A: Exmo. Sr. O-Gon Kwon, Presidente de la Asamblea de los Estados Partes

Re: Apoyo a la independencia, integridad y mandato de la Corte Penal Internacional

Excelentísimo señor, Presidente Kwon, La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y 43 de sus organizaciones miembros, originarias de todas las regiones del mundo y también firmantes de la presente carta, instan a la Asamblea de los Estados Partes (ASP), a los Estados Partes a título individual, así como a usted en su función de Presidente de la Corte penal internacional (CPI), a desplegar todos los medios necesarios para defender la integridad e independencia de la CPI, y apoyar significativamente su lucha contra la impunidad.

Nos dirigimos a usted en el día mundial de la justicia internacional durante el cual, este año, se conmemoran los 22 años de la adopción del tratado fundador de la Corte. Dicho tratado representa un hito en el esfuerzo de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad de los delitos más graves, y en hacer de la promesa "nunca más" una realidad. Sin embargo, este año el aniversario se celebra en un contexto muy preocupante, en el cual la primera corte penal internacional permanente e independiente, -y con ella su promesa de justicia para todos, incluyendo aquellos cometidos contra los más vulnerables y marginados-, se enfrenta a graves amenazas.

Actualmente, la Corte, su personal y los colectivos que cooperan con ella, incluida la sociedad civil, se enfrentan a ataques implacables sin precedente. En este contexto, nuestras organizaciones desean recordar la importancia de la Corte y su papel crucial en el sistema global de justicia internacional, incluido en lo referente al acceso de las víctimas a la justicia y su derecho a un recurso efectivo y a obtener reparación.

Nuestras organizaciones reiteran que la CPI afianza la lucha contra la impunidad a nivel internacional, ya que es un agente clave para asegurar que los presuntos responsables de los crímenes internacionales más graves sean llevados ante una justicia imparcial, independiente y que presenta las garantías para un juicio justo.

La FIDH así como gran número de sus organizaciones miembros han recurrido a la CPI desde su creación, en busca de un mecanismo de rendición de cuentas de último recurso, haciendo llegar ante la Corte las voces de miles de víctimas que reclamaban justicia y reparación. Tras perder largas batallas ante jurisdicciones nacionales que carecían de capacidad o voluntad para impartir justicia, la existencia de una última instancia de recurso, habilitada y legitimada por sus 123 Estados Partes, ofrece un acceso a la justicia para las víctimas, pudiendo así eludir los obstáculos derivados de situaciones de impunidad arraigada, de dominación política, de una justicia impartida por regímenes dictatoriales, o de conflictos y crisis en curso.

Hoy, la CPI, en la medida en que constituye un foro para la justicia internacional y una manifestación del orden jurídico global, debe enfrentarse a amenazas, medidas sancionadoras y a una importante presión política. Estos ataques sistemáticos, ejemplo dramático de lo cual puede verse en el reciente decreto emitido en los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, constituyen nada menos que una obstrucción a la justicia. Deben no solamente ser denunciadas en los términos más enérgicos, sino también ser combatidas con redoblado esfuerzo para asegurar que la promesa de una justicia mundial, y con ello, el fin de la impunidad y la prevención de crímenes graves, se realice a través de una CPI fuerte, independiente y plenamente habilitada a actuar, dotada de los recursos, el personal y la cooperación para llevar a cabo su mandato.

Nuestras organizaciones están consternadas por el decreto previamente mencionado, adoptado el 11 de junio de 2020 por la Administración del Presidente Trump sobre el bloqueo de bienes de ciertas personas asociadas a la Corte penal internacional (Executive Order on Blocking Property of Certain Persons Associated with the International Criminal Court), y que promete castigar a la Corte e impedir su funcionamiento si ésta no acepta doblegarse ante un sistema de facto de justicia selectiva.

Todos aquellos que luchan contra una impunidad persistente y contra los crímenes que ésta genera, en situaciones como Afganistán, Palestina o en otros lugares el mundo, no pueden quedar indefensos mientras se les somete a las medidas habitualmente desplegadas para castigar y disuadir a los autores de violaciones de derechos humanos. Este decreto es tanto más preocupante cuanto que extiende estas medidas a los familiares de los individuos afectados. Si la Asamblea y los Estados Partes a título individual no se oponen contra este decreto, se asentará un peligroso precedente, donde el acoso político a las instituciones judiciales fructifica y, únicamente se obtiene justicia cuando ésta conviene a las grandes potencias. Por estas razones, nuestras organizaciones instan a la Asamblea y a los Estados Partes a título individual a que cumplan el compromiso de las 123 naciones de poner fin a la impunidad mediante la creación de un tribunal internacional e independiente con el mandato de investigar las atrocidades cometidas, independientemente de quien sea el perpetrador.

Es necesario brindar un apoyo inquebrantable a la Corte, tanto en palabras como en acciones concretas, así como a su personal y a quienes cooperan con ella, incluida la sociedad civil.

P.-S. 1.

FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos

2. COFADEH - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Honduras)

3. CIPRODEH - Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Honduras)

4. CENIDH - Centro Nicaragûense de Derechos Humanos (Nicaragua)

5. CCS - Centro de Capacitación social de Panamá (Panamá)

6. CNDH - Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Republica Dominicana) 7. RNDDH - Réseau National de Défense des droits de l’Homme (Haití)

8. CALDH - Centro de Acción legal en Derechos Humanos (Guatemala)

9. CDHES - Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (El Salvador)

10. LIMEDDH - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (México) 11. CMDPDH - Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (México)

12. APRODEH – Asociación pro Derechos Humanos (Perú)

13. CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo (Perú)

14. CAJAR - Colective de abogados "José Alvear Restrepo" (Colombia)

15. PROVEA - Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Venezuela)

16. Observatorio Cuidadano (Chile)

17. CAJ - Comité de Acción Jurídica (Argentina)

18. Justiça Global (Brasil)

19. MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos (Brasil)

20. Acción Ecológica (Ecuador)

21. CEDHU - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Ecuador)

22. CCR - Center for Constitutional Rights (Estados Unidos de América)

23. CJA – Center for Justice and Accountability (Estados Unidos de América)

24. RADDHO - Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (Senegal)

25. DITSHWANELO - Botswana Centre for Human Rights (Botsuana)

26. Legal and Human Rights Centre Tanzania (Tanzania)

27. Foundation for Human Rights Initiative (Uganda)

28. KHRC - Kenya Human Rights Commission (Kenia)

29. ZimRights - Zimbabwe Human Rights Association (Zimbabue)

30. Lawyers for Human Rights (Africa del Sur)

31. MBDHP - Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (Burkina Faso)

32. LTDH - Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (Túnez)

33. OMDH - Organisation Marocaine des Droits Humains (Marruecos)

34. CIHRS - Cairo Institute for Human Rights Studies (Egipto)

35. SAF - Sisters’ arab forum for Human Rights (Yemen)

36. SCM - Syrian Center for Media and Freedom of expression (Siria)

37. OPEN ASIA|Armanshhar Foundation (Afganistán)

38. Odhikar (Bangladesh)

39. Al Mezan Center for Human Rights (Palestina)

40. Al Haq (Palestina)

41. PCHR – Palestinian Centre for Human Rights (Palestina)

42. RCHRS - Ramallah Center for Human Rights Studies (Palestina)

43. Human Rights Center (Georgia)

44. Committee on the Administration of Justice - CAJ (Irlanda)