Antecedentes

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, presenta su Informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses ocurridas durante las elecciones municipales celebradas el 4 de noviembre de 2012.

El CENIDH monitoreó el proceso electoral de 2008 y las elecciones generales de 2011 y constató en ambos procesos las graves irregularidades y la violencia que se presentó en los días previos a las elecciones, durante el día de la votación y en los días posteriores. Ambos procesos se caracterizaron por la falta de imparcialidad del Consejo Supremo Electoral (C.S.E),  por el predominio del partido de gobierno en todo el tendido electoral. El C.S.E se negó a acreditar a organizaciones nacionales de observación de reconocida trayectoria. Particularmente, en las elecciones de 2011 se  impidió el monitoreo del CENIDH en un número relevante de Centros de Votación y tampoco se publicaron los resultados junta por junta y los resultados definitivos.

Nuevamente, este proceso electoral municipal se rige por una legislación electoral cuestionada nacional e internacionalmente por distintos motivos, entre los cuales se señalan: la integración partidaria de los Consejos Electorales Municipales, Departamentales y Regionales y la inexistencia de un recurso contra las resoluciones del C.S.E. en materia electoral, ordenado por la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocido como YATAMA vs. Estado de Nicaragua.

De cara a este proceso electoral la Ley de Municipios[1] fue reformada para elevar el número de concejales de la siguiente forma:

Dicha reforma, sin duda impactó en la capacidad de los partidos políticos de presentar sus listas de candidatos. De igual forma, elevar el número de concejales hasta 5 veces, en algunos casos, impactará en el presupuesto de las municipalidades[2], demorará más aún la ejecución de proyectos,  pero principalmente le restará peso en el Concejo Municipal a los partidos políticos de oposición,  así como contribuirá al ejercicio hegemónico del poder por parte del F.S.L.N. mediante la presencia en los concejos municipales de miembros activos de los Consejos de Poder Ciudadano (C.P.C.).

Mediante la Ley 786, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 40 Ley de Municipios[3] se estableció la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas que presentan los partidos políticos, tanto para la nominación de los candidatos a Alcalde y Vice Alcalde como para la elección de concejales[4].

De igual forma, la Ley Electoral fue reformada[5], para prever otros asuntos más operativos como son: el establecimiento de un Padrón Activo y un Padrón Pasivo, la acreditación de los fiscales, la situación de las Juntas Receptoras de Votos y los Centros de Votación, entre otros.

Así mismo, este proceso electoral  se dio sin que se hubiera restablecido la personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista (M.R.S), la cual fue cancelada arbitrariamente desde 2008, por lo tanto es el cuarto proceso electoral en el cual el M.R.S. se ve impedido de participar en su propia casilla debido a la especial intolerancia del partido de gobierno respecto de sus antiguos compañeros de lucha.

A lo anterior hay que agregar que la integración del C.S.E. por autoridades con períodos vencidos desde el mes de junio del año 2010, con una confirmada sumisión a la voluntad del Presidente de la República, persiste debido a que la Asamblea Nacional no ha cumplido con la disposición constitucional que le obliga a elegir a los Magistrados de ese Poder del Estado.

Nuestra labor el día de esta elección consistió en recibir, documentar  y tramitar, en su caso, las denuncias de la población  sobre violaciones a sus derechos humanos y ese será el eje central del presente Informe.

De igual forma, a diferencia de elecciones anteriores, el CENIDH decidió no realizar ningún llamado al voto al pueblo nicaragüense, expresando que cada quien decidiera si ejercería su derecho al voto en estas condiciones, que no estimamos favorables para que se respetara el voto popular.

 En la lógica de concentración del poder en la persona del Presidente de la República que se ha impulsado desde el año 2007, en la cual se propugna por la hegemonía y se impone el verticalismo, el proceso de fortalecimiento de la autonomía municipal tan necesario para lograr una gestión eficiente de las necesidades de los pobladores de los municipios fue abandonado hace mucho tiempo ya y por lo tanto, la capacidad de las autoridades municipales de incidir en la solución de los problemas municipales desde su propia visión se ha visto reducida considerablemente. Ello ha impactado negativamente en la importancia que, en otras circunstancias, tendría un proceso como el actual.

En estas elecciones estaban llamados a votar 3.74 millones de nicaragüenses para elegir a las autoridades de los 153 municipios existentes en el territorio nacional.  Para ello el C.S.E habilitó un total de 13,340 Juntas Receptoras de Votos distribuidas en 4,196 Centros de Votación. Tradicionalmente las elecciones municipales han despertado menor interés que las generales, rondando la participación entre un 54 y un 56% del padrón electoral. Sin embargo, ese porcentaje ha sido tradicionalmente más elevado que la participación que se registra en otros países de la región.

Según información del C.S.E, se inscribieron un total de 31,687 candidatos de los partidos que participaron en la contienda, algunos en Alianzas y otros de forma individual. Las dos Alianzas que participaron en este proceso fueron: la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y la Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza P.L.I.)  

En un hecho que creíamos superado en la historia electoral de Nicaragua,  se ha confirmado que centenares de nicaragüenses que ya fallecieron fueron inscritos como candidatos a concejales y suplentes, así como personas que emigraron de Nicaragua e incluso, que se dio la suplantación de identidades, una práctica que fue confirmada en el Partido Conservador (P.C), la Alianza por la República (A.P.R.E.) y la Alianza Liberal Nicaragüense (A.L.N.)

