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“No somos criminales, somos campesinos”

21 de julio de 2016

 

 

En las últimas semanas se han recibido diversas denuncias de arbitrariedades cometidas por la Policía Nacional en contra de la población campesina de Rancho Grande. En virtud de ello este 11 de julio un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, acompañado por representantes del Movimiento Guardianes de Yaoska, se presentó en la comunidad de Kuskawas, jurisdicción de Rancho Grande donde se reunió con miembros de la familia González y líderes de la iglesia Católica de Kuskawas, con el  fin de investigar los hechos ocurridos el 1 de julio  en la comunidad Caño Blanco, fecha en la que Simón González Polanco, Simón González Salazar y Dimas Israel González Cantarero de 67, 33 y 19 años respectivamente fueron detenidos de manera arbitraria por una brigada de las fuerzas especiales de la Policía Nacional y trasladados a la unidad policial de ese municipio.  

Esta brigada conformada por 7 antimotines y 2 policías procedió a  trasladados a la delegación policial de forma violenta a pie y esposados por más de dos horas hasta Kuskawas donde fueron conducidos en una camioneta hasta la unidad policial en Rancho Grande. Luego de 24 horas de interrogatorio y pruebas de caligrafía fueron puestos en libertad previo  a una reunión con el jefe de la delegación quien por más de  una hora les explicó porque no deben oponerse al gobierno, realizando una verdadera campaña a favor del mismo. Cabe destacar que para su liberación fue importante la presión de la comunidad quienes se preparaban para realizar un plantón frente a la unidad policial, así como el apoyo del sacerdote del municipio Pablo Espinoza.

Según el joven Simón González Salazar, Delegado de la Palabra en Caño Blanco: “En la comunidad había un festival organizado por el profesor, yo participé en ese festival llevando un negocio de venta de gaseosas y golosinas. Al siguiente día que llevaba la venta vi el rotulo que estaba en la tabla y que decía: “Viva la democracia, viva la libertad, si es cierto que hay pena de muerte para los que hablan de libertad y democracias, también debe de haber pena de muerte para los dictadores comunistas. Queda prohibido quitar este rotulo, su precio es sangre. Maestros y agentes de salud tenga cuidado”. Tres días después me dirigía a quitar el chinamo que puse, cuando iba frente a la iglesia venia una tropa, iba con  mi hijo de 10 años quien se asustó, me preguntaron por mi papá y mi hermano. Me di cuenta que uno de ellos andaba su arma montada como listo para disparar. En ese momento me sentí con miedo, me llevaron con mi papá y rodearon la casa, sacaron a mi papa y mi hermano, registraron toda la casa trapo por trapo, dejando todo tirado”.

Los denunciantes relataron que fueron trasladados de forma violenta, durante el camino les decían que serían trasladados al Chipote, así como frases ofensivas a su dignidad: “Nos decían van a ver los que les va pasar por andar de hijueputas oponiéndose al gobierno”. Después de  diferentes interrogatorios fueron liberados no sin antes ser advertidos de que las investigaciones continuarían.

Hace años la familia González apoyó al Partido Liberal Constitucionalista PLC y actualmente forman parte activa de la iglesia Católica de la comunidad, siendo Simón González Salazar, Delegado de la Palabra en su comunidad.

Hay personas en la comunidad que informan a la Policía Nacional cualquier cosa que suceda y no necesariamente delitos, pues en esos casos la efectividad de la policía brilla por su ausencia.  Según Simón González Salazar una pequeña parte de la comunidad los apoya y les informa todo lo que sucede. Esta situación y la manera en que actúa la policía lejos de garantizar la seguridad lo que hace es generar miedo en la comunidad. 

Desde hace meses en comunidades aledañas a Kuskawas, especialmente en La Cuyuca la policía viene realizando operativos para ocupar armas sean legales e ilegales. Al respecto denunciaron que la policía se llevó el arma de Jeremías Gonzáles presidente de la Iglesia en Caño Blanco y sobrino de Simón González, la cual estaba legal, pese a la presentación de la portación los policías dijeron que fueran a reclamar a la delegación policial que la orden era llevarse las armas. “Ahora resulta que sólo los delincuentes tienen derecho a andar armados, la policía nos está dejando indefensos frente a la delincuencia, manifestó el señor Simón González.

Posteriormente Jeremías acudió a la unidad policial, siendo atendidos por el Jefe de la Unidad quien le manifestó que en esa comunidad todos eran González y todos eran sospechosos. Afirmó que en la entrevista le pidieron que escribiera en una hoja. Después el Jefe de la Unidad le dijo que por qué se oponían al gobierno, que éste hace obras en beneficio de todos, qué les pasa queriéndose oponer al gobierno, me repetía, como hora y media me estuvo dando charlas. Al final le dijo que el rifle lo reclamara en Matagalpa. Acá se han estado llevando armas con portación, tenemos los casos de Santos Hernández, Ramón González y de Rafael Figueroa a quien se le llevaron una escopeta. Están desarmando a los productores, mi papa le dijo: si ustedes me desarman  el ladrón se da cuenta. El arma la tenemos para cuidar nuestros bienes, nosotros producimos cacao y ganado, el arma es un respaldo, denunció Jeremías González, sobrino de Simón González.

El equipo del CENIDH visitó la unidad policial entrevistando al investigador Rodolfo Flores quien acompañó el operativo el cual manifestó que ellos no pueden brindar información del caso ya que el mismo fue orientado y ejecutado desde Matagalpa, siendo la unidad un apoyo en la ejecución del operativo. Reiteró que en esos casos ellos conocen de la información del operativo hasta último momento y que eso se hace por seguridad ya que han tenido la experiencia que en casos de narcotráfico muchas veces la información se filtra y los sospechosos huyen, evidenciando que al caso en concreto se le brindó un tratamiento de alta peligrosidad equiparándolo a casos del crimen organizado y/o narcotráfico. 

Este 19 de julio a través de llamada telefónica de Marvin López, Coordinador de la Iglesia Católica en Kuskawas, el CENIDH recibió la denuncia del allanamiento de la vivienda de Marvin Aguilar, Presidente de Acción Católica La Cuyuca. Los hechos ocurrieron el sábado 16 de julio cuando un grupo aproximado de 16 antimotines rodeó la casa del señor Aguilar el cual no se encontraba en la vivienda, procediendo a detener a Isaac Castillo Hernández, mediante el uso excesivo de violencia y delante de cinco niñas y niños presentes en la vivienda.  A Castillo y a Aguilar señalándoles de estar preparando un ataque a las caravanas que venían el 19 de julio a Managua. Horas después Castillo fue liberado. Hasta el momento no se conoce informe policial alguno sobre este operativo

El CENIDH manifiesta su preocupación por esta escalada de violencia y abusos contra la población campesina, especialmente la de Rancho Grande. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por el carácter deliberante y político de la policía de Rancho Grande y la falta de apego de sus actuaciones respecto de los derechos humanos denunciada en los casos aquí expuestos.



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