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Violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta de los adultos mayores por su derecho a una pensión reducida de vejez

27 de junio de 2013

Antecedentes

La pensión reducida de vejez es un derecho humano reconocido en el Art. 49 de la Ley de Seguridad Social, el cual está vigente. Las mismas dejaron de pagarse bajo el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mediante el Decreto No 38-94, que derogó los artículos 44 párrafo segundo; 56 y 114 del Reglamento General de Seguridad Social, estableciéndose que los asegurados que no cotizasen las pensiones correspondientes a la vejez (750 semanas), no podrían recibir la pensión mínima, independientemente de haber cotizado dos tercios de dichas cotizaciones. El gobierno de entonces intentó justificar la decisión alegando la situación financiera del INSS.

En el informe anual del CENIDH de 1994, se denunció la reforma y su aplicación anticipada expresando lo siguiente: “…con la vigencia de esta reforma, el INSSBI aplicará indiscriminadamente esta medida, lo que vendrá a perjudicar principalmente a los jubilados que reclaman el derecho a pensión de vejez.”

Al volver al poder Daniel Ortega (2007), no restableció el pago de la pensión reducida a pesar de la demanda insistente de los adultos mayores. Sin embargo, con fondos de la cooperación venezolana su gobierno entregó ayudas económicas, paquetes alimenticios, lentes,  bastones, medicamentos, atención médica y sillas de ruedas, algunas de las cuales estaban ya previstas en la ley.

No obstante esas entregas, según afirmaron los adultos mayores fueron suspendidas y como consecuencia incrementaron las acciones de protesta, demandando el cumplimiento de su derecho a una pensión reducida. Durante el mes de mayo fueron constantes las demandas de los adultos mayores ante la Asamblea Nacional y le Secretaría del Partido de Gobierno. Debido a la ausencia de respuesta se presentaron a las Oficina Principal del INSS en dos ocasiones, a demandar al Presidente de dicha Institución el restablecimiento de los beneficios, sin embargo la reacción de dicho funcionario fue cerrar las oficinas y enviar al personal de vacaciones.


Represión de la jornada de protesta en apoyo al pago de la pensión reducida

Desde el lunes 17 de junio, los adultos mayores se tomaron pacíficamente la oficina Central del INSS en Managua y las delegaciones ubicadas en Migración y Extranjería y
 
Multicentro Las Américas. En ésta resultaron heridos dos ancianos al momento de la ocupación, también las delegaciones del INSS en Estelí, Rivas, León, Masaya y Matagalpa fueron ocupadas pacíficamente por los miembros de la UNAM, sin mayores incidentes.

Los adultos mayores expresaron que las tomas eran de forma indefinida y ese día se concentraron en el Edificio Central del INSS unos 200 adultos mayores, lo que produjo una reacción violenta por parte de los guardas de seguridad del edificio resultando incluso lesionados algunos adultos mayores. A la par de esta acción la Policía Nacional acordonó el área aislando al grupo de manifestantes impidiendo se sumaran a la protesta más personas y obstaculizando el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas, con el fin de obligarlos a desistir de la acción.

Las autoridades policiales declararon públicamente que si alguno de los manifestantes necesitaba algo, no tendría obstáculos para salir del lugar. Entre los días martes 18 y miércoles 19 de junio, unos 20 adultos mayores que permanecían en el edificio del INSS fueron obligados a salir por las presiones impuestas por la policía al mantenerlos sitiados y aislados.

El 19 de junio del corriente año en horas de la mañana, un equipo del CENIDH encabezado por la Presidenta Doctora Vilma Núñez y el Director Ejecutivo Doctor Mauro Ampié, se presentaron al plantón que mantenían los miembros de la UNAM. En esa oportunidad se comprobó la existencia de vallas de seguridad colocadas por la policía, una que obstaculizaba el acceso inmediato al edificio y otra que ampliaba el perímetro de seguridad para impedir el acceso de aquellos que podrían apoyar.

Desde la primera valla de seguridad el CENIDH tuvo comunicación telefónica con altos mandos policiales solicitando acceso para verificar la situación de los adultos mayores que permanecían protestando en el edificio del INSS. Ante la solicitud, al poco tiempo la policía reforzó el cordón de seguridad, lo que causó la indignación de los protestantes y forcejeos con la policía y al cabo de unos minutos los manifestantes rompieron el cordón de seguridad, logrando acercarse hasta una cuadra del edificio del INSS con el objeto de entregarles agua y alimentos.