Las boletas electorales no incluyeron la fotografía de los candidatos a Alcaldes sino que solamente la bandera de los partidos participantes. En el partido de gobierno, los candidatos renunciaron a proyectarse a sí mismos, acatando la instrucción de que en todas las elecciones el candidato es Daniel Ortega, como lo afirmó su esposa, Rosario Murillo a los medios de comunicación, en una nueva muestra del culto a la personalidad que se promueve al lanzar con cinco años de anticipación la nueva candidatura a la Presidencia del actual presidente inconstitucional de Nicaragua para las elecciones de 2016.

Las declaraciones de Rosario Murillo, fueron publicadas el 15 de septiembre en el portal oficialista El 19 Digital, titulado “Es el Pueblo, es el Frente, es Daniel, el que va a ganar en cada Gobierno Municipal”, el citado documento es la transcripción íntegra de una sesión de trabajo que ésta sostuvo con equipos de campaña orteguistas en Chinandega, el 13 de septiembre.

Las elecciones municipales fueron antecedidas por una verificación cuyos resultados, dados a conocer por el C.S.E. afirmaron se verificó un 25.2% de la población. Este porcentaje fue puesto en duda por la oposición que estimó que no superó el 10.2%. El 28 de julio del 2011, el C.S.E. realizó con poca afluencia de personas, el proceso de verificación ciudadana para las elecciones municipales. Faltó motivación y publicidad de parte del C.S.E., dirigido hacia la población, para generar la asistencia de la población, y la poca afluencia de electores demostró el descontento existente en la población por las prácticas del C.S.E. reñidas con la ley así como por la división de los partidos de oposición, que aún no definían su participación en estas elecciones.

De igual forma, un simulacro realizado el 14 de octubre por el partido de gobierno probablemente debido al temor de que la abstención de sus propios militantes se elevara tuvo pobres resultados. El simulacro, se desarrolló en los 153 municipios, ubicados en 15 departamentos y dos regiones autónomas.

Debido a la decisión inconstitucional de permitir la reelección continua de los Alcaldes, en esta elección muchos de los candidatos del partido de gobierno e incluso de otros partidos políticos se presentaron como candidatos a la reelección. En el caso del F.S.L.N., la reelección ha facilitado la disposición de recursos de las comunas para llevar a cabo una campaña en favor de éste y aun cuando las elecciones convocadas eran municipales, la distribución de afiches de la pareja presidencial no cesó y se realizó en los centros educativos, entregándose la propaganda a los escolares.

La Ley Electoral nicaragüense establece que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la mayor democracia posible en la elección de sus candidatos. Sin embargo, en estas elecciones la que se impuso fue la práctica del “dedazo” principalmente practicada por el partido de gobierno. Esa práctica generó la protesta de los militantes del F.S.L.N., muchas de las cuales se hicieron presentes ante la Secretaría del partido, sin motivar una rectificación.

Los municipios en los que el F.S.L.N. negó el derecho que tienen sus miembros de elegir sus candidatos a Alcaldes suman 39 y fueron: Jalapa, Wiwilí, Ocotal, Somoto, Pueblo Nuevo, Condega, San Rafael del Norte, La Concordia, Chinandega, Malpaisillo, Posoltega, El Realejo, Corinto, Boaco, Teustepe, San Lorenzo, Acoyapa, Masaya, Masatepe, Niquinohomo, Diriamba, Nandaime, Altagracia, Moyogalpa, Jinotepe, Estelí, Ciudad Sandino, Mateare, Nindirí, Catarina, San Juan de Oriente, Nandasmo, Masaya, Carazo, Boaco, Camoapa, Tuma la Dalia y Bonanza.

Al igual que ocurrió para las elecciones generales de 2011, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Universidades llevaron a cabo una presunta labor de observación, orientada a dar legitimidad al proceso.

Esta vez, la OEA envió una misión de “acompañamiento” acatando la ilegal modalidad a la que ha recurrido el C.S.E. desde las elecciones de 2011 para limitar el ejercicio de la labor de observación. Generalmente, la OEA no observa elecciones municipales por lo que no se descarta que su presencia en esta ocasión esté asociada al difícil contexto que enfrenta el organismo regional debido a los ataques de los países del ALBA. La misión de acompañamiento, en la que estaba previsto inicialmente participaran 65 observadores, se redujo a 26, debido a dificultades financieras.

II.       Principales denuncias recibidas y resultados del monitoreo de medios.

Aunque el propósito del CENIDH en esta oportunidad no era documentar irregularidades del proceso electoral ya que era evidente la decisión del F.S.L.N. de consolidar su poder a través del control absoluto de las municipalidades, se recibieron denuncias de la población sobre dichas irregularidades. Si bien es cierto esas denuncias no permiten valorar el efecto que tales prácticas pudieron tener en los resultados informados, como corresponde hacerlo a un organismo de observación electoral, las presentamos a continuación a manera de contexto del día de la votación y eventos posteriores.

Debilidades en la entrega de cédulas: Nuevamente aparecieron cédulas en los basureros. Ciudadanos que se identificaron como liberales encontraron la mañana del 2 de noviembre 220 cédulas en bolsas de plástico tiradas, una parte en el basurero municipal de Rivas, y otra en el costado noreste de la Policía Nacional de la ciudad. Las cédulas correspondían a ciudadanos y ciudadanas originarios de  municipios como Belén, Cárdenas, San Jorge, Rivas y San Juan del Sur.

Lo anterior demuestra que las debilidades en el proceso de entrega de las cédulas persisten sin que el C.S.E. tome las medidas que corresponden.

Obstáculos a la fiscalización de los partidos políticos: la falta de entrega de las credenciales a 672 fiscales del ALIANZA P.L.I., lo que impidió su presencia en igual número de juntas en el momento de constitución de la junta.

La negativa de permitir a los fiscales y miembros del ALIANZA P.L.I. a ingresar a las JRV o una vez habiendo ingresado, obligarles a retirarse. Así ocurrió en Totogalpa, en el casco urbano donde una fiscal del ALIANZA P.L.I. fue obligada por la fuerza a salir de la JRV al momento del cierre de la votación, para que no participara en el conteo en una Junta en la que siempre el partido de gobierno ha resultado perdedor.

La entrega de Actas de Apertura ilegibles representó otra dificultad para la fiscalización.

Obstáculos a la votación: se recibieron denuncias sobre la violación al secreto del voto por falta de condiciones en las JRV así como debida a la coacción a beneficiarios de los programas sociales del gobierno para que votaran por sus candidatos. En algunas Juntas como en las de Totogalpa, exigieron a los ciudadanos beneficiados por los programas sociales del gobierno a votar delante de los integrantes de la JRV, tanto en la comunidad.

Se conoció que a simpatizantes del ALIANZA P.L.I. en algunos casos se les impidió votar alegando que no aparecían en el padrón.  Se denunció un trato discriminatorio de las autoridades electorales respecto de los simpatizantes del ALIANZA P.L.I. a quienes no se les permitía votar si no aparecían en el padrón, sucediendo lo contrario cuando se trataba de simpatizantes del F.S.L.N. Se conoció que el Presidente de la Junta permitió que determinados ciudadanos votaran sin cedula de identidad porque eran simpatizantes del partido de gobierno.

La práctica del “ratón loco”, de la que se ha valido el Consejo Supremo Electoral para impedir que voten ciudadanos que simpatizan con opciones políticas distintas al partido de gobierno, fue también denunciada: electores de Quilalí y Mozonte aparecieron empadronados en El Jícaro, Pantasma, Jinotega y Ocotal.

El cierre temprano de los Centros de Votación fue también denunciado, en Ocotal desde la hora de almuerzo, en otros sitios desde las 4 p.m.

Algunas autoridades de los Concejos Electorales municipales como las de Nueva Guinea y El Ayote emitieron centenares de constancias que fueron utilizadas por simpatizantes del F.S.L.N. para votar varias veces.

La práctica del doble voto fue denunciada en otros municipios, asociada a la no utilización de la tinta indeleble. En San Lucas, Madriz, 2 camiones llenos de simpatizantes del F.S.L.N. originarios de Pueblo Nuevo fueron llevados para votar en ese municipio. Similar denuncia se recibió sobre San Juan de Limay donde estaban llegando a votar militantes del F.S.L.N de Cusmapa y Cinco Pinos para sumar más votos en favor de ese partido.

Nuevamente se denunció que algunos ciudadanos hondureños votaron fraudulentamente en las elecciones municipales. Así ocurrió en San Lucas, Madriz.

El partido de gobierno, por la poca afluencia de la población y de sus propios militantes en las Juntas, movilizó gente de otros municipios para que votaran en su favor: simpatizantes sandinistas de Somoto, Totogalpa y Ocotal votaron fraudulentamente en Macuelizo, Nueva Segovia.

De igual forma, una ciudadana originaria de Santo Domingo Chontales confirmó con asombro al presentarse para ejercer su derecho al voto que aparecía como candidata a concejal por parte del APRE.

El CENIDH confirmó que tanto en la principal plaza electoral disputada, la ciudad de Managua como en otros municipios del país, los centros de votación se veían desolados, con muy poca participación de electores. “¿Para qué votar si mi voto no será respetado?” “Para qué votar si ya sabemos quién va a ganar”, “No hay por quién votar” fueron expresiones reiteradas de la ciudadanía.

De distintas fuentes se conoció que los espacios de red habilitados para recibir denuncias de la población fueron víctimas de “hackers”.

III.              La violencia electoral

Durante las elecciones municipales de este año, se dieron distintos hechos de violencia, algunos de éstos con consecuencias de relevancia para la vida e integridad física de la ciudadanía.

Violencia previa

Los hechos de violencia de relevancia registrados durante la campaña electoral fueron los siguientes: 

Jairo Mendoza Torres, candidato a reelegirse por el P.L.C. denunció que personas con símbolos del partido de gobierno apedrearon e intimidaron con machetes y palos a los simpatizantes liberales que le acompañaron en actos de campaña política.

José Tomas Murillo, representante del P.L.C. en San Carlos y los candidatos: Rosa Amelia Ortiz y Jairo Mendoza denunciaron agresiones durante la campaña política.

Durante la visita casa a casa realizada por Eduardo Montealegre junto a los candidatos a alcalde, vicealcalde y concejales por Granada, de la  Alianza P.L.I., el 11 de octubre del corriente, en el barrio La Sabaneta, fueron agredidos por una lluvia de piedras y bolsas con orines humanos que les lanzaron miembros de la Juventud Sandinista, cuando Montealegre se disponía a entrar a  saludar a los niños y niñas que estaban en la sede de Los Pipitos. Varios niños discapacitados sufrieron una crisis nerviosa y uno de ellos convulsionó. El incidente se salió de las manos a dos oficiales de la Policía que andaban resguardando al grupo de candidatos de la Alianza P.L.I. y tuvieron que pedir refuerzo para evitar mayores daños. La agresión fue motivo de serias críticas por parte de la población granadina, a través de los medios locales y siendo condenada por los habitantes del barrio La Sabaneta, incluso por miembros de Gabinete del Poder Ciudadano de dicho sector.

