El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Filial Matagalpa,  recibió el 9 de octubre del 2013 a los señores: Gertrudis Díaz López de 74 años de edad y Mercedes del Socorro Soza Sevilla de 53 años, originarios de la comunidad “La Isla”, Rio Blanco, quienes denunciaron al oficial policial Joel Pineda por extorsionarlos al requerirles la cantidad de  Cien mil Córdobas (C$100,000.00) a cambio desistir  de una denuncia en contra de su hijo Edim Leonel Díaz Soza.

Los denunciantes manifestaron que el día primero de agosto del 2013 el Oficial Joel Pineda, conocido como “Tito”, les llevó una cita policial para que se presentaran ese día a la Delegación Policial de Rio Blanco. Al presentarse,  el Oficial Pineda los llevó con el licenciado Bryon Efraín Otero, abogado y notario en ese municipio, quien les dijo que firmaran un documento donde se comprometían a pagar la cantidad de Cien mil córdobas (C$100,000.00) a  su favor. La  cantidad  posteriormente fue reducida a Sesenta mil Córdobas (C$ 60,000.00).

Según los denunciantes, accedieron pues si no lo hacían encarcelarían a su hijo por el supuesto delito de amenazas de muerte al oficial Pineda. El  oficial les exigió que se quedaran callados y no comentaran con nadie y que llegaría a la comunidad a traer el dinero posteriormente. Manifestaron sentirse intimidados por éste, además es jefe de sector y lejos de cumplir su obligación de prevenir y perseguir el delito es una persona que constantemente los intimida y les dice que si no pagan no verán nunca a su hijo.

Con el acompañamiento de promotores/as de la Comisión de Derechos Humanos de Rio Blanco los denunciantes se presentaron ante la jefatura de Río Blanco donde no recibieron respuesta, al ser según el jefe policial un asunto competencia de Asuntos Internos de la Delegación Departamental, obviando con ello que la misma constituye un delito grave y deslindando responsabilidad sobre el actuar de los agentes de la Delegación a su cargo.

El 9 de octubre un funcionario de la filial del CENIDH Matagalpa acompañó a los/as denunciantes  a la delegación policial con la finalidad de denunciar esta situación en jefatura departamental. No obstante, no fuimos escuchados por la jefatura, siendo remitidos a Asuntos Internos, donde nos atendió la Subcomisionada Melania Obregón quien se comprometió a investigar la denuncia y adoptar las medidas pertinentes en caso de encontrar responsabilidades.

Para el CENIDH, este tipo de denuncias son preocupantes ya que las conductas denunciadas son contrarias al Código de conducta y al espíritu de la institución policial, alejándose de la responsabilidad de protección a la ciudadanía y abusando de la posición que le brinda su calidad de agente policial. Por lo anterior, demandamos se investiguen los hechos denunciados y de encontrarse responsabilidades administrativas y/o penales se sancione a los responsables y se respeten los derechos de la familia Díaz Soza.