Desesperadas por las amenazas, la Señora S.T.A.S y su hija viajaron desde Bonanza para demandar a las autoridades les garanticen protección, ya que éstas  se han coludido para beneficiar a H.A.R marido y padre respectivamente, quien fue condenado por haber violado a su hija 11 años y ejercía violencia física contra su ex compañera de vida.
 
En el 2011,  H.A.R violó sexualmente a su hija de 11 años, la mamá denunció el delito y el violador fue condenado en el 2012 a la pena de 12 años de prisión, el judicial ordenó que fuera remitido al Sistema Penitenciario de Matagalpa. Sin embargo, a la fecha aún se encuentra  en las celdas policiales de Siuna, gozando de privilegios de parte de la policía de ese municipio, ya que durante el día permanece en libertad y en la noche duerme en la unidad.

Según testimonio de las víctimas el abusador, aprovechando que puede moverse libremente por toda la ciudad, sigue amenazando a su ex compañera y a la  niña, les dice que se cuiden porque pronto va a salir de la cárcel, las persigue, se burla de ellas y desde un celular les llama continuamente. Esta situación fue informada a las autoridades correspondiente de Siuna y hasta la fecha no han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas.

Según consta en los documentos presentados por las denunciantes durante el proceso judicial, el juez que conoció la causa ordenó a la defensa técnica sustraer bienes, entre éstos una computadora que contenía video, imágenes de la violación a la menor e imágenes de violencia en contra de su ex pareja. Estas pruebas no fueron presentadas en el juicio a pesar que el Ministerio Publico tenía conocimiento del contenido, en una abierta protección al abusador

En abril del 2012, la Sra.  S.T.A.S fue informada por la Directora del Colegio, Santa Teresita en Bonanza que la niña no podía continuar estudiando por el abuso sexual del que fue víctima era una vergüenza,  que todo el pueblo conocía la situación y que le recomendaba que se fuera a vivir a otro lugar. Actualmente, la familia afectada vive en casa de una amiga que se conmovió al conocer la situación y le ha brindado apoyo para que los menores estudien en otro colegio.

La abogada del CENIDH, Brenda Rojas, dijo que la actuación de las autoridades atenta contra el interés superior de la niña, incumple los compromisos del Estado de Nicaragua en instrumentos internacionales de derechos humanos. También mencionó la desprotección en la que las autoridades han dejado a las víctimas  y calificó como grave la actuación de la Policía Nacional, lo cual la falta de coherencia con el compromiso declarado por la institución de prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres y la niñez.

Brenda Rojas calificó la actuación de la Directora del Colegio Santa Teresita de discriminatoria, además criticó que en la sentencia condenatoria no se ordenaran medidas de protección integral a favor de la niña.

CENIDH acompaña a las víctimas ante Ministerio Público y Policía Nacional

El 19 de agosto el CENIDH acompañó a las víctimas a la Unidad Especializada de Género, donde fueron atendidas por la Asistente de la Dra. Odeth Leytón, quien tomó nota del caso manifestando que harían las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público en Siuna. Posteriormente, fueron atendidas por el Fiscal Manuel Rugama de Inspectoría, quien se mostró indignado por el atropello de los derechos de la niña y se comprometió a realizar e investigar los alcances de la queja contra el Ministerio Público de Siuna. También a tomar medidas para que las víctimas recuperaran los bienes que fueron sustraídos de su vivienda por el abogado del violador.

En horas de la tarde también se presentó la denuncia en la División de Asuntos Internos por los privilegios que la Policía Nacional de Siuna está otorgando al violador, donde se le permite permanecer en libertad, así como el portar un celular de donde le realiza constantes llamadas a ex compañera para amenazarla.

El CENIDH considera que las autoridades centrales del Ministerio Público y la Policía Nacional, ya están informadas de la situación de peligro que viven doña S.T.A.S y su hija,  por lo que demanda que estas instituciones garanticen la protección que ellas necesitan.