La población atribuyó la agresión a la candidata a concejal por el F.S.L.N., Esmeralda Carrillo, quien además es directora del centro Mercedes Mondragón, con el que solo los divide un cerco de alambres con la sede de Los Pipitos.

En Quezalguaque hubo violencia el 28 de octubre, luego de que a los propuestos para integrar las JRV, tanto del P.L.C. como de la Alianza P.L.I., se les negó la capacitación y acreditación para las elecciones, estos intentaron tomarse el empalme en la Panamericana pero la Policía los desalojó y tras un enfrentamiento hubo varios golpeados y dos detenidos. Los simpatizantes se armaron de piedras y palos y tras el desalojo optaron por quedarse a un lado de la vía. Melba Martínez, candidata a alcaldesa del P.L.C. en Quezalguaque, denunció que fueron reprimidos por la Policía e incluso aseguró que fue golpeada.

En Masaya, miembros de la Alianza P.L.I. denunciaron que sus presidentes y primeros miembros con fueron sacados de la lista para participar en un taller previo a las elecciones, con la venia del sandinista Manuel Carrión, presidente del CEM, siendo sustituidos por miembros de la Juventud Sandinista. Las personas que estaban de la Alianza P.L.I. acreditadas no fueron incluidas en dicho taller, por lo cual se les privó de su derecho como partido”.

El Sr. Evaristo Luna Alfaro de 50 años de edad, un antiguo comandante de la Contra conocido como “Comandante Catala”, ex alcalde liberal de Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte, quien era candidato a concejal por el P.L.C. fue asesinado después de asistir a un mitin político del P.L.C.. Se sospecha que el crimen, aún no esclarecido por la Policía Nacional, al cierre de este Informe, haya estado motivado políticamente.

Cuatro activistas de la Alianza P.L.I. fueron lesionados en Ciudad Darío, uno de ellos con un arma blanca, luego de haber realizado visitas a varias comunidades promoviendo el voto. Los activistas fueron atacados a pedradas, resultando con lesiones Michel Rafael Téllez mientras Juan Vicente Orozco recibió una puñalada en la espalda que le afectó el pulmón. Christian Alexander Ruiz y Norlan Valle resultaron también lesionados, siendo trasladados de emergencia al Hospital de la Trinidad.

Violencia en el día de la votación

En Matagalpa, las elecciones municipales dejaron 16 detenidos y 3 personas heridas, entre ellos un diputado del P.L.C. y un agente del orden público. El incidente se produjo cuando los simpatizantes del P.L.C. en Matagalpa pasaron frente a la casa municipal del F.S.L.N. donde simpatizantes de dicho partido celebraban la supuesta victoria. Un policía recibió una pedrada en el ojo cuando intentaba poner el orden.

Dos jóvenes fueron detenidos en San Pedro de Lóvago: Gustavo Adolfo Serrano Suarez y Wilber Antonio Amador, ambos simpatizantes de la Alianza P.L.I. originarios de la comunidad “Puerto de París” por presunto delito de proselitismo político en violación del silencio electoral.

Otra trifulca entre simpatizantes del P.L.C. y F.S.L.N. que marchaban en caravana por la ciudad de Sébaco, terminó con dos ciudadanos heridos, entre ellos el ex diputado Maximino Rodríguez quien resultó con una herida en la cabeza producto de una pedrada.

Además se investiga la muerte de un campesino debido a una trifulca entre simpatizantes del P.L.C. y la A.L.N. en dicha comunidad. Los hechos se registraron al concluir el conteo en la junta 852 en Tawas en la que resultó victorioso el candidato del P.L.C., lo que provocó la trifulca entre simpatizantes de ambos partidos cuando los miembros de la JRV trataban salir del local con el material electoral, el cual abandonado y dejado a quienes participaban en el altercado. La presunta muerte del campesino está siendo investigada actualmente por la Policía Nacional.

En Macuelizo, Ocotal, Arturo Núñez, quien corría para concejal  por la Alianza P.L.I. en ese municipio, recibió  dos pedradas en la cabeza a eso de las 7 de la noche y fue llevado al hospital “Alfonso Moncada Guillén”, de Ocotal.  Su situación era crítica.

Carlos Aguilar, representante legal de la Alianza P.L.I. en Macuelizo, informó que  fueron apedreados, en la casa del candidato a alcalde de la Alianza P.L.I.,  Héctor Miguel Moncada, supuestamente por parte de militantes rojinegros. La situación  se controló cuando llegó una patrulla policial del municipio de Santa María.

En Mozonte, Aracelys Gómez, quien corrió como candidata a la alcaldía por la Alianza P.L.I., denunció que militantes sandinistas atacaron su casa a morterazos y a pedradas, después de conocerse los resultados.  Ocasionando destrozos en el techo de la cocina de su casa, y resultaron lesionadas tres personas, entre estos Israel Florián y Byron Dávila.

Un incidente de violencia se registró en Cuapa, en la comarca de Llano Grande en los cuales resultó herido de una pedrada el delegado de gobernación, Sr. Alvin Jarquín, luego de que 45 funcionarios del Sistema Penitenciario de Quisalá llegaron a ejercer su voto en esa comarca y los pobladores del lugar se molestaron y reaccionaron violentamente. Una radio reportó que como consecuencia del altercado varias personas resultaron heridas de arma blanca.

