recibidos u obtuvieran alguna reacción por parte de la Policía Nacional

En agosto de 2013, al cumplirse 2 meses de la agresión un grupo de los jóvenes agredidos, acompañados por el CENIDH, se presentó al Ministerio Público a pedir información sobre el avance de las investigaciones. En esa oportunidad fueron atendidos por la Fiscal Departamental de Managua Dra Blanca Salgado, quien entregó copia de un documento donde pide a la Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional,Comisionada General Glenda Zavala, realice una serie de actos de investigacióny además le remite 16 dictámenes de exámenes físicos y posológicos realizados por el Instituto de Medicina legal.

La Fiscal Departamental de Managua aseguró en el encuentro que los videos que pueden verse en internet donde aparecen los jóvenes huyendo de los agresores hacia la estación de servicio, fueron requeridos por la Policía Nacional a la estación de servicio, pero que los referidos videos ya habían sido borrados, pese al notorio interés público en el asunto. De igual manera, la Dra Salgado sostuvo que es a la Policía Nacional a quien le corresponde realizar los actos de investigación y que el Ministerio Público se limitaba a orientar los actos de investigación que debían realizarse.

El día jueves 17 de Octubre en horas de la mañana, un grupo de jóvenes se entrevistó con el Obispo Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio Báez, a quienes le expusieron la situación y las complicaciones que han tenido en su demanda de investigación sobre los hechos ocurrido el 22 de junio, ese mismo día el grupo de jóvenes presentó un comunicado público donde piden la renuncia de la Primer Comisionada Aminta Granera, a quien señalan como responsable de que las investigaciones no prosperen. De igual manera, el día domingo 20 de octubre, en vísperas de cumplirse 4 meses de la agresión, el mismo grupo de jóvenes realizó una manifestación pacífica en el atrio de la catedral previo a la homilía donde mostraron pancartas demandando justicia.

III Actuación de los operadores de justicia

Desde el inicio de la jornada de protesta la Policía Nacional se conformó como represor de los más elementales gestos de solidaridad humanitaria al impedirle a los jóvenes y población en general apoyar a los ancianos que permanecían en el edificio del INSS con agua o medicamentos para sus padecimientos crónicos, llegando incluso a detener y golpear a jóvenes y defensores de Derechos Humanos.

Frente a la acción de terror y asalto de la madrugada del 22 de junio, el cordón policial que permanecía en la zona se negó a prestar auxilio a jóvenes y ancianos ante la agresión que protagonizaban grupos de choque oficialistas. De igual manera, la Policía Nacional no ha realizado una investigación sobre la denuncia hecha por los jóvenes, referida a la presencia de agentes policiales encapuchados dentro del el grupo de choque que vestían botas y pantalones de la Policía Nacional y aplicó técnicas de reducción e inmovilización para desalojar por la fuerza a los jóvenes que protestaban.

Lejos de cumplir con su deber de prevenir y perseguir el delito, la Policía Nacional en su comunicado del 25 de junio negó que esos hechos hayan ocurrido en Nicaragua o que hubieran participado agentes policiales, además agregaron que detrás de la publicación de los videos habían intereses oscuros y mal intencionados. Asimismo, la Primer Comisionada Aminta Granera declaró a medios de comunicación durante la realización de la feria EXPICA que no brindaría declaraciones sobre el caso de los jóvenes agredidos en el INSS porque era respetuosa de la institucionalidad y la denuncia se había interpuesto ante el Ministerio Público.

En idéntico sentido, se puede destacar una actitud deliberada por parte de la Policía Nacional al negarse por una parte a brindar el informe conclusivo de la denuncia por el robo de los vehículos para realizar los trámites de pago ante las compañías de seguro y por otra parte la omisión  ante los requerimientos de actos de investigación sobre el caso. No tomar las declaraciones solicitadas, aducir que los videos de seguridad fueron borrados, no presentar informes conclusivos entre otros son las actuaciones que se pueden destacar por parte de la Policía Nacional como violatorias del derecho de acceso a la justicia de los jóvenes víctimas de robos y agresiones en la madrugada del 22 de junio.

Por su parte, el Ministerio Público se limitó a tomar declaración de los denunciantes y remitirlos al Instituto de Medicina Legal para su examen físico y psicológico. Esta actuación por parte del Ministerio público contrasta con unareciente denuncia de estafa públicamente conocida, donde la Fiscal Adjunto Ana Julio Guido declaró que en el ejercicio de la investigación del Ministerio Público puede llamar a rendir declaración a quien quiera y cuantas veces quiera. En este mismo caso la Primer Comisionada Aminta Granera obvió el respeto a la institucionalidad y manifestó que los inculpados deberían devolver hasta el último peso.

En el caso de los jóvenes agredidos, el Ministerio Público a pesar de tener conocimiento que la Policía Nacional es denunciada en el caso, revictimiza a los jóvenes remitiendo las diligencias de investigación ante la autoridad denunciada de ser cómplice de las fuerzas de choque oficialistas y parte activa en la agresión.

En idéntico sentido, el Ministerio Público no explicó el porqué de la necesidad de remitir las diligencias investigativas a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, cuando a la luz de otros casos ellos encabezan las investigaciones. La falta de voluntad política y diligencia de la Policía Nacional y el Ministerio  Pública suman un serio obstáculo en la ruta de acceso a la justicia por parte de las víctimas de las agresiones del 22 de junio.

IV Conclusiones y recomendaciones

Por lo expuesto, el CENIDH considera:

1.    La represión policial durante la jornada de protesta protagonizada por los jóvenes conocidos como caso #OCUPAINSS configura una criminalización de la protesta por parte del Estado de Nicaragua.

2.    El uso de recursos públicos de la Alcaldía de Managua para la movilización de fuerzas de choque oficialistas para la comisión de conductas delictivas en contra de los jóvenes que permanecían en el plantón la madrugada del 22 de junio y la eventual limpieza de la zona, amerita una investigación especial. El funcionario que haya autorizado estas acciones, a la luz del Art. 43 del Código Penal, es un cooperador necesario de las agresiones y robos que fueron víctimas estos jóvenes, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que deriven  del mismo acto.

3.    Sobre la Policía Nacional recae la responsabilidad de entregar los informes conclusivos de las denuncias de los vehículos robados y además realizar los otros actos de investigación requeridos por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos. En idéntico sentido, es menester de la Jefatura de la Policía Nacional aclarar la grave denuncia de la participación de agentes policiales en las agresiones que sufrieron los jóvenes, así como la omisión del deber de prestar auxilio de los agentes policial que permanecían en las vallas en la madrugada del 22 de junio.

4.    La negativa del Ministerio Público de encabezar y dirigir las investigaciones sobre las agresiones y robos del 22 de junio en contraste con su beligerancia en el reciente caso de estafa públicamente conocido, denota una falta de voluntad política de esclarecer los hechos, lo que a su vez constituye un obstáculo real en el derecho de acceso a la justicia que tienen las víctimas del 22 de junio.

5.    La criminalización de la protesta, el uso de recursos públicos de la Alcaldía de Managua para movilizar a fuerzas de choque, la impune actuación de estos mismos grupos a vista y paciencia de la Policía Nacional y la falta de investigación de los hechos ocurridos el 22 de junio por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional son una consecuencia directa del ejercicio autoritario de gobierno del Presidente Daniel Ortega y la alta concentración de poder que éste tiene, ya que esta concentración de poder anula cualquier asomo de actuación institucional ajustada a Derecho.

6.    El uso de grupos de choque por parte del partido gobernante, se ha convertido en una política de Estado para reprimir las manifestaciones públicas, ya que la Policía Nacional no asume la función de prevenir y sancionar el delito en estos casos.

7.    Para que Nicaragua honre sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos es necesario que: se realicen investigaciones imparciales; se individualicen las responsabilidades correspondientes; se ejercite la acción penal contra los perpetradores de las agresiones y los robos del 22 de junio; se sancionen las arbitrariedades realizadas por agentes policiales; y se adopten medidas a fin de que estos hechos no se vuelvan a presentar.

Managua 23 de octubre de 2013