Denuncian denegación de justicia
Ante las oficinas del CENIDH, se presentó el Sr. Mauricio Martínez, a denunciar la falta de acceso a la justicia de la que es objeto por parte de la Policía Nacional que no investigó y mandó a cerrar su denuncia por el robo de su celular y del Ministerio Público que no aceptó su denuncia en contra del Sr. Ricardo Mayorga a quien señala de haber sustraído su teléfono móvil (Samsung Galaxy S6) el pasado 3 de mayo, hecho que tuvo lugar en Nicacell, el centro de trabajo del afectado y del cual fue despedido por haber presentado la denuncia.
Según el Sr. Martínez, en la delegación policial le informaron de forma verbal que su caso no se iba a procesar, que no se abrió ningún proceso de investigación por su denuncia, a pesar que entregó un video que demuestra el delito.
El denunciante dijo “defender mis derechos es la prioridad en este caso, porque han manipulado la información, diciendo que yo corté el video donde se muestra claramente a Mayorga con mi teléfono”.
El usuario, dijo que Mayorga presentó una demanda en su contra por el supuesto delito de calumnias, extorsión y daños psicológicos a su familia. En horas de la tarde Martínez fue citado para que se presente a la Estación Uno de policía, ante el Inspector Darwin Leiva.
Martínez, expresó que las declaraciones que brindó días antes el demandado son falsas, pues asegura que él nunca ha ido a la casa de este para pedirle dinero a cambio de detener el proceso en su contra. De igual manera, negó haber tenido alguna novia en común con este.
El abogado de Martínez, Sr. Marcio García, exige que se abra un proceso de investigación y manifestó, que insistirán a las autoridades hagan las diligencias correspondientes ya que ellos tienen el deber de actuar por los derechos de todos los ciudadanos.
Marjurie Rodríguez, abogada del CENIDH, dijo que como organismo de derechos humanos exigen a las autoridades policiales investigar diligentemente y remitir el expediente al Ministerio Público, para que determine el ejercicio de la acción penal, a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica.
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