Otro incidente de violencia se registró en Totogalpa, en la comunidad Quebrada Grande, cuando la Sra. Estela López se verificaba en el padrón y fue agredida por un Policía Electoral.

Se recibió denuncia de un ciudadano que afirmó que una autoridad municipal de Ciudad Darío del partido de gobierno, entregó presuntamente armas hechizas a simpatizantes de ese partido en presencia de la policía, la cual no hizo nada al respecto. El ciudadano recibió amenazas de que le quemarían su casa de habitación por lo que se dispuso a interponer la denuncia.

En La Libertad, Chontales el Jefe de Ruta de la Alianza P.L.I., Ervin Espinoza fue amenazado con arma de fuego por parte de un oficial de la policía. La población debió intervenir para evitar una desgracia.

Hechos de violencia posteriores a la votación

Los tres hechos más graves de violencia posteriores a la votación, por la pérdida de vidas que tuvieron como consecuencia, fueron los siguientes:

El asesinato del joven Ariel Reyes Gutiérrez, ocurrido en el municipio de El Jícaro, el 5 de noviembre de 2012. La policía nacional reportó que el joven, quien era miembro de  la Juventud Sandinista de ese municipio, murió producto de la agresión de un grupo de personas  y de la agresión con arma blanca de la que fue víctima.

En los hechos de violencia registrados el 5 de noviembre, en Ciudad Darío, Matagalpa, murieron: el Señor Juan López Artola, de 40 años y el Señor Vidal Obando Lira, de 56 años.

Según reportó la policía, el primero murió a consecuencia de disparos de armas de fuego que se registraron durante una alteración al orden público y el segundo murió presuntamente a consecuencia de golpes con objeto contundente. Tres personas resultaron lesionadas por armas de fuego y 7 más por objetos contusos con lesiones menos graves. También resultaron heridos tres miembros de la Policía Nacional: Francisco Javier Moreira Madrigal, el Teniente Carlos Mejía Ruiz y la policía Jamileth Flores, el primero a consecuencia de disparo de arma de fuego y los demás a consecuencia de morteros y pedradas.

Según información recibida, simpatizantes del F.S.L.N., al conocer los resultados de la votación que les eran desfavorables, empezaron a tirar piedras en contra el Centro de Cómputos Municipal.  Entonces en el Centro de Cómputos se dejó fuera el 20% de las Actas de las J.R.V. en las que el candidato de la Alianza P.L.I. ganaba con una diferencia de unos 1,325 votos. Luego, la mañana siguiente, miembros del Ejército y la Policía Nacional a los que se les sumaron los simpatizantes del F.S.L.N., que se hallaban en su casa de campaña en conjunto con retirados del Ejército y la Policía que portaban armas de fuego, disolvieron a la población que protestaba ante la alteración de los resultados,  y a ciudadanos que se hallaban en el lugar. Como resultado de esa violencia resultaron muertos el Sr. Obando y el Sr. López. Existen imágenes que muestran a ciudadanos pistola en mano disparando a la población y particularmente, en el caso del Señor Obando Lira, la población identifica como su presunto victimario al Señor Donald Balmaceda, alias “El Zorro”.

Los hechos fueron antecedidos por un intento de mediación promovido por el párroco de Ciudad Darío, con la participación del candidato a Alcalde por el PLI, Sr. Edgar Matamoros y de un representante del Ejército y la Policía. Según la información recibida, el jefe policial y el militar expresaron que ellos no eran mediadores y que llegaban a hacer cumplir la ley.

Un equipo del CENIDH visitó Ciudad Darío el 6 de los corrientes, confirmando que la autoridad policial no estaba siendo diligente para investigar los hechos en los que resultaron muertos el Sr. Obando y el Sr. López. Específicamente, en el caso del Sr. Obando, fue ante la solicitud del CENIDH que gestionaron el examen forense que correspondía practicar como parte de las investigaciones.  También confirmó el equipo la negativa de los familiares de la víctima para denunciar los hechos ante la policía, argumentando que no confían en las autoridades por considerarlas parcializadas. El equipo fue informado que la forense no se presentó sino hasta que se celebraba el acto religioso previo al sepelio de la víctima. Ninguna de las víctimas era conocida como activista de ningún partido.

Otros ciudadanos entrevistados manifestaron su desconfianza en las autoridades policiales, quejándose de la violencia extrema a la que recurrieron los antimotines amenazando con disparar a las puertas de viviendas donde se hallaban mujeres y niños. Para ellos, las autoridades policiales están siempre del lado del partido de gobierno.

Los hechos se registraron cuando simpatizantes de la Alianza P.L.I., que celebraban el triunfo electoral de su candidato: Edgard Matamoros Treminio fueron informados por uno de sus fiscales primero que en el Centro de Cómputos Municipal les estaban quitando votos para desproveerles de uno de los Concejales y luego, dieron un primer resultado en el que aparecía como ganador el candidato del F.S.L.N quien actualmente se desempeña como Alcalde.  Por ello, decidieron hacer un “plantón” de unas cien personas, frente al Centro de Cómputos, exigiendo la publicación de los resultados.  Después que un grupo lanzara piedras al Centro de Cómputos la Policía procedió a disolver la manifestación utilizando para ello gases lacrimógenos y balas de caucho. Testimonios recabados afirman que la actuación policial estuvo orientada a que desistieran de ejercer su derecho a manifestarse

El equipo se entrevistó con las autoridades policiales de Ciudad Darío, quienes informaron que no tenían a ninguna persona detenida,  argumentando que las investigaciones estaban siendo conducidas por el Comisionado Oswaldo Olivas, Jefe de Auxilio Judicial de Matagalpa. Al Comisionado Olivas se le hizo la observación de que el cuerpo del Sr. Obando no había sido examinado por el Forense, lo cual era una omisión grave de las investigaciones, asegurando que realizaría el trámite ante Medicina Legal. Respecto del Sr. López, el equipo recibió información que en el caso del cadáver sí se practicó un reconocimiento forense.