Por su parte, la policía reforzó el segundo cordón de seguridad y orientó a sus efectivos hacer retroceder a los manifestantes. En este acto, miembros del CENIDH, periodistas, jóvenes que apoyaban la protesta y adultos mayores resultaron agredidos y lesionados por la policía. De igual manera, la policía amenazó e intentó apresar a los manifestantes que pretendían introducir alimentos al edificio del INSS por los techos de las casas vecinas y otras zonas aledañas al edificio.

Los miembros del CENIDH agredidos en horas del mediodía fueron: los abogados Gonzalo Carrión y Uriel Pineda. Carrión cayó al suelo y fue arrastrado produciéndole excoriaciones en el codo izquierdo, mientras que Pineda recibió de parte de las autoridades, golpes  y patadas en distintas partes del cuerpo y le destruyeron sus lentes. En el mismo incidente, el periodista de El Nuevo Diario, Roberto José Martínez fue golpeado por tres agentes de la Policía Nacional mientras daba cobertura a la protesta. Al periodista le agarraron el brazo derecho, le tiraron al suelo, le golpearon en la cabeza y en la espalda para luego inmovilizarlo con los brazos hacia atrás. La agresión a los defensores de Derechos Humanos fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH).

La noticia de la represión policial circuló por los medios de comunicación y redes sociales, lo que motivó el apoyo de jóvenes y ciudadanos a la protesta, llevando víveres y expresando su solidaridad con los adultos mayores. Durante la noche de ese día la actuación policial dio un giro hacia la represión de la protesta social procediendo a detener a 8 jóvenes (6 hombres y 2 mujeres), detención de la que tuvo conocimiento el CENIDH. Entre los detenidos se encontraba el abogado Juan Carlos Arce coordinador de la filial del CENIDH en Matagalpa, quien estaba plenamente identificado como defensor de Derechos Humanos al portar la camiseta con el logo del CENIDH y resultó con golpes en distintas partes del cuerpo, además de las agresiones verbales y amenazas a las que fue sometido.

Los detenidos fueron trasladados al centro de detención conocido como “El Chipote”, sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía. Fueron golpeados por los agentes policiales, interrogados en el lugar de detención y amenazados con ser torturados en la DAJ. A pesar que los liberaron horas después, fueron amenazados con ser golpeados o detenidos si continuaban participando en las protestas.

La policía reportó que en los hechos resultaron lesionados sus miembros: Paola Sevilla, Karla López y Francela Balladares. Teniendo en cuenta la negativa de las autoridades de permitir la visita del CENIDH en casos anteriores, el CENIDH no ha solicitado a las autoridades su consentimiento para constatar su estado.

En las primeras horas de la madrugada del 20 de junio la Policía Nacional se presentó en tres autobuses y desalojó a los 150 adultos mayores que aún permanecían en el edificio del INSS, a quienes los trasladaron a hospitales públicos. En esa oportunidad, la policía les manifestó a los adultos mayores que les darían de comer y que recibirían atención médica para persuadirlos y obligarlos a abandonar el sitio.

Pese al desalojo, los miembros de la UNAM continuaron su protesta en el costado Sur del edificio del INSS. En horas de la mañana se improvisó una champa donde estudiantes de medicina de diferentes universidades del país, les brindaban asistencia médica.

En horas del mediodía el diputado oficialista y Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) Gustavo Porras convocó a conferencia de prensa en atención al plantón de los adultos mayores. En esa conferencia, el adulto mayor Luis Sánchez con afinidad a dicha organización sindical, afirmó reiteradamente que las protestas de la UNAM son financiadas por el Movimiento Renovador Sandinista y por la Sra. Vilma Núñez del CENIDH.

Por su parte, el Presidente del INSS Roberto López declaró el día viernes 21 que en Nicaragua existen cerca de 59 mil adultos mayores con derecho a pensión reducida y que si se les diera un importe mensual de 3300 córdobas le costaría al INSS 181 millones de Córdobas al mes, representando un egreso anual de 2534 millones de Córdobas. Afirmó que el INSS no cuenta con la capacidad económica para asumir la pensión reducida, ya que las reservas son de 1530 millones de córdobas.

