Ocho meses, fue el tiempo que esperó una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de León abusada sexualmente para llegar hasta el fin de un proceso que concluyó con una sentencia aberrante de la Jueza Aleyda Susana García Carrillo, quien en diez minutos emitió una resolución en la que, imitando a los párrocos utilizó la palabra “absolver”, para dejar en libertad al ex profesor Francisco Vanegas, Vice Coordinador del gobernante Frente Sandinista en el municipio de León.

“No es con meras sospechas o especulaciones que se debe condenar, es con prueba sólida, firme, que dé un pleno convencimiento a esta autoridad de la culpabilidad del acusado”, fue el criterio de la judicial para negar el acceso a la justicia a la joven estudiante de farmacia de 22 años que el pasado 8 de Junio del 2012, fue abusada sexualmente por Vanegas en la oficina de este, en uno de los edificios del Alma Mater de más de 200 años.

Para la Jueza García Carrillo, fue determinante el hecho que dos peritos psicólogos determinaran que la joven evidentemente presentaba afectaciones psicosociales, sin embargo ninguno de estos podía determinar que fuese por causa de un abuso sexual, del que tampoco podrían negar la posible existencia, particularmente llamó la atención el Psicólogo Pomares, del hospital España de León, quien expuso al Sistema de Salud Pública al asegurar que el tiempo que se asignan para la atención de los pacientes no le permite emitir ningún diagnostico certero, el mismo solo lo puede lograr si el paciente asiste a su consulta privada.

Para los miembros del CENIDH que dieron seguimiento al proceso la representante del Ministerio Público Dra. Cristian Hebé Ruíz logró demostrar que el acusado estuvo en el lugar indicado, a la hora indicada con la víctima y que efectivamente ésta presenta dificultades psicológicas a pesar de no existir un diagnóstico, algo que la Juez desestimó al momento de dar su decisión, ya que a su criterio la falta de testigos presenciales del abuso sexual convierte el hecho en la palabra de la víctima contra la del dirigente sandinista que estaba siendo acusado.

El proceso en sí tardó más de ocho meses, las audiencias fueron cargadas de estrés causado por las exigencias de la judicial y los encargados de seguridad, que en un número variable de dos a cuatro intimidaban a los presentes y particularmente a los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y de las mujeres, al punto inclusive, de tratar de obstaculizar el trabajo de los periodistas de estas organizaciones.

Al momento de la declaración de testigos, la judicial negó a la víctima permanecer al lado del Ministerio Público; hecho que permitió que los estudiantes que fueron testigos declarasen bajo la mirada del acusado y reconocido dirigente político que decide sobre las becas otorgadas a través del seis por ciento y las becas del ALBA en la UNAN León. Además fue evidente que los peritos forenses declararon bajo intimidación, contestando sin que se les preguntara: “…el testimonio de la víctima es creíble pero no válido”. Y sobre todo fue notoria, durante la audiencia, la permanencia en la sala de personas con emblemas propios del partido gobernante, en claro apoyo del acusado.

La situación empeoraba con las actitudes de la joven esposa del acusado Vanegas, otra estudiante de la UNAN León, quien junto a sus familiares y amigos procuró en varias ocasiones fotografiar a la víctima de su marido y por si fuera poco la mayoría de los testigos de cargo se contradecían en sus testimonios o eran demasiados escuetos, lo que demostraba una segura incidencia externa en sus argumentos.