A fin de verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de  libertad, la Filial del CENIDH en Matagalpa realizó visitas a las celdas preventivas de San Ramón, Rancho Grande, Ciudad Darío, Sébaco, Esquipulas, Waslala y Terrabona, en las que pudieron constatar  la falta de infraestructura que garanticen las condiciones mínimas a los privados de libertad.

Juan Carlos Arce, Coordinador de la Filial del CENIDH en Matagalpa, dijo que en las  visitas realizadas lograron identificar los mismos problemas como el hacinamiento, falta de servicios higiénicos, no tienen donde dormir, las instalaciones carecen de iluminación y ventilación.

Arce dijo que un ejemplo de la situación de hacinamiento es San Ramón, donde en celdas de tres metros cuadrados encontraron catorce detenidos, en Ciudad Darío las celdas son oscuras y sin ventilación; en el caso de Sébaco encontraron que la capacidad de las celdas es para veinte y había más de cuarenta detenidos.

El Coordinador de la Filial CENIDH Matagalpa, dijo que las limitaciones también afectan a los oficiales de policía, como en el caso de Rancho Grande donde los mismos oficiales no tienen un lugar donde dormir, ni servicios higiénicos. 

Otra situación que encontraron es que las unidades policiales de San Ramón, Ciudad Darío, Sébaco, Waslala y Esquipulas, tienen a personas condenadas por delitos relacionados a posesión y tráfico de estupefacientes y violencia de género. Este hecho genera inconformidad en los jefes policiales quienes reconocen que no cuentan con las condiciones y capacidades para abordar  esta situación, pues cabe recordar que estas delegaciones tienen un  carácter preventivo. Los oficiales argumentan que el Sistema Penitenciario de Waswali  esta rebasado en su capacidad.

Estas limitaciones impiden que se garanticen derechos elementales de los privados de libertad como el derecho a tomar el sol, las visitas conyugales y de familiares en condiciones que permitan la interacción física o acceder a un régimen laboral o de otro tipo que le permitan la reducción de la pena.
Según lo expresado por los oficiales, no existe presupuesto asignado para la alimentación de los detenidos, solamente 12 córdobas para la alimentación de los oficiales, de este presupuesto brindan alimentación a aquellos detenidos cuyos familiares son de lugares lejanos y no cuentan con los recursos para llevar diariamente la alimentación al detenido. Esta situación genera que para completar la alimentación recurran a donaciones de productores de la zona, lo que puede comprometer la imparcialidad en la actuación policial.


El CENIDH considera que la falta de condiciones en las delegaciones policiales,  propicia  violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En tal sentido las restricciones en cuanto a las visitas, el derecho a tomar el sol y a las visitas conyugales ameritan condiciones de infraestructura básicas, así como personal suficiente que garantice el ejercicio de ese derecho.

El CENIDH considera que el Estado de Nicaragua debe tomar las medidas necesarias y a la mayor brevedad posible para mejorar las condiciones de los detenidos y de los mismos oficiales que prestan servicios en estas delegaciones y evitar que se siga violentado sus derechos humanos. Así como medidas encaminadas en primer lugar a resolver de manera definitiva la problemática de hacinamiento en los centros penitenciarios y a restringir el traslado de privados de libertad a unidades policiales.