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Criminalizan protesta social en Mina la India

2 de junio de 2017

 

 

El recién pasado 31 de mayo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) observó desde las 10:10 a.m. hasta las 4:20 p.m. la audiencia inicial con carácter de preliminar celebrada en el Juzgado Local Único de Santa Rosa del Peñón, donde la empresa minera India Gold S.A. presentó acusación particular contra Norlan Ulices Laguna Sánchez, Miguel Ángel Laguna Sánchez, Rafael Ángel Penado Salazar, Bernardo Laguna Vega, Juan Mauricio Rugama Meza, Olman Onel Salazar Umanzor y José Denis Flores Valverde, siete personas consideradas por dicha empresa como “dirigentes anti mina”, por presunta participación en el delito de daño a una plazoleta o plataforma, valorado en 12,534.52 córdobas; acusación que fue cuestionada por la  defensa por falta de precisión e individualización.

Los hechos de la acusación se relacionan con la marcha  de la comunidad del 27 de febrero del corriente año en contra de la exploración y explotación minera de la empresa antes citada, donde al llegar a un sitio público vaciaron 8 sacos de tierra que eran parte de su “plataforma” utilizada para el ingreso de excavadoras, que requieren de la misma para garantizar estabilidad y evitar deslizamientos del cerro que puedan afectar  la vida de los mineros artesanales que trabajan en las laderas.

No obstante, los cuestionamientos de los supuestos daños, la judicial admitió la acusación y programó audiencia de juicio para el 14 del presente mes, exhortando a los acusados que “no sigan ocasionando más daños a la empresa”, lo cual fue refutado por la defensa de los acusados, ya que dicha expresión constituye el criterio anticipado de una declaratoria de culpabilidad, sin que se hubiere realizado el juicio ni exista sentencia.

 

 

Los líderes comunitarios acusados, cuentan con el respaldo de la comunidad y organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, que previo a la audiencia realizaron una caravana de más de 300 personas que permanecieron en las afueras del Juzgado y al final de la audiencia se dirigieron a la Alcaldía y demandaron protección a sus derechos y una respuesta a su grave problemática.

El CENIDH señala los riesgos de un juicio sin las garantías básicas del legal y debido proceso, que puede conducir a la criminalización del ejercicio de derechos humanos  como el derecho de manifestación, libertad de expresión y defensa del territorio, por lo que seguiremos  acompañando a las víctimas, ahora acusados por defender derechos.

 



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