El recién pasado 11 de Noviembre un equipo de cuatro funcionarios del CENIDH se trasladaron hasta el Municipio de Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN, donde el ocho de noviembre en la comunidad Coperna se registraron hechos de violencia por los resultados electorales.

Previamente, el CENIDH intentó verificar el estado de salud de cinco efectivos policiales heridos de bala que se encuentran en el hospital Carlos Roberto Huembés de Managua, sin embargo el Inspector General de la Policía, Comisionado General Juan Báez respondió que dicha vista no sería posible y que los policías lesionados se encontraban estables.

Similar obstáculo nos mostró en Siuna, el Jefe policial Comisionado Mayor Otilio Duarte, quien se negó a recibir al equipo del CENIDH, respondiendo que el caso era del conocimiento de la jefatura en Managua y que no podía permitir el ingreso del CENIDH para verificar las condiciones de los detenidos. Ese proceder, constituye una obstrucción a nuestra labor como defensores porque no nos permitió confirmar la denuncia de familiares de ocho detenidos por estos hechos de violencia, que manifestaron que los mismos han recibido malos tratos y hasta tortura. Dicha negativa nos impidió realizar una visita al lugar de la violencia; desconociéndose que el CENIDH goza de medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH. A través de testimonios de varios comunitarios de Coperna, el CENIDH conoció que los hechos se suscitaron el día ocho de noviembre, cuando decenas de personas provenientes de otras comunidades y la misma Coperna reaccionaron molestos antes los resultados publicados por el CSE, y decidieron realizar un tranque en la carretera que une al municipio de Rosita con Siuna, hasta donde llegó el jefe policial Comisionado Mayor Otilio

Duarte acompañado de líderes religiosos los que en un primer momento acordaron que el tranque dejaría pasar los vehículos hasta las seis de la tarde, sin embargo el jefe policial abandonó la conversación y a las tres de tarde ordenó a las fuerzas policiales y antidisturbios que efectuaran el desalojo, a pesar de conocer que entre los reclamantes habías armados y los superaban en número. En ese contexto, los manifestantes respondieron con sus armas de fuego e inició un intercambio de disparos por unos 20 minutos, según los testigos, lo que dejó como resultado a 7 policías lesionados, cinco de ellos con heridas de bala. Los testimonios también indican que de parte de los manifestantes resultaron varias personas heridas e incluso se especula de la muerte de uno de ellos, sin embargo, esto no pudo ser constatados ya que los mismos decidieron huir hacia la montaña donde se cree están siendo perseguidos por efectivos del Ejército. El equipo del CENIDH también se reunió con los familiares de Ronaldo Martínez Herrera (q.e.p.d.), secretario político del FSLN en la comunidad de Coperna Dos, quien fue asesinado este mismo día a las seis de tarde, en el camino que comunica a Santa Juana, según su familia, el señor Martínez Herrera regresaba a su casa con su esposa después de comprar cuajadas para la cena, pero fue interceptado por un grupo de personas que lo ejecutaron con varios balazos, golpeando también a su esposa Juana Marín, a la que dejaron en libertad después de leerle una lista que enumeraba a las personas que iban a asesinar, entre ellas los hermanos del ya difunto Ronaldo Martínez Herrera. El CENIDH no pudo constatar estas declaraciones con la señora Juana Marín, por encontrarse bajo resguardo policial en un lugar no determinado, sin embargo sí pudimos constatar que los padres, hermanos y otros familiares del señor Martínez Herrera huyeron de sus propiedades y llegar hasta Siuna cruzando veredas por las montañas, donde ahora permanecen hacinados en una humilde casa con alta vulnerabilidad económica y desprovisto de toda protección, a pesar de estar amenazados de muerte. Además, verificamos que al momento de nuestra visita, la familia Martínez no tenía una orientación jurídica del caso, ni siquiera se le había tomado testimonio en su calidad de ofendida y tampoco existe una acusación en contra de quien privó de la vida a Ronaldo Martínez, existiendo una evidente falta de acceso a la justicia. Por su parte, los familiares de los detenidos denuncian ante el CENIDH que al día siguiente de los hechos, se presentaron en la comunidad de Coperna fuerzas combinadas de la policía y el ejército, y que fueron soldados del ejército los que realizaron una redada, allanando y deteniendo a ocho personas, supuestamente por haber participado de la violencia. El CENIDH pudo constatar en el recinto judicial de Siuna que estos ocho detenidos junto a 17 más son acusados por las lesiones provocadas a los agentes policiales, sin embargo lamentamos que la acusación presentada por el Ministerio Publico no determina las responsabilidad individualizada de los acusados, ni hace una relación sucinta de los hechos, además de contener otros vacíos, lo que podría impedir el acceso a la justicia de los ofendidos e inculpar a inocentes de hechos graves. El CENIDH también conoció de una denuncia interpuesta por la Sra. Corina Leiva, Diputada electa por el partido PLI, quien manifestó que en este contexto de violencia post electoral fue víctima de amenazas y agresiones a su propiedad, lo que fue denunciado oportunamente al jefe policial Comisionado Mayor Otilio Duarte, el que no brindó una respuesta a tal denuncia, desatendiendo un llamado de auxilio que obliga a la institución a dar respuesta según lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política. El CENIDH pondrá en conocimiento de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a fin que exhorte al Estado de Nicaragua promover las acciones necesarias para garantizar la vida pacifica de los habitantes de la comarca Coperna, de la cual han huido familias completas y otras viven en gran temor por nuevos hechos de violencia que se puedan suscitar por las inconformidades originadas del proceso electoral, el asesinato y los lesionados del pasado 8 de noviembre.