Otro equipo del CENIDH se movilizó el 6 de noviembre hacia La Paz Centro, donde se estaban disputando la Alcaldía Municipal  el F.S.L.N cuya candidata, la Sra. Lesbia Abarca García, iba por la reelección y el Sr. Isaac Ruiz, por la Alianza P.L.I. En este municipio el día 5 de noviembre se registraron hechos de violencia tras conocerse los resultados electorales,  según los cuales el F.S.L.N ganó la Alcaldía en esa localidad. En los hechos de violencia resultaron detenidas 29 personas, todos ellas simpatizantes de la Alianza P.L.I.  

La Casa de Campaña de la Alianza P.L.I. fue objeto de daños de consideración. La antigua Estación de Ferrocarril y el mercadito municipal fueron reducidos a cenizas como resultado del fuego provocado así  como una máquina retroexcavadora propiedad de la municipalidad.  De estos hechos,  el primero fue atribuido a los simpatizantes del F.S.L.N y los otros dos a simpatizantes de la Alianza P.L.I. Sin embargo, los únicos detenidos eran de la Alianza P.L.I.  

Durante la visita se confirmó que candidatos a concejales y simpatizantes de la Alianza P.L.I. se sentían perseguidos por la autoridad policial y por los simpatizantes del F.S.L.N que a su criterio actuaban conjuntamente.  El CENIDH se presentó al Departamento Policial de la ciudad de León, donde se hallaban las personas detenidas pero las autoridades informaron que el Comisionado Barrantes estaba en La Paz Centro y que él era el único que podía autorizar una visita. El día 8 de noviembre fuimos informados por el Sr. Isaac Ruiz, ex Candidato a Alcalde por la Alianza P.L.I., que todos los detenidos fueron liberados el 7 de noviembre pero que el patrullaje policial permanecía en la ciudad.

Los días 5 y 6 de noviembre se recibió en el CENIDH la denuncia del Alcalde actual de Nueva Guinea, Sr. Denis Obando, quien presentó su candidatura para la reelección por el P.L.C. El Señor Obando entregó al CENIDH copia de las actas y evidencia de los recursos interpuestos ante las autoridades electorales debido a que el C.S.E. estaba adjudicando la Alcaldía al F.S.L.N a pesar de que las actas,  según afirmó reflejan una diferencia de más de 3,000 votos en su favor.

El Sr. Obando denunció que los ciudadanos que permanecen en la Casa de Campaña del P.L.C. y alrededores estaban recibiendo presiones de parte de la autoridad policial y que incluso el Jefe Policial había dado un plazo fatal que era la medianoche del 7 de noviembre para que se dispersaran. El CENIDH se comunicó con un miembro de la Jefatura Policial a quien se transmitió la preocupación de Obando, llamándole a tomar las medidas para evitar que las amenazas no se concretaran en hechos que lamentar. 

Al cierre de este Informe el Sr. Obando nuevamente se comunicó con el CENIDH para denunciar que la Policía de Nueva Guinea está impidiendo que los ciudadanos lleguen al punto de reunión para realizar una marcha en protesta por el fraude a la voluntad expresada en las urnas.

El día 8 de noviembre la Sra. Nora Alicia Ruíz, Candidata a Vice Alcaldesa y Aracelly Tinoco Rosales, candidata a Primer Concejal de Matiguás por la Alianza P.L.I. denunciaron ante el CENIDH que las autoridades electorales habían alterado también los resultados de la votación en ese municipio. Según afirmaron, el C.S.E. no estaba tomando en cuenta 7 actas que le daban el triunfo a los candidatos de la Alianza. Afirmaron que con la complicidad de efectivos de la Policía los operadores políticos del F.S.L.N secuestraron boletas y actas así como que el día de la votación efectivos del Ejército votaron varias veces. Las denunciantes acompañaron copia de las Actas de escrutinio, según las cuales habrían triunfado los candidatos del PLI con 7,903 votos ante los 7,556 votos obtenidos por el partido de gobierno. Afirmaron haber interpuesto los recursos de ley y denunciado el fraude ante los medios de comunicación y distintas sedes diplomáticas. Finalmente, denunciaron que la presencia intimidatoria del Ejército en Matiguas se mantiene con el objetivo de evitar que la población se congregue frente a la casa de campaña de la Alianza.

IV.              El rol de las autoridades policiales y militares

Nuevamente el Ejército y la Policía pusieron en marcha sendos planes para garantizar la seguridad del proceso electoral municipal e incluso,  el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino bajo el nivel de alta seguridad hasta el día 5 de noviembre, lo que sin duda constituye una medida desproporcionada respecto de un proceso en el que desde el poder se dominan todos los aspectos del proceso para alterar a su favor la voluntad popular por tercera vez en nuestra historia reciente.

