La Sra. Dora Flores y Ricardo Ojeda de 20 años, con discapacidad auditiva originarios de Punta Gorda, madre e hijo respectivamente, denunciaron ante el CENIDH que desde que mataron a cinco miembros de la policía en agosto del 2015, en la comunidad de Pijibay, los pobladores de esta zona sufren de represión de parte de miembros de la policía y del ejército, lo cual les provoca inseguridad y zozobra.

Según Ojeda,  el 8 de mayo fue detenido y trasladado a unidad policial de Punta Gorda, “allí los policías me preguntaban, ¿sos de los que mataron a los policías?, lo cual negó. ¿Qué sabes de los armados? También me preguntaron por mi hermano y mi tío José. Yo les dije que no sabemos nada, los policías se aprovechan de uno,  y lo quieren agarrar más fácil, lo investigan a uno para ver en que cae, pero nada tenemos que ver con los armados”.

“Me dijeron que me iban a pelar como chancho, y que me iban a capar como perro sino decía quienes mataron a los policías. Yo les dije, si me van a capar, o me van matar es injustamente porque nada tengo que ver esas muertes. En cada pregunta que me hacían, me pegaban. Después me dijeron que me iban a dejar ir, pero que les llevara la lista de los andan con Chepón”.

Por su parte la Sra. Flores dijo “estoy aquí, porque ya no queremos más violencia en las comunidades, la policía se porta muy mal con la gente, el ejército camina encapuchado por las comunidades, los campesinos ya no queremos más violencia. Me lleve dos días de camino para estar aquí, donde no conocía, en mis 47 años que tengo, no conocía Managua. Pero vine para pedir que se respeten los derechos de mis hijos y de mi hermano José Flores, que es  un hombre temeroso, trabajador, trabaja duro para darle de comer a sus hijos”.

La denunciante dijo que después de la muerte de los cinco policías, “ya no aguatamos, los de la policía y del ejercito andan en los caminos, agarran a la gente, no trabajamos bien por temor a que nos agarren, nos maten y hasta traernos aquí, como los que tienen aquí de Santa Elena, el delegado de la palabra Sotero Reyes, que lo conocemos como un hombre justo y que no se mete en nada, sabemos que es un hombre inocente y está limpio de lo que lo acusan”.

Wendy Flores, abogada del CENIDH, manifestó la preocupación por la  situación que describen los denunciantes, en el caso de Ricardo es un joven con discapacidad auditiva que lo pone en una situación de vulnerabilidad y riesgo en relación a los demás miembros de su familia.

La defensora de derechos humanos dijo que “es evidente que la policía está queriendo identificar a supuestos armados en la zona y esto hace que la denuncia sea más grave para la vida y seguridad personal e individual tanto de Ricardo como del resto de su familia. Por esta razón el CENIDH va a solicitar un recurso de Abeas Corpus por amenazas de detención ilegal, va a poner en conocimiento a la jefatura de la policía para que tome medidas sobre la actuación de sus agentes en el campo”.