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Familia Rivera López demanda justicia

20 de septiembre de 2013

Miembros de la familia Rivera López, originaria de la comunidad La Bodega, jurisdicción de Mulukukú, se presentaron para solicitar al CENIDH les acompañe en su demanda de justicia por el asesinato de su padre el Sr. Julián Rivera Díaz; que según las denunciantes fue asesinado por José Luis Duarte, quien no ha sido capturado y ha amenazado con exterminar con dar muerte a todos los miembros dicha familia Rivera López.
En su denuncia, la Sra. Elizabeth Rivera López dijo: que era víctima de violencia de parte de su ex compañero de vida José Luis Duarte; quien hace un año la maltrataba, le ponía la pistola en la cabeza y que vivía muy atemorizada. El 23 de agosto tomó la decisión de abandonar la casa porque la amenazó con matarla si todavía estaba allí cuando regresara. Ese mismo día le pidió a su mamá que la acompañara a la Comisaría de la Mujer de Mulukukú a interponer la denuncia por violencia intrafamiliar.
El 26 de agosto a las cinco de la mañana, según denunciaron José Luis Duarte llegó a la casa de sus suegros, portando un arma; al escuchar que estaba frente de la casa, salió el Sr. Julián Rivera para tratar de conversar, pero allí mismo lo mató de dos impactos de bala. Duarte también disparó a su esposa Elizabeth, a su cuñada Fátima Rivera López y a Tania Jarquín, quienes resultaron heridas. Las denunciantes manifestaron que las autoridades policiales de Mulukukú no han hecho nada por protegerlas y capturar a Duarte que continúa amenazando con matarles a todos.
El CENIDH acompañó a las víctimas a la Sede Central de la Policía Nacional en Plaza El Sol a presentar denuncia por la falta de protección de parte de las autoridades policiales de ese municipio. El Equipo fue atendido por la Comisionada Carolina Torres, Jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el Comisionado Fernando Borge, Director de Relaciones Publicas.
El abogado del CENIDH, Carlos Alberto Guadamuz, expresó que Duarte tenía antecedentes por abigeato y por violación entre 1999 y 2011. Mediante una certificación de armas emitida por Dirección de Armas del Triángulo Minero se verificó que el investigado portaba bajo licencia un revólver calibre 357 y una escopeta calibre 12, extendida el 5 de abril del 2011.
Guadamuz criticó el hecho de otorgar licencia de portación de arma a esta persona con antecedentes de violencia. El equipo del CENIDH solicitó a la Policía Nacional la captura inmediata, investigación sobre la responsabilidad de los hechos y seguridad para las víctimas y sus familiares.
 



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