En el propio día de la votación, se apreció un rol pasivo de las autoridades policiales, ante las irregularidades que se presentaron. En general, se reportó mucha presencia de las autoridades policiales, así como presencia de militares, particularmente en Matiguás, donde 2 pelotones militares y más de 120 policías se desplegaron para garantizar la distribución del material electoral. Otros municipios que vivieron un inusitado despliegue  de tropas fueron: Boaco, Camoapa,  Matiguás, Río Blanco, Rancho Grande y Ciudad Darío,  entre otros. La presencia de las autoridades fue considerada intimidatoria.

Distintas denuncias atribuyen a las autoridades policiales y militares haber votado en varias JRV. Así se denunció respecto de San Nicolás y La Trinidad, ambos municipios de Estelí.

En otros casos, en situaciones de conflicto, la policía se abstuvo de intervenir, como ocurrió en el caso de la Comunidad de El Coyolito, municipio de Totogalpa donde simpatizantes sandinistas no dejaban salir el material electoral en un territorio en el que tradicionalmente el F.S.L.N ha resultado perdedor.  Al llamar a la Policía, ésta llegó a resguardar a los simpatizantes del partido de gobierno.

Respecto del rol de las autoridades y particularmente, de la autoridad policial, el CENIDH considera oportuno recordar que la Constitución de la República afirma claramente que no tiene la institución policial un rol deliberante, que es el que nos parece asume la institución en su Nota de Prensa No. 17-2012 al establecer que el 4 de noviembre la población nicaragüense acudió a las urnas electorales en todo el territorio nacional a ejercer su derecho al sufragio de forma cívica, ordenada y en un marco de orden y tranquilidad, olvidando que los procesos electorales desde 2008 no tienen nada de ejemplar.

Efectivamente, autoridades de facto desfilaron por los centros de votación pero miles de nicaragüenses se rehusaron a participar en una farsa en la que ni los mismos simpatizantes del F.S.L.N creen.

En nuestra opinión no corresponde a las autoridades policiales catalogar el proceso, porque al hacerlo se identifican abiertamente con la posición del partido de gobierno. En todo momento, el comunicado evita referirse a los simpatizantes del F.S.L.N. pero no duda en atribuir a los simpatizantes de la Alianza P.L.I. hechos vandálicos, como lo señala en el numeral 5 de la nota comentada en la que al finalizar, hace una referencia vaga y tangencial a los daños a la casa de campaña de la Alianza P.L.I. en esa localidad, sin atribuir esos hechos a nadie.

Como organismo de derechos humanos siendo nuestro objetivo reducir la impunidad esperamos que la Policía Nacional con el profesionalismo que debe caracterizarle, identifique a los autores de la muerte del joven Ariel Reyes Gutiérrez y de los Señores Vidal Obando Lira  y Juan López Artola así como a los autores de las lesiones de las que fueron víctimas otros ciudadanos e incluso miembros de la fuerza policial y proceda a ponerlos a la orden del Ministerio Público para que ejerza la correspondiente acción penal, así como se esclarezcan otros hechos delictivos ocurridos en La Paz Centro.

V.                Consideraciones finales

Las elecciones municipales de 2012 fueron un proceso en el que las Alianzas y los partidos políticos participantes no lograron presentar propuestas atractivas para el electorado y ni siquiera proyectar sus candidaturas, lo cual en el caso del partido de gobierno se vio agravado por la prohibición de proyección de sus candidatos desde el momento en que se afirmó que en estos comicios el único candidato era Daniel Ortega, actual Presidente inconstitucional de Nicaragua.

Unas elecciones conducidas por autoridades de facto, en las que hasta los muertos fueron candidatos, con la concurrencia de una oposición debilitada y la práctica del dedazo en la designación de las candidaturas, fueron determinantes para que el gran triunfador en estas elecciones fuera la abstención, con un 55% que significa un 11% adicional respecto de los niveles históricos de la abstención en las elecciones locales en Nicaragua que ha rondado el 44 % como promedio.  Los resultados dados a conocer por el C.S.E. respecto al porcentaje de participación no se corresponden con la falta de concurrencia de la población a las Juntas Receptoras de Votos en el 4 de noviembre.

El fracaso del partido de gobierno por lograr que los ciudadanos concurrieran a las Juntas Receptoras de Votos es mayor si tenemos en cuenta que el Presidente del C.S.E. había declarado a los medios de comunicación que esperaban una afluencia del 70 al 75% de los ciudadanos inscritos en el padrón.  Cabe señalar que la abstención no fue exclusiva de los ciudadanos que rechazan al partido de gobierno, sino de los propios militantes del F.S.L.N, que de manera reiterada y de distintas formas se vieron impedidos de seleccionar a los candidatos que querían así como de realizar campañas en las que pudieran proyectar sus candidaturas.

La ciudadanía ha percibido con justa razón que el modelo electoral impulsado por el partido de gobierno puede prescindir con éxito de la opinión ciudadana expresada mediante el voto, tal como ocurrió en los dos procesos electorales anteriores, en los cuales los resultados fueron determinados por el C.S.E. no a partir del voto del electorado sino a partir de la voluntad del partido de gobierno (Elecciones municipales de 2008 y elecciones generales de 2011).  La pérdida de la confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales, en sus prácticas y en la legislación electoral es la principal causa de abstencionismo que ha caracterizado el actual proceso. 

Un segundo motivo que ha tenido el electorado para no concurrir a las urnas ha sido la pérdida de importancia del rol de las municipalidades, debido al proceso de concentración del poder en la persona del Presidente de la República. Al perder las municipalidades el poco poder que tenían para trabajar por el desarrollo de su población, es menos atractivo participar en procesos electorales como el actual.

Una tercera causa es el desprestigio de la política y la pérdida de la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos de oposición para constituirse como opciones reales de poder frente al partido de gobierno.

Nuevamente, el C.S.E. procedió a imprimir un amplio margen adicional de boletas electorales (5 millones 500 mil) ante un padrón que es de 3.7 millones de habitantes, lo que generó la desconfianza del electorado.

La reelección de los Alcaldes, facilitada por la ilegal sentencia de la Sala de lo Constitucional, confirmada luego por una sentencia de Corte Plena integrada por conjueces, favoreció que el partido de gobierno abusara otra vez de los bienes del Estado y de las prerrogativas que les confiere el desempeño en los gobiernos municipales para impulsar sus candidaturas.

El resultado dado a conocer por el C.S.E prácticamente coincidió con lo anunciado por operadores políticos del partido de gobierno días antes de la elección en el sentido que 135 Alcaldías serían las ganadas por el F.S.L.N.: el C.S.E. atribuyó 134 Alcaldías al F.S.L.N y estableció que una estaba en disputa. 12 municipalidades fueron asignadas a la Alianza P.L.I., 2 al P.L.C. y 1 a A.L.N. y 3 para Yatama. Otra vez, el C.S.E. no publicó los resultados de las votaciones en cada Junta Receptora de Votos, en violación de la Ley Electoral.

El CENIDH considera que superar estas condiciones representa un reto para la ciudadanía y para los partidos políticos que no están en el gobierno. Para el partido en el gobierno, las deplorables circunstancias en las que se desarrollaron estos comicios representan una deuda con la democracia, modelo del cual se ha distanciado con el afán de perpetuarse en el poder. 

Nicaragua ahora está dividida entre quienes votan y quienes no votan, entre quienes se incluyeron en el proceso electoral como votantes y quienes fueron excluidos porque el proceso no prestaba las debidas garantías. Entre quienes votan están las autoridades de facto y ciudadanos que consideran que deben anteponer su deber ciudadano frente a la desconfianza que le merecen las autoridades electorales. La responsabilidad principal de que esta fisura se haya profundizado corresponde al partido de gobierno y principalmente a Daniel Ortega, Presidente inconstitucional de Nicaragua, por impulsar un proyecto claramente excluyente, que funciona prescindiendo de la opinión ciudadana, incluso de la opinión de muchos de sus propios simpatizantes, que en esta ocasión se expresaron no acudiendo a votar.

Tal vez lo más significativo de la abstención, que algunos estiman podría rondar el 60% del padrón total, es la cuota, seguramente importante, de abstención de militantes y simpatizantes del F.S.L.N, cuya participación se calcula en un 30% que ni siquiera equivale al 38% obtenido por este partido en las últimas elecciones creíbles en la historia reciente. Una abstención anunciada, presentida seguramente por el F.S.L.N en la muy escasa participación que sus bases tuvieron en el simulacro que realizó el partido de gobierno el 14 de octubre.

El círculo vicioso de la violación de la voluntad popular expresada mediante el voto, seguido de la violencia y de la impunidad en la que quedan dichas conductas,  continuará presentándose en cada proceso electoral en tanto no se elija a nicaragüenses dignos de confianza para desempeñarse como Magistrados y Magistradas del C.S.E. Procesos tan irregulares como las elecciones municipales del 4 de noviembre evidencian la necesidad urgente de que se lleven a cabo las reformas a la Ley Electoral requeridas por la ciudadanía y organizaciones independientes así como las recomendadas por las distintas misiones de observación electoral que han visitado nuestro país en elecciones anteriores.

Las víctimas de la violencia en esta oportunidad han sido ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a que sus vidas e integridad física sean protegidas en vez de arriesgadas por el Estado, sus autoridades y el espiral de violencia que generan estos procesos electorales anómalos. Son vidas de personas de la comunidad y de los miembros de la policía nacional las que se pierden o arriesgan en estos conflictos derivados de la pretensión del F.S.L.N. de copar todos los espacios de poder con miras a instaurar un régimen de partido único en el cual organiza las elecciones, las desarrolla y las gana alterando la voluntad popular, por cumplir un requisito pero desproveyéndoles de toda competitividad. 

Desde 2008, cada vez que asistimos a un proceso electoral, el CENIDH confirma su opinión:  la autoridad a cargo de la organización y el desarrollo de las elecciones debe ser sustituida de inmediato por estar abiertamente parcializada en favor del partido de gobierno, por su ineficiencia para garantizar resultados en tiempo que contribuyan a evitar que el ánimo del electorado y de los simpatizantes de los partidos en la contienda, se vean afectados por esa desconfianza así como por el efecto que una imagen tan deteriorada como la del Magistrado Presidente de facto del C.S.E. y demás miembros de la estructura de ese poder del Estado,  tiene en el abstencionismo del electorado.

Las elecciones no competitivas que se dan en Nicaragua desde 2008 abren viejas heridas, son procesos violatorios de los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses donde la violencia institucional termina haciendo la voluntad del partido de gobierno, erosionando las bases mismas sobre las cuales habíamos edificado nuestra convivencia a partir del fin del conflicto bélico de la década de los ochentas.

Nos corresponde a nosotros como nicaragüenses valernos de las vías cívicas para lograr que en un futuro próximo se garantice que nuestro voto será respetado.

 ¡Derecho que no se defiende…. Es Derecho que se pierde!

9 de noviembre de 2012