El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) continúa acompañando a los siete acusados por la empresa La India Gold S.A. en el Juzgado Local Único de Santa Rosa del Peñón, por el supuesto delito de “daños” estimados en 12,534.52 córdobas al romper ocho sacos de tierra e “inutilizar una plataforma” hace casi cuatro meses, durante una manifestación en contra de la concesión minera a la empresa. En este caso, el CENIDH ha constatado la instrumentalización del Poder Judicial para criminalizar estas protestas cívicas.

El recién pasado 19 de junio se reprogramó por segunda vez consecutiva la audiencia de juicio por ausencia del abogado acusador, por lo cual la defensa técnica solicitó a la autoridad judicial la extinción de la acción penal por abandono de la acusación particular, sin embargo la jueza de la causa dijo que el acusador particular iba a presentar una constancia sin establecer nueva fecha para dicha audiencia.

Ya anteriormente, la autoridad judicial, el 14 del presente mes, había resuelto reprogramar audiencia a petición sobrevenida del abogado acusador, pues tenía otro juicio, el cual se había programado posterior a la fecha de dicha audiencia, después de casi cuatro horas de debate entre las partes sobre las pruebas de cargo en audiencia preparatoria a juicio y la expedita resolución de la autoridad judicial, sin considerar alegatos de la defensa.

En dicha audiencia, luego de leída la acusación, el abogado particular reiteró que la empresa quería llegar a una “solución”, por lo que propuso la mediación a las dirigentes acusados, la que incluye el compromiso de dejar a la empresa desarrollar la concesión otorgada, lo que indefectiblemente evidencia el uso de la vía penal para reprimir la protesta social de los comunitarios de la Mina La India, al defender su territorio.

El CENIDH visitó el lugar del presunto delito, una plataforma natural en el Cerro Castulito donde no se encontró edificación o construcción alguna, o rasgos cuantificables más allá del valor de la propia naturaleza, como se observa en imagen. Los comunitarios mostraron al equipo del CENIDH que al costado de esta pequeña plataforma natural estaban ubicados los 8 sacos de tierra, mismos que no evitarían el debilitamiento de la tierra y la exposición al peligro de los mineros artesanales que trabajan en los costados; expresando que seguirán protestando en defensa de su territorio y demandando a las autoridades el cese de la represión y protección a sus derechos humanos.

En las visitas realizadas al sitio y en el acompañamiento brindado, el CENIDH constató que la judicialización se ha utilizado para intimidar y desmovilizar a los comunitarios, por lo que exhortamos tanto a la autoridad judicial como a las instituciones estatales implicados a actuar bajo un irrestricto respeto de los derechos de la población y garantizar en sus actuaciones la dignidad de todos y todas declarando la no culpabilidad de los procesados