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Policía de Matagalpa se niega a acatar órdenes de libertad

10 de marzo de 2017

 

 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH Matagalpa desde el  28 de febrero a la fecha ha recibido a familiares de los señores: Donald Antonio Enríquez, Frank Sobalvarro Pérez y Francisco Jaime Velázquez González, el primero del municipio de La Dalia y los dos últimos de San Ramón, y a familiares de los adolescentes de iniciales W.A.U y M.R.L, éstos últimos de Matagalpa, quienes denunciaron la detención ilegal de los mismos en las celdas de la Delegación Policial de Matagalpa, pese a la existencia de órdenes de libertad.

Según los denunciantes,  la única información que les brindan las autoridades en Auxilio Judicial es que el caso está en revisión en Managua por lo que las ordenes de libertad no tiene valor hasta que desde la Policía Nacional se les oriente que pueden proceder a la liberación de los detenidos. En  los casos referidos, las órdenes de libertad corresponden a cambios de medida en diferentes procesos. Cabe destacar que en el caso de Donald Enríquez la orden fue emitida desde el 3 de febrero, sin embargo a más de un mes el mismo continúa detenido en las celdas policiales.

El CENIDH remitió carta con fecha 10 de marzo del presente año, al Jefe de Auxilio Judicial de Matagalpa, en la cual le recuerda que la Constitución Política establece de manera taxativa en su artículo 167: Los Fallos y Resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento”. En tal sentido, la acción de las autoridades policiales violenta el Estado de Derecho y conculca el derecho a la libertad individual de los señores Enríquez, Sobalbarro y Velásquez, así como de los dos adolescentes mencionados. Los casos recibidos se suman a casos similares recibidos en 2016 donde las autoridades policiales de forma arbitraria y en violación expresa a la ley mantuvieron detenidos al menos a una decena de personas.

El CENIDH demanda a las autoridades una explicación en relación a esta práctica violatoria de los derechos humanos y que socaba aún más el Estado de Derecho en Nicaragua. Asimismo, demanda el cumplimento de las ordenes de libertad emitidas por los Tribunales competentes a fin garantizar el respeto a la libertad personal y otros  derechos fundamentales de los detenidos.




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