El CENIDH, organizaciones miembros del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y otras organizaciones del movimiento amplio de mujeres, realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional, por las inminentes reformas que el gobierno de Nicaragua pretende realizar al régimen de Seguridad Social en el país. Las personas que participaron en la actividad llevaron sus zapatos viejos, como símbolo del largo recorrido que han hecho por la reivindicación de sus derechos humanos.

La Presidenta del CENIDH,  Dra. Vilma Núñez de Escorcia dijo que en el proceso de Transformación Integral del Seguro Social, se debe consultar con la población que tiene que ver con el derecho de la seguridad social. Es un derecho que no se puede negociar con las cúpulas empresariales o  sindicatos sumisos, excluyendo a la mayoría que son los pensionados y jubilados.

Para la defensora de derechos humanos la discusión sobre el tema de la seguridad social hasta la fecha ha sido parcializada, sectaria, clasista y machista, porque excluye la posibilidad de cobertura integral de muchos derechos de las mujeres durante la etapa de su vida como asegurada, lo cual la hace discriminatoria en contra de las mujeres y esto es una forma de violencia institucional. No solamente pretenden hacer reformas parciales que cubren solo a un sector de la población sino que se olvidaron por completo de una serie de propuestas que las mujeres organizadas han demandado.
Considera además que se debe hacer una reforma que garantice de forma efectiva, el derecho humano a la Seguridad Social tal como está establecido en la Constitución y no como parches para calmar los ánimos por la efervescencia que ha generado los reclamos de los ancianos de la tercera edad por su pensión reducida.

Para la Doctora Núñez, los zapatos rotos “representan gráficamente la lucha permanente que hombres y mujeres hemos impulsado durante todas las dictaduras que ha habido en este país tratando de conseguir la vigencia de nuestros derechos, ha sido una lucha larga de caminar, caminar y caminar hasta que los zapatos se nos han roto, pero con zapato rotos o sin ellos seguiremos”.
A continuación el texto integro del pronunciamiento firmado por el CENIDH, Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y otras organizaciones del movimiento amplio de mujeres.

PRONUNCIAMIENTO ANTE LA REFORMA A LA SEGURIDAD SOCIAL DE NICARAGUA

Diferentes expresiones organizadas del movimiento amplio, feminista de mujeres y derechos humanos, que en Nicaragua promovemos y luchamos por los derechos, económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las mujeres, convocadas por el Foro de Mujeres de para la integración Centroamericana en su capítulo de Nicaragua.

Considerando:

Las inminentes reformas que el gobierno de Nicaragua pretende realizar al régimen de Seguridad Social en el País.

Los artículos 46, 61 y 105 de la Constitución Política, que establecen en Nicaragua tienen plena vigencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus artículos 22 y 25 de manera imperativa preceptúan que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a los seguros sociales; que nuestra Constitución establece que el “Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”; y que los “servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones,-a-mejorarlos-y-ampliarlos. 

Que en su artículo 48 se reconoce la igualdad absoluta entre hombres y mujeres.

Conociendo que el Estado de Nicaragua ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Pará), que mandatan a los Estados partes a aprobar leyes y políticas públicas dirigidas a eliminar los factores que mantienen la discriminación hacia las mujeres.

Preocupadas porque, desde la creación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 1957, su dependencia del Poder Ejecutivo ha ocasionado que no tenga una real autonomía administrativa y financiera; sus gastos de operación ascienden al 10.8% de sus ingresos, excediendo el 6% que la ciencia actuarial aconseja; y porque el Estado de Nicaragua tiene una deuda pendiente con el INSS que asciende a seiscientos millones de dólares.

Que en la actualidad el 80% de la Población Económicamente Activa del País se encuentra excluida de la seguridad social, de la cual una mayor proporción son mujeres.

Que según estadísticas oficiales, en el año 2011, respecto del año 2010, hubo unincremento en trabajadores/as por cuenta propia del sector informal, en 167 mil ocupados/as y una importante disminución de trabajadores/as por cuenta propia formales, que se redujeron en 55 mil. Lo que indica que no se está creciendo en empleos de calidad y que las mujeres se están creando sus propios empleos (cuentapropistas) y desprovistas de seguridad social.

Que las Instituciones Proveedoras de Salud (IPSS), se han convertido en un negocio a costas de las personas aseguradas, ya que las mismas se regulan a conveniencia y discresionalmente, y en las cuales con recursos provenientes de nuestras cotizaciones, el INSS les aporta aproximadamente $100,000 millones de dolares anuales, sin que eso se refleje en calidad de atención a las pocas  personas aseguradas.

Teniendo en cuenta la reducción continua de las tasas de natalidad, el acelerado envejecimiento de la población y el consiguiente incremento paulatino de la cantidad de adultos mayores; al mismo tiempo que la juventud y las mujeres jóvenes en particular no se les están dando oportunidades para aprovechar el bono demográfico en desarrollo, que brinda la importante oportunidad de mejorar el modelo económico-productivo, al mismo tiempo que integra a esa sustantiva población de jóvenes en edad de trabajar. 

Que el modelo económico liberal que impera en Nicaragua de forma ininterrumpida desde los años 90 a la fecha, descansa en el aporte reproductivo y la asunción de la economía del cuidado por parte de las mujeres, trabajo que no es remunerado y del cual el Estado se ha desentendido completamente.
Que las mujeres nicaragüenses aportan en más del 40% a las cuentas nacionales del país, a partir de sus grandes capacidades, habilidades y su intenso trabajoen diferentes ramas de la economía nacional.

Constatando que la actual propuesta del gobierno de Nicaragua de los 7 puntos conlleva un propósito meramente de racionalidad financiera, lesiva a la clase trabajadora (y a las mujeres en particular), fomenta el desempleo al afectar al 80% de las empresas empleadoras del INSS que integran aproximadamente entre 1-20 trabajadores/as. Que la misma se ha dado en consultar a las grandes cúpulas empresariales, desconociendo el derecho de la ciudadanía en general y de las mujeres a opinar en asuntos tan trascendentales para su vida y la nación.

Por tanto demandamos al Estado de Nicaragua:

1.    Un nuevo CONTRATO SOCIAL Y FISCAL basado en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, que conlleve a transformaciones estructurales en el modo de producción nacional, enfocadas en una mayor productividad, encadenamientos y diversificación productiva, industrialización y tecnificación, en una mayor cualificación de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres y de la juventud, y la abolición de la división sexual del trabajo, único camino para alcanzar la sostenibilidad del país y por tanto del sistema de seguridad social, mediante la creación de empleos plenos, permanentes y bien remunerados.

2.    Una profunda reforma fiscal que termine con los esquemas generosos y poco transparentes de privilegios fiscales y tratamientos tributarios especiales (exenciones y exoneraciones) y con el amplio uso de incentivos fiscales (poco transparentes y poco evaluados), y donde no hay certeza de su efectividad (zonas francas).

3.     Creación de la Superintendencia de la Seguridad Social, para garantizar la transparencia en la gestión administrativa-financiera y de una institución de la seguridad social al servicio pleno de quienes cotizan.

4.    El pago inmediato de la deuda del INSS, con fondos provenientes del presupuesto de la república y que se destinen al pago de las Pensiones mínimas reducidas, administradas por el INSS. Asegurando que nunca más los gobiernos y la clase política use los fondos de los asegurados como “caja chica” para resolver compromisos de campañas electoreras y gozar de privilegios fuera de ley y de la ética.

Todo lo anterior hará posible:

5.    Legislar en materia de seguridad y salud para asegurar una atención inmediata, preventiva y de calidad a todas las personas aseguradas y en particular en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.

6.    Contar con una cobertura dela seguridad social sin exclusión, universal, solidaria y no contributiva.

7.    Que las mujeres, como sujetos de derechos gocen en todas sus edades y sin vínculos obligatorios a la maternidad, de una seguridad social y humana, plena y de calidad.

8.    La automaticidad en el acceso a los servicios de atención médica, a favor de mujeres y hombres pensionadas/os de invalidez, vejez y discapacidad; y trabajadoras.

9.    Reconocimiento de períodos cotizados en pre y post natal como período cotizado a la seguridad social, a cargo del Estado.

10.    Crear la pensión básica solidaria para él o el cónyuge, para la compañera de vida o compañero de vida, sobre el fundamento del patrimonio familiar.

11.    Crear la Pensión universal no contributiva para mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado (economía del cuidado) con cargo al presupuesto nacional.

12.    Pensión universal no contributiva para mujeres y hombres, mayores de 60 años, o en estado de invalidez de cualquier edad, así como en estado de necesidad (que sobreviven con uno o dos dólares al día).

13.    Protección a las mujeres que se separan de  su compañero o cónyuge a causa de ser objeto de cualquier tipo de violencia estipulada en la Ley No. 779, y que se obliga a dejarsu hogar para salvaguardar su integridad, las cuales no perderán el derecho a la pensión solidaria.

14.    Desarrollo de “Seguro de Servicios Sociales” incluido el acceso a la recreación y al ocio por partede las mujeres aseguradas como derecho humano básico.

15.    Desarrollo de la infraestructura y los servicios dedicados a la economía del cuidado  (niñez, personas con discapacidad, tercera edad, entre otros), como corresponsabilidad del Estado de Nicaragua.

16.    La extensión en calidad y cobertura de la seguridad social a las mujeres rurales, indígenas y las que habitan en las zonas más recónditas del país y que aportan a la economía del país.

17.    Protección a las personas trabajadoras nicaragüenses en el extranjero, mediante la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, de 2007, a fin de asegurar su seguridad social tanto fuera del país como al momento de su retorno, todo con fundamento del artículo 28 de la Constitución Política.


¡BASTA DE ZAPATOS ROTOS... SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS MUJERES!


¡LOS DERECHOS, SON DERECHOS, NO FAVORES!


Dado en la Ciudad de Managua, Nicaragua, a los 15 días del mes de Octubre del año 2013