El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo pública este 20 de julio una opinión adoptada sobre la detención de 16 activistas nicaragüenses en noviembre de 2019 después de que llevaran agua y medicamentos a un grupo de madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre. La opinión concluye que dicha detención fue arbitraria y pide al Gobierno de Nicaragua que remedie la situación de los activistas, incluyendo “libertad plena y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.  

La opinión, aprobada el 1 de mayo de 2020, fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en diciembre de 2019. Aunque el Grupo de Trabajo solicitó unos días después al Gobierno de Nicaragua que suministrase información sobre la situación de los 16 activistas para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Detención arbitraria  

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivannia Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas, José Medina, María Hurtado, Marvin López, Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

Primero, no hubo un fundamento jurídico que la justificara: al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia. También se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad. Segundo, la detención de las 16 personas fue consecuencia del ejercicio su libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al gobierno. Tercero, se vulneraron parcialmente de manera grave las garantías a un juicio justo.

El Grupo de Trabajo consideró importante esta opinión porque si bien los activistas fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar, la liberación “se dio unilateralmente por decisión del Poder Ejecutivo, antes de la sentencia y sin aval del tribunal de la causa, con un proceso judicial que sigue en curso, lo que podría dar lugar a un encarcelamiento posterior”.

Solicitudes 

Por todo lo anterior, el Grupo de Trabajo consideró que el remedio adecuado de parte del Gobierno de Nicaragua sería poner a los 16 activistas en libertad plena y concederles el derecho a medidas de reparación. El Grupo de Trabajo instó además al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a detención y adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los detenidos arbitrariamente.

Finalmente, el Grupo de Trabajo sugiere al Gobierno que considere permitirle llevar a cabo una visita oficial al país, y solicita que se provea la información de seguimiento al caso en 6 meses.