París, Managua, 14 de octubre de 2016 – El gobierno nicaragüense debe revocar la concesión del canal interoceánico y de los otros mega proyectos otorgados en junio 2013 al inversionista chino Wang Jing, declararon hoy la FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos - y el CENIDH en Managua durante la presentación de su informe titulado “Concesión del canal interoceánico en Nicaragua: grave impacto en los derechos humanos”.

« Respetar la naturaleza y los derechos de las comunidades no es un lujo. Es un deber. Estos proyectos tendrán consecuencias dramáticas sobre el medio ambiente y los derechos humanos.» señaló Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH. "Es impensable regatear el territorio de esta manera. El gobierno tiene que retroceder ".

El informe expone las numerosas violaciones de derechos humanos que podrían resultar de la implementación de estos mega proyectos. Explica cómo esta concesión sienta un régimen de excepción en el que las garantías constitucionales y legales previstas por el Estado de derecho nicaragüense no son respetadas, en particular en lo que concierne el derecho a la propiedad, a una vivienda adecuada, el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las organizaciones denuncian por ejemplo el régimen de las expropiaciones que no permite ningún recurso administrativo o judicial contra la decisión de expropiaciones y prevé una indemnización irrisoria. En la situación actual, entre 30.000 y 120.000 campesinos no tendrían forma de reinstalarse y de suplir adecuadamente sus necesidades en términos de alimentación. Esto solo en la zona de construcción del canal, pues aún no se sabe cuáles serían las zonas afectadas por expropiaciones para los otros megaproyectos incluidos en la concesión.

La concesión tiene una duración de 116 años e incluye la utilización del lago Cocibolca (principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica, del tamaño de todo Puerto Rico) para el canal. Esto a pesar de la protección de los recursos hídricos por el derecho nicaragüense que prevé que las concesiones de agua no pueden ser de más de 30 años. La construcción del canal además de afectar las 80,000 personas que toman agua de este lago y las 40 especies de peces que contiene, causaría contaminación por hidrocarburos, salinización, turbidez del agua, entre muchas otras. Ningún elemento de un proyecto de desarrollo sostenible está presente en esta concesión.

“El Estado nicaragüense ha tildado a los líderes que se oponen a la concesión del canal interoceánico de enemigos del desarrollo. Esta retórica es insostenible. Aquí nadie está en contra del desarrollo. Sólo queremos un desarrollo sostenible, responsable, respetuoso de la ley y de los seres humanos. "declaró Vilma Nuñez, presidenta de CENIDH.

Según los documentos a los que la FIDH y el CENIDH han podido acceder, la retribución para Nicaragua a cambio de los derechos exclusivos otorgados al inversionista es pequeñísima. Todas estas constataciones llevan a las organizaciones a concluir que se está frente a un mega-acaparamiento de tierras y aguas por el inversionista.

Sumado a ello, el inversionista no fue escogido luego de un proceso de licitación. Ninguna de sus empresas identificadas que deben participar a estos proyectos tiene experiencia en llevarlos a cabo. Algunas, registradas en Islas Caimán, Holanda, Hong Kong, Beijing, no parecen ser más que empresas de fachada. Esto agregado al carácter lesivo para el Estado de Nicaragua por los acuerdos negociados con él, constituyen diferentes indicios de un posible esquema de corrupción en la concesión canalera.

Nuestras organizaciones entrevistaron a 131 personas en la zona donde pasaría el canal. Todas afirman que el Estado utiliza mecanismos intimidatorios, presencia policial y militar, retenes, requisas y otras medