El recién pasado 18 de octubre, un equipo del CENIDH visitó la comunidad de Anisales Número 3, comunidad de Santa María de Pantasma, donde entrevistó a líderes comunitarios y a familiares del joven Yairon Elías Díaz Pastrán, privado de la vida en el contexto de un enfrentamiento entre soldados del Ejército y un grupo de armados, hechos ocurridos en dicha comunidad, en las primeras horas del  9 de octubre del presente año. En los hechos, además murió otra persona, identificada como Santos Ernesto Irías Calderón, señalado de pertenecer a este grupo armado.

Elder Díaz manifestó que el día de los hechos, su  hermano salió a eso de las seis de la mañana a trabajar en la milpa ubicada en un cerro que dista unos dos kilómetros de su vivienda llevando consigo: su comida, su machete, una pichinga de agua, un celular y dos mil córdobas con la intención de iniciar sus labores propias del campo y esperar a los trabajadores que ese día llegarían a levantar la cosecha de maíz. Sin embargo, éste no regreso pues su presencia en el sitio coincidió con un enfrentamiento entre soldados y un grupo de armados que tuvo una duración aproximada de diez minutos.

Según familiares y comunitarios,  inmediatamente después del enfrentamiento quisieron subir  al cerro, pero un cordón de al menos veinte soldados de forma violenta les impidió el paso diciéndoles con sus fusiles montados: “quien entre se muere”, siendo hasta veinticuatro horas después que se les permitió entrar y recoger el cadáver de Yairon y de otra persona fallecida vestida con un pantalón camuflado.

Los familiares manifestaron que en el lugar donde estaba el cadáver de Yairon había sangre fresca y que el cuerpo estaba aun flácido por lo que presumen que acababa de fallecer, contrario al cuerpo de la otra persona que ya mostraba signos de descomposición. Cabe destacar que el cuerpo de Yairon tenía el rostro desfigurado, los dientes y costillas quebradas, un orificio de bala en la pierna izquierda y múltiples estocadas en diferentes partes del cuerpo, lo que para sus familiares evidencia que antes de su ejecución fue torturado. 

El CENIDH  tuvo acceso a múltiples fotografías del cadáver de Yairon pudiendo observar que éste efectivamente tenía el rostro en su lado derecho completamente desfigurado, presentaba un orificio de bala en el muslo izquierdo y una estocada en la parte superior de la tetilla izquierda.

Tanto la familia Díaz Pastrán como comunitarios manifestaron su rechazo a la versión oficial del Ejército en la que se atribuía a Yairon su participación en el grupo armado y señalaron al Ejército de asesinarlo. Al respecto un hermano del fallecido manifestó: “No son los grupos armados los que andan matando campesinos es el Ejército quien viene a matar, mi hermano era un campesino que andaba trabajando, andaba su plato de comida, su pichanga de agua y su machete. Ahora lo sacan como un delincuente peligroso, debería de tener  el  valor para decir que se equivocaron y  mataron a un campesino que andaba ganándose la vida… Pueden preguntar en la comunidad por él... El Ejército está para que cuide a la población no para que cometa estos asesinatos”.

Asimismo, la familia Díaz Pastrán demandó al Ejército que diga la verdad sobre lo ocurrido y reconozca que le quitaron la vida a un miembro de su familia que no tenía ningún vínculo con el grupo armado al cual ahora lo relacionan. Por otra parte, tanto la familia de la víctima como distintos comunitarios manifestaron su temor de continuar en sus labores cotidianas por miedo a que vuelva a darse otro enfrentamiento, pues en este año son diversos enfrentamientos los que se han dado en este municipio. 

El equipo del CENIDH subió al cerro donde mataron a Yairon constatando que el lugar está cultivado. Se observó que buena parte de la milpa de maíz se encontraba en el suelo y ya nacido, ello como efecto del temor generalizado de los campesinos a subir a la milpa a raíz de este enfrentamiento. Asimismo, se observó que el tronco del árbol donde encontraron el cadáver de Yairon tenía al menos siete orificios de bala.  

Tanto los familiares de la víctima como comunitarios manifestaron su indignación ante lo ocurrido señalando que estas actuaciones generan rechazo al Ejército de parte de la población de Pantasma y que tal situación puede desencadenar un descontento que nos lleve de nuevo a otra guerra civil por lo que demandaron al Estado respetar la vida de la población y los derechos humanos. Recordaron también, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 80 contra muchos pobladores de Pantasma y que no desean volver a esos tiempos dolorosos.

Muy cerca de donde se escenificó el hecho de violencia está la escuela comunitaria “Anisales 3”, afectada en sus actividades fundamentales, según testimonio de dos maestras los niños y niñas no están asistiendo por los fundados temores que ha generado la violencia, temen por sus vidas ya que militares encapuchados rondan la zona. Instan al gobierno a retirar el ejército y dialogar con la comunidad que se encuentra indignada por las arbitrariedades.

En esta visita también se entrevistó a Oscar Gadea Tinoco,  Alcalde de Santa María de Pantasma, quien manifestó que su función como Alcalde es la de bajar la tensión en la comunidad y buscar una solución a la problemática. El Alcalde reconoció que el joven fallecido era una persona trabajadora y querida por la comunidad que no tenía ningún antecedente ni relación con banda alguna.  El Alcalde manifestó que lo más lamentable será que sean los campesinos quienes pongan los muertos por lo que hizo un llamado a todas las partes en conflicto para que busquen solucionar estos problemas mediante el diálogo.
Para el CENIDH  los hechos descritos motivan suma preocupación, dejando en evidencia violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, tales como: derecho a la vida, a la integridad física, a la honra y reputación, a no recibir tratos inhumanos y degradantes, entre otros, revelando además que el Ejército está ejerciendo funciones que no le competen como es la persecución del delito. Ello en clara contravención a lo señalado en la Constitución Política la cual establece de forma taxativa que la instancia encargada de perseguir el delito es la Policía Nacional.

Motiva nuestra preocupación el hermetismo de las autoridades en relación a la problemática de los grupos armados y la versión oficial brindada en relación al enfrentamiento del 9 de octubre por parte de las autoridades militares quienes vinculan al joven Díaz Pastrán a una “banda delincuencial” contradiciendo la versión de las autoridades locales y de la misma comunidad quienes señalan que este joven era una persona trabajadora y querida por la comunidad.

El CENIDH, considera sumamente grave, que en pocos meses han sido privados de la vida varios ciudadanos, entre civiles y militares de los municipios de Pantasma y Wiwilí, sin que el Estado haya realizado las debidas diligencias de investigación dirigidas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

En consecuencia, demandamos una investigación amplia, objetiva y transparente de los hechos descritos y se adopten medidas de Estado desde y con la comunidad y no contra ésta; para lo cual es imperativo evitar la militarización del conflicto.