Ante la presencia de periodistas, cuerpo diplomático, representantes de organizaciones civiles nacional e internacionales,  el CENIDH, presentó el “Informe de Derechos Humanos 2012”,  la actividad estuvo  presidida por la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Dr. Mauro Ampié Vílchez, Director Ejecutivo y la Ing. Marlín Sierra Palma, Sub Directora Ejecutiva.
El Dr. Mauro Ampié, destacó que el informe es el resultado de la labor que realiza el Equipo del CENIDH a lo largo del año, con los casos que acompañamos y documentamos,  además resaltó que obedece a la visión de protección a los derechos humanos de forma integral que incluye los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos de los grupos específicos.
El Informe destaca que en el 2012, el CENIDH atendió un total de 3, 924 casos nuevos,  1905 son denuncias y de estas en el 65.98 por ciento se confirmó  violación de derechos humanos. La autoridad más denunciada fue la Policía Nacional con un 31.50 por ciento, si bien el número de denuncias disminuyo en 9 casos respecto al año 2011, el CENIDH constató mayor gravedad en las violaciones de derechos humanos por parte de esta institución.
En el orden le siguen las denuncias contra el Poder Judicial en las cuales se comprobó violación de derechos humanos en un 74.44 por ciento y el Sistema Penitenciario con un 75 por ciento de comprobación en los casos concluidos.
Para el CENIDH el 2012, fue el primer año de una gestión gubernamental inconstitucional,  por lo tanto ilegal  e ilegitima,  lo cual también se expresa de igual forma en todas las instituciones y poderes del Estado, incluyendo a instituciones claves como la Policía Nacional.
En el presente informe el CENIDH comprueba que la debilidad institucional significa un obstáculo para que la situación de derechos humanos en el país mejore.
En relación al Legislativo, la amplia mayoría que detenta el partido de gobierno le  ha permitido aprobar leyes prácticamente sin contar con los votos de la oposición en otros casos la oposición se ha sumando,  y también hemos visto como se ha irrespetado los trámites establecidos para la formación de la Ley.
El Dr. Ampié, manifestó que el  informe valora como muy positivo la aprobación de la Ley 779, ya que establece el femicidio como tipo penal, reconociendo la importancia que tiene el abordaje mediante el derecho penal de esta pandemia que es la violencia hacia las mujeres y las niñas. Aunque también  señala con preocupación que  no se había asignado presupuesto  correspondiente para la aplicación de la Ley,  al mismo tiempo que existe la preocupación del CENIDH por el cuestionamiento a la Ley, donde se busca establecer la mediación para delitos que se consideran menos graves.
Respecto al acceso a la justicia la construcción de instalaciones más dignas para los Tribunales de Managua no ha venido acompañada de una mejora de la imagen de la administración de justicia, recordemos que el 2012 inició con la sentencia de El Carrizo, según la cual los asesinos, tres miembros de una misma familia los Torres Mejía, les correspondió una sentencia de tres años muy por debajo de la que asigna nuestra legislación penal, este es un caso que prácticamente quedo en la impunidad.
En el caso de los policías que abusaron de una niña con discapacidad, la tres policías lograron ser alcanzados por la justicia, les correspondió la pena máxima, sin embargo el CENIDH considera que la justicia tuvo un alcance parcial porque a otras personas que la niña señaló como perpetradores del crimen no fueron siquiera considerados para ser enjuiciados.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia recordó que  la Sala de lo Constitucional no ha fallado el recurso de amparo  que introdujo el Movimiento Renovador Sandinista, esta es una petición que introdujo el CENIDH ante la Comisión Interamericana desde el año 2008, que finalmente motivo la solicitud de información al Estado, en los próximos dos meses el Estado deberá explicar porque incurrió en esa arbitrariedad, pues falta de diligencia que está motivada por intereses políticos, con la que un órgano no se pronuncia, guarda silencio respecto a estos atropellos.
Otro caso en el que la Corte Suprema no se ha pronunciado a pesar de tener varios años es el recurso por inconstitucionalidad contra la prohibición del aborto terapéutico, a pesar de las acciones realizadas tanto por el CENIDH, como por el Grupo Estratégico manifestó  con preocupación que no se resuelve reincorporando esta figura a la legislación.
De igual forma se refirió a los pobres resultados en cuanto a los derechos, económicos, sociales y culturales que incluyen desempleo, falta de calidad y calidez de los servicios de salud y la escasa asignación presupuestaria para salud y educación.
Las 300 denuncias más que recibió el CENIDH en el 2012, evidencian el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Así mismo, expuso las violaciones al derecho a elegir y ser electo durante las elecciones municipales de 2012 y al costo que dicho proceso significó para la vida y la paz social.