El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), expresa su más enérgica condena ante la masacre ocurrida el sábado 11 de julio en horas de la noche por efectivos de la Policía Nacional, en el lugar conocido como “Las Cuatro Esquinas” en las Jagüitas, zona rural en Managua.  En dichos hechos fueron privados de la vida: Katherine Ramírez de 22 años y los niños Efraín Ramírez de 11 años  y Aura María Reyes Ramírez de 12 años. Los hechos, en los que resultaron con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes de 5 y 13 años respectivamente,  ocurrieron cuando la familia regresaba a su casa, después de haber asistido a una actividad religiosa y son el resultado del uso irracional y desproporcional de las armas de fuego por parte de los agentes implicados.

Para el CENIDH la tragedia que hoy sufre la Familia Reyes Ramírez es clara consecuencia del retroceso institucional que en los últimos años ha sufrido la Policía Nacional, la cual, alejándose de la misión conferida en la Constitución y las leyes, se ha convertido en un  instrumento represivo. Este deterioro institucional  se ha manifestado en el abuso de autoridad en las actuaciones de sus agentes y en la impunidad en la que quedan dichos ilícitos.

En los últimos años, el CENIDH ha documentado una serie de abusos policiales que han dejado como resultado la pérdida de la vida de ciudadanos incluídos niños y adolescentes, lo que evidencia que el caso de las Jagüitas no es un hecho aislado. Por ello, consideramos imperativo que la Policía retome su institucionalidad,  misión y principios, a fin de que no continuemos lamentando tragedias como la que hoy conmueve e indigna a toda una nación.

Por tanto el CENIDH considera indispensable:

1.- Que la Policía Nacional dé a conocer de inmediato la identidad de los policías que dispararon a la familia Reyes y traslade el caso al Ministerio Público para que identifique otras responsabilidades en la cadena de mando y ejerza la correspondiente acción penal. 

2.- Que la Policía Nacional y sus mandos obedezcan la Constitución de la
República, las leyes y normas que le rigen y su Protocolo de Actuación.

3.- Que las armas de reglamentación sean utilizadas solo cuando los efectivos policiales se encuentren en situación de riesgo extremo, tal como se establece en el Artículo 4, de la Ley de Policía y en los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego.

4.- Que se realice una revisión profunda sobre el estado de la preparación física, técnica y sicológica de los miembros de la Policía Nacional, incluyendo que se garantice que los policías serán capacitados en derechos humanos y se ofrezcan las necesarias garantías de no repetición.

5. Que el Estado de Nicaragua adopte las medidas de reparación hacia los familiares de las víctimas y los sobrevivientes conforme lo establecen la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.


Managua, 13 de julio de 2015

¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!