El 06 de marzo del 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH y la señora Elea Valles (madre de Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valles, de 12 y 16 años respectivamente, a quienes se les privo de la vida en un operativo  militar el 12 de noviembre del 2017, en el municipio de la Cruz del Rio Grande) presentaron en conferencia de prensa la Resolución emitida el pasado 24 de febrero por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el otorgamiento de las medidas cautelares 884-17 a favor de Elea Valles y sus hijos.

Durante la tramitación de estas medidas, la CIDH solicitó información al Estado de Nicaragua sobre la situación de riesgo y amenazas en perjuicio de Elea Valles, las cuales fueron negados por el Estado, como también que se hubiera presentado a alguna institución a interponer denuncia y afirmó que la policía nacional le ha brindado protección a ella, sus hijos y demás familiares. Al respecto, tanto el CENIDH como Elea Valles, demostramos las reiteradas solicitudes de la Sra. Valles dirigidas tanto a la Policía como al Ministerio Público de investigar y devolver los cuerpos de sus hijos, sin obtener respuesta, así como la ausencia de medidas de protección a su favor.

La CIDH valoró todos los elementos presentados y en su resolución consideró que “la señora Elea Valles Aguilar y sus hijos se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”; por lo que solicitaron al Estado de Nicaragua: “a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la señora Elea Valles Aguilar y sus hijos; b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Durante la conferencia, la señora Valles demandó al Estado la investigación de los hechos, la entrega de los cuerpos de sus hijos y desmintió  que sus hijos formaran parte del grupo armado, al referirse a las fotografías de sus hijos uniformados que ha circulado en medios de comunicación y redes sociales, asegurando que el niño no es su hijo y que su hija la ponen en fotografías inclusive con unas manos muy grandes, por lo que afirma  “dicen eso para justificar la muerte de mis hijos, lo dicen para que me calle, para que deje de pedir justicia, pero no me callaré”. Agregando, que teme por su vida y que la Policía Nacional no le ha brindado protección: “La Policía dice que ellos me están protegiendo, pero eso es una mentira ni siquiera la mano me han dado. Yo siempre les pido la protección y que me dejen trabajar para mantener a mis niños”, pues reiteró que no ha regresado a su casa por temor.

Para la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH, el otorgamiento de estas medidas cautelares implica el reconocimiento de que el Estado de Nicaragua ha sido incapaz de brindar protección a Elea Valles y que la misma se encuentra en peligro, además de ser víctima del desarraigo ya que producto directo de esta situación de inseguridad se vio obligada a abandonar su comunidad. Asimismo, planteo la necesidad que el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores establezca comunicación con las partes involucradas a fin de definir los mecanismos para la implementación de las medidas cautelares y reconoció la solidaridad de parte de organizaciones, personas a título individual que han apoyado a la señora Valles como a periodistas independientes que han mantenido en agenda pública la gravedad realidad enfrentada por la señora Valles.

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

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