Johnson Javier López Blandón de 34 años, habitante de Jinotega fue apresado por la policía y trasladado a Managua por los supuestos delitos de hurto y estafa. En septiembre pasado un jurado de conciencia lo declaró “no culpable” en el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio, pero luego de un incidente de nulidad fue capturado nuevamente.
Según Karla Vanesa Altamirano, su esposo fue detenido desde el 2011 y ha enfrentado varias etapas. El 10 de enero del corriente año, fue detenido en su casa de habitación en Jinotega, por tres oficiales, quienes lo esposaron y le negaron el derecho a estar comunicado, luego fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua (EL Chipote).
López Blandón fue acusado por su hermano Jorge López Blandón por el delito de hurto y estafa agravada, ambos trabajaban en un negocio de transporte. En esta causa el Ministerio Público desestimó en dos ocasiones la acusación por falta de mérito.
Sin embargo, fue con acusación particular que inició el proceso y el recién pasado 20 de septiembre, la causa finalizó con veredicto de jurado “no culpable”; a los pocos días López fue capturado por una supuesta rebeldía, a pesar de que nunca recibió notificación para una audiencia donde se debatiría un incidente por la nulidad del veredicto del jurado que lo absolvió, aunque el artículo 321 del Código Procesal Penal es claro en establecer que el veredicto de un jurado es inimpugnable.
Para Karla Altamirano, se trata de una detención arbitraria e injusta contra su esposo, está convencida que existe tráfico de influencias en los operadores de justicia, por lo cual interpuso queja en Inspectoría Judicial de la CSJ, así como en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía por los obstáculos que ha encontrado en la Dirección de Auxilio Judicial.
El CENIDH, verificó la detención arbitraria en perjuicio del Sr. López Blandón; en cuanto al nuevo “Proceso Judicial” se evidencia una celeridad que puede deberse a intereses ajenos a los que la justicia demanda.
El CENIDH exhorta a la autoridad judicial a respetar los derechos y garantías del ciudadano detenido, sobre la base de que la acusación y juicio culminó con un veredicto de no culpabilidad y éste debe ser respetado.