No obstante, la UNAM cuenta con unos 8 mil afiliados y cálculos independientes sostienen que adultos mayores con derecho a pensión reducida en Nicaragua solo hay unos 15 mil aproximadamente, además destacan que el importe individual sería inferior al monto indicado por López. Esta situación, deja en evidencia la falta de voluntad política que imperaba entonces para atender la demanda de los adultos mayores.

El día jueves 20 un equipo del CENIDH acudió a la estación policial Distrito II a verificar la detención de manifestantes, las autoridades policiales confirmaron la presencia de los detenidos pero no permitieron entrevistarlos. De igual manera, el día viernes otro equipo del CENIDH se dirigió a la estación policial del Distrito III a verificar la situación de otros manifestantes detenidos y a pesar de que se confirmó que estaban detenidos no se pudo conocer su situación o verlos.

La protesta continuó en el cordón de seguridad de la policía a un par de calles del INSS, en la noche del viernes los jóvenes manifestantes notaron cambios en los agentes ya que estos les insultaban directamente y a las jóvenes mujeres les decían palabras soeces y morbosas e insultantes. Al sitio llegaron conocidos dirigentes de la Juventud Sandinista (JS) y a eso de las 2 de la mañana del sábado 22, los efectivos policiales se retiraron en bloque pasando de unos 140 a unos 35 policías que permanecieron resguardando la valla de seguridad, donde se hizo presente un alto mando policial de Managua.

En la protesta quedaron unos 40 ancianos y entre 60 y 70 jóvenes cuando a eso de las cuatro de la mañana, ocho camiones de la Alcaldía de Managua, algunos microbuses color blanco y unas seis motocicletas llevaron al lugar a unas 300 personas, casi la totalidad encapuchadas y portando al revés camisetas de la JS. Este grupo infundió terror entre los manifestantes, ya que les gritaban que corrieran, que tenían 10 segundos para abandonar el lugar, mientras los golpeaban.

Entre de los agresores,  los jóvenes lograron identificar tres grupos: jóvenes que persuadían principalmente a las mujeres para abandonar el sitio; otros que vestían pantalones de policía y botas de uso militar y aplicaban técnicas de inmovilización o llaves propias de la técnica policial a los manifestantes y retirarlos del sitio mientras eran golpeados; y los últimos, que estaban dedicados a robar las pertenencias personales de los manifestantes entre los que destacan celulares, relojes, bolsos o mochilas, billeteras y cualquier objeto de valor.

Entre los agresores, los jóvenes identificaron al menos a tres agentes policiales que pertenecen a la Dirección de Auxilio Judicial. En un cuarto de hora desalojaron violentamente a los jóvenes y colocaron auto-parlantes con música alusiva a la campaña electoral del FSLN.  Muchos de los jóvenes quedaron atrapados sin poder salir de las casas vecinas donde les brindaron auxilio.

Muchos resultaron lesionados y no se permitió acceso a grupos de socorro, que tuvieron que prestar sus servicios a dos cuadras del lugar. En el incidente, se destruyeron con palos los vidrios de los vehículos y se llevaron del lugar seis  vehículos en presencia de las autoridades policiales, quienes además fueron señalados por jóvenes manifestantes de golpearlos cuando les pidieron ayuda por la presencia del grupo agresor.

Ante esta situación, a las 4:30 de la madrugada fue necesaria la intervención de miembros del CENIDH para asistir a los jóvenes agredidos que no podían salir. Al lugar también se hizo presente Monseñor Leopoldo Brenes, Monseñor Silvio Báez y Monseñor Miguel Mántica quienes le hicieron el llamado al grupo de agresores a retirarse del lugar sin resultados satisfactorios. Cabe destacar que el jueves 20 la Iglesia Católica había emitido un comunicado exhortando a la clase política a brindar una respuesta a la demanda de pensión reducida de los adultos mayores.

El CENIDH confirmó que las siguientes personas resultaron con lesiones visibles producidas por las fuerzas de choque o la policía: Ramiro Henríquez con escoriaciones,  Myron Tom con golpe y herida en el mentón que requirió puntadas, Elmer Rosales con golpe contundente en la nariz que le produjo sangrado profuso,  Cristian Alvarenga con golpes en el ojo derecho y escoriaciones en el codo y rodilla derecha,  Andrés Chamorro con múltiples golpes, Luis César Ruiz con golpe en el ojo derecho, Marlia Avendaña con hematomas múltiples en el cuerpo, y Miguel Ángel Ibarra López de 26 años de edad, con golpes en el tórax y escoriaciones en la parte baja de la espalda, además de quemaduras con ácido en el abdomen y pie derecho las cuales según denunció fueron resultado de las torturas a las que fue sometido por la autoridad policial del Distrito II.


Como consecuencia del desalojo, los adultos mayores quedaron rodeados de simpatizantes de la Juventud Sandinista en un entorno intimidatorio, mientras los jóvenes desalojados se trasladaron a las inmediaciones de Catedral en busca de resguardo y seguridad que no les fue proporcionada por la policía. Esta situación la verificó el CENIDH al visitar a ambos grupos de manifestantes en horas de la mañana del sábado 22.

En horas de la tarde del sábado, el CENIDH presentó un recurso de exhibición personal  en favor de Agner Valladares, Axel Martínez; Mauricio Martínez; Erick Bismark González López; Ronald Alberto Vivas y Javier Alejandro Munguía, quienes permanecían detenidos desde el miércoles 19 de junio ya con el término para ser puestos a disposición de una autoridad judicial, los afectados fueron liberados la mañana del domingo 23.

En la jornada de protesta, el CENIDH tuvo conocimiento de al menos 21 detenciones de manifestantes y no menos de 15 tenían lesiones físicas visibles propinadas por la Policía o las brigadas de choque con la aquiescencia de la Policía. En el mismo sentido, al menos 30 jóvenes fueron víctimas de robo con violencia de sus pertenencias personales por parte del grupo de choque que atacó el sitio de la protesta en horas de la madrugada del sábado 22 de junio.

El día 24 de junio en horas de la tarde, la dirigencia del FNT realizó una marcha que contó con la participación de trabajadores del sector público y varios Ministros y Ministras del gobierno. En el acto de clausura del mismo, estuvo presente el dirigente de la UNAM Porfirio García, quien reiteró las demandas de la asociación, horas más tarde en los medios de comunicación se conoció la existencia de un acuerdo en virtud del cual se restablecerían los beneficios económicos y de asistencia médica que habían sido suspendidos, sin definir el pago de la pensión reducida de vejez.

Por su parte, la policía Nacional emitió un comunicado el día 25 de junio donde afirmó que existen intereses oscuros y mal intencionados para deslegitimar a la institución. El comunicado refiere además que las imágenes y videos que circulan en redes sociales, son hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fueron cometidos por agentes policiales.

La versión policial contrasta con las detenciones, agresiones constatadas y los robos denunciados por los manifestantes. Se denunció públicamente por medio de las redes sociales el robo de 7 vehículos, 4 motos, 9 cámaras digitales, 27 celulares, 4 tabletas electrónicas, 25 carteras con documentos de identidad, 3 computadoras, 8 anteojos, 11 tarjetas de débito y crédito, 3 relojes, 2 ipods, 3 guitarras, 1 cajón peruano; 1 pasaporte, 1 telescopio littman, 1 tensiómetro, 6 memorias de cámara celulares y grabadoras.

Según documentó el CENIDH, los jóvenes detenidos fueron: Virginia Sevilla García; Marlia Avendaña; Elías Ubeda; Moisés Flores; Heiker Palacios; Luis Najarro; Elvis Bustos; Juan Carlos Arce; Elías Borda; Byron Rivas; Jairo Contreras; Agner Valladares; Fred Oporta; Roberto Martínez; Salvadore Capole; Axel Martínez; Mauricio Martínez; Erick Bismark González López; Ronald Alberto Vivas; Javier Alex Munguía; Eddy Desba; y Miguel Ibarra.


Valoraciones y recomendaciones

1.    La responsabilidad primera de los hechos aquí documentados recae en el Gobierno del Presidente Daniel Ortega que por seis años ha incumplido con la obligación de pagar la pensión reducida de vejez a la que tienen derecho miles de adultos mayores que ante un gobierno indolente deben soportar condiciones de vida que no son compatibles con su dignidad ni con el reconocimiento que deberían gozar de parte del Estado y la sociedad.

2.    La respuesta gubernamental ante la protesta de los adultos mayores fue inicialmente, descalificar a sus líderes, agredir sicológicamente a los adultos mayores que se encontraban en el plantón sometiéndoles a escuchar desde la madrugada del sábado música de la campaña electoral del F.S.L.N y a la presencia de numerosos simpatizantes del gobierno que portaban sus símbolos así como la bandera nacional.  Tanto el Movimiento de los Adultos Mayores como quienes les apoyaban fueron señalados como elementos desestabilizadores del gobierno, manipulados por la derecha. Por ello la marcha convocada para el lunes 24 de junio se planteó inicialmente como una expresión de respaldo masivo al Comandante Ortega. Luego, el gobierno cambió su discurso para insistir que la marcha era en respaldo a la demanda de los adultos mayores, lo cual evidencia que más que cumplir su obligación el gobierno se ocupó tardíamente de mejorar una imagen francamente deteriorada por la insensibilidad demostrada ante la justa demanda de la pensión reducida.

3.    El desalojo violento realizado la madrugada del 22 de junio y la represión policial que le antecedió constituyen una gravísima violación de los siguientes derechos humanos: el derecho de movilización, la libre expresión, la libertad personal, la propiedad personal, la integridad física y sicológica, derechos todos reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Nicaragua.

4.    El CENIDH deplora la actuación de la Policía Nacional en lo que hace a su negativa de permitir el ingreso de alimentos y bebidas al sitio donde se encontraban los adultos mayores así como su incumplimiento del deber de brindar la debida protección a los manifestantes frente a la agresión de las fuerzas de choque. La actuación policial resulta totalmente reprochable, pues mientras transcurrían las horas fue tornándose más violenta llegando a agredir, amenazar, amedrentar y criminalizar la protesta social de los manifestantes y de quienes los apoyaban.

5.    Extrema preocupación provoca el deterioro evidente del derecho a defender derechos ya que como quedó ampliamente documentado en el presente, la Policía la emprendió contra miembros del equipo del CENIDH e incluso llegó a privar de su libertad y a agredir física y sicológicamente a nuestro Coordinador de la Filial de Matagalpa. Dicha agresión y la detención misma constituyen una violación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

6.    Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha informado de investigación alguna ni detención de los agresores, el CENIDH considera que la Policía Nacional debe cumplir su obligación de investigar de forma imparcial los actos de violencia donde las fuerzas de choque afines al partido de gobierno lesionaron físicamente a los jóvenes que apoyaban la protesta de los adultos mayores, les sometieron a maltrato sicológico como resultado del ambiente de abierta intimidación, les robaron y destruyeron propiedad privada. En este orden, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional debe investigar la actuación policial pues fue notoria la negligencia de estos en la protección de los ciudadanos que ejercían un derecho constitucional. Asimismo, corresponde a dicha Dirección determinar si entre los agresores se encontraban policías vestidos de civil que participaron activamente en la agresión, lo cual fue señalado reiteradamente en los testimonios de los agredidos.

También es indispensable que el Ministerio Público ejerza la acción penal contra los responsables a fin de que los hechos aquí narrados no queden en la  impunidad y que las autoridades hagan todo cuanto esté a su alcance para regresar a sus propietarios los bienes robados y los vehículos que fueron movidos del lugar por las fuerzas de choque.

7.    El CENIDH estima imperativo que el gobierno reinicie el pago de manera inmediata y urgente de las pensiones reducidas de los adultos mayores. Para ello debe tomar en consideración la ley para el cálculo de la pensión reducida.

8.    El CENIDH condena la evidente confabulación entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Managua y el Gobierno Central orientada a acallar la protesta social desalojando violentamente a quienes participaban en el plantón, así como a intimidar, agredir físicamente y causar daños a la propiedad de los manifestantes. Dicha conducta no abona a la paz social y evidencia el estilo autoritario de un gobierno que ha instalado la política de tolerancia cero para las manifestaciones sociales que no giran en torno a su círculo de poder.

9.    Las condiciones en las que fueron invitados a participar en el acto central del 24 de junio convocado por el Frente Nacional de los Trabajadores revictimizó a los adultos mayores y el mecanismo que se ha determinado para llegar a una solución difícilmente conducirá al pago de la pensión reducida. El acuerdo insiste en supuestas ayudas, en la entrega de los bonos denominados “solidarios” pero no menciona siquiera el pago de la pensión reducida de vejez. La presencia de la Juventud Sandinista en las reuniones semanales previstas y que las mismas se desarrollen en la Secretaría del F.S.L.N. evidencia la confusión Estado- Partido y el afán de copar el Movimiento Unión Nacional del Adulto Mayor estableciendo la presencia permanente de la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista en todas  las oficinas de dicho Movimiento.


¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos


Managua, 26 de junio del 2013


 



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