El día 30 de septiembre del presente año, la Filial del CENIDH en Chontales recibió denuncia de la señora IRMA ESTRADA TEJADA, quien expresó que hace dos meses, unas 170 personas desmovilizadas del Ejército de Nicaragua, están en posesión de la Finca el Morro, San Miguelito Río San Juan, propiedad que fue decomisada por el Estado de Nicaragua al Señor Gerardo Lazo, condenado por el delito de narcotráfico. La propiedad antes referida fue reclamada por los familiares del Sr. Lazo por considerar que les fue injustamente decomisada.

La Sra. Estrada denunció que el día 29 de septiembre del presente año, a eso de las ocho de la noche el Sub Comisionado Luis González Jefe de la Policía de San Miguelito y el Coronel Horacio Ortiz,  Jefe del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, llegaron a decirles que salieran de las tierras porque si no los iban a desalojar por la fuerza.

Siguió manifestando que el día 30 de septiembre a eso de las siete de la mañana unos 150 soldados del Ejército de Nicaragua llegaron al sitio y sin ninguna orden judicial de desalojo, sin mediar palabras dispararon en contra de la humanidad de las 170 personas demandantes de tierra, aun cuando éstos estaban desarmados y habían niños y mujeres embarazadas.

VISITA A SAN MIGUELITO:

Un equipo de la Filial del CENIDH en Chontales el día 2 de octubre del presente año, coordinado por el Abogado Dennis Báez, realizó las investigaciones del presente caso visitando San Miguelito, encontrando que en las instalaciones de la Alcaldía Municipal estaban reunidos los Directivos de la Asociación de Desmovilizados Retirados de San Miguelito (ASORDESAM) y Alejandro Gómez, funcionario de la Intendencia de la Propiedad, quien andaba propiciando un diálogo con los demandantes de tierra sobre cómo se les podía beneficiar a ellos con las tierras en conflicto. En dicha reunión también participaba el jefe de la Policía de San Miguelito, Sub Comisionado Luis González.

Los directivos de ASORDESAM dieron información coincidente a la denuncia que realizó la señora ESTRADA TEJADA, además externaron que habían muchas personas que fueron golpeadas de parte de los soldados del Ejército de Nicaragua quienes los detuvieron y los garrotearon, les dieron culatazos y después los amarraron por tres horas para después sacarlos de la propiedad que estaban ocupando.

También denunciaron que el Ejército de Nicaragua les ocupó los celulares, cámaras fotográficas y todas sus pertenencias incluyendo 120 reses y 20 bestias mulares y que no se las han entregado. Externaron que fueron a interponer denuncia a la Policía Nacional de San Miguelito donde les expresaron que ahí no había nada que hacer porque ese era un asunto privado del Ejército de Nicaragua.

HERIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DAVILA BOLAÑOS

Los pobladores que resultaron con lesiones más graves fueron trasladados al Hospital Militar, y éstos son: Miguel Cabrera Sirias con una herida de bala en el pie; Celso Báez Díaz, con dos heridas de bala, una en la mano y otra en el abdomen; Modesto Correa Avalos, con el pie fracturado; Arnel Avalos Vargas, con las costillas fracturadas; Jaudiel Ponce, con  golpes ocasionados por los culatazos que recibió en todo el cuerpo; Feliciano Aguilar Miranda con la nariz fracturada y Celia Estrada, con lesiones en la cabeza producto de los culatazos que recibió.

Un abogado del CENIDH se comunicó telefónicamente al despacho del Director del Hospital Militar para visitar a los heridos lo que no fue posible bajo el argumento de que la solicitud debía autorizarla Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua.

POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Ante la omisión de realizar una investigación de parte de la Policía Nacional de San Miguelito, el equipo se trasladó a las instalaciones de la Policía Nacional de San Carlos Río San Juan, instancia en la que el equipo se reunió brevemente con el Segundo Jefe de la Estación Policial Comisionado Jardiel Arteaga, quien manifestó que no quería hablar de ese caso, procediendo a retirarse de inmediato.

Luego, el CENIDH se comunicó con el Comisionado Julián Lumbí,  Jefe de la Estación Policial de San Carlos en Río San Juan, a quien se le expresó que nos interesaba el caso de los heridos de San Miguelito. El Comisionado expresó que la Policía ahí no tenía nada que ver en ese caso que era el Ejército el que había desalojado. Ante tal planteamiento le expresamos que nuestro interés era conocer si la Policía estaba investigando ya que en el lugar se dieron hechos de violencia que dejaron como saldo a varias personas heridas.

Ante nuestra demanda de que se investigaran los hechos el Comisionado respondió que no investigarán porque no  tienen ninguna denuncia, a pesar de que las personas afectadas intentaron interponer denuncia en  la Estación de la Policía Nacional de San Miguelito y no se lo permitieron. Ante el argumento de que la Policía Nacional podía investigar de oficio, respondió que no investigarán nada.

GESTIÓN ANTE EL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El equipo se presentó en las instalaciones del Destacamento Militar Sur, San Carlos en Río San Juan, donde le hicieron esperar un largo rato y después les recibió en el parqueo un soldado de apellido Cárdenas. Cuando se expresó el motivo de la visita, que se investigaba el caso de los lesionados de San Miguelito de parte de soldados del Ejército de Nicaragua, el militar nos expresó que la persona encargada de dar información no estaba, se le preguntó por su nombre y cargo y dijo que no podía dar ninguna información.

CONCLUSIONES:

A partir de las diligencias realizadas, el CENIDH considera:

1.    Que los hechos de violencia se dieron en el contexto de la demanda de tierras de parte de la Asociación de Desmovilizados Retirados de San Miguelito (ASORDESAM) y soldados del Ejército que se disputan la propiedad de 1500 manzanas que eran de propiedad del señor Gerardo Lazo, condenado por tráfico de droga.

2.    Que el desalojo realizado por el Ejército es ilegal, porque no existe ninguna orden de juez competente y porque constitucionalmente el Ejército no está facultado para realizar desalojos.

3.    Que el Ejército violentó el derecho a la integridad física en contra de las personas a las que disparó con sus fusiles AK y en contra de las que capturaron que fueron víctimas de maltratos verbales y violencia desproporcionada.

4.    Que el Ejército de Nicaragua violentó el derecho a la propiedad personal de los demandantes de tierra ya que les ocuparon todas sus pertenencias personales (ropa, celulares, cámaras, ganado, bestias mulares) que a la fecha del presente no les han sido regresadas.

5.    A partir de las entrevistas realizadas con autoridades policiales se observa que la Policía Nacional no tiene disposición de investigar los hechos de violencia ocurridos en día 30 de septiembre del presente año donde resultaron más de siete personas lesionadas, violentando de esta manera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas ya que en en este caso, como en otros en los que se involucra el Ejército,  la Policía no cumple con su responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos en las que incurre el cuerpo castrense.

6.    La deliberada negativa de investigar constituye el fomento de una conducta de impunidad para los agentes militares lo cual se confirma con la consideración de las autoridades de que se trataba de un asunto privado del Ejército de Nicaragua.

7.    El CENIDH demanda una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos ocurridos el 30 de septiembre en la finca El Morro y se determinen las responsabilidades y sanciones correspondientes a los miembros del Ejército que se excedieron en el uso de la fuerza.
Juigalpa 4 de octubre del año 2013.

¡ Derecho que no se defiende …………Es derecho que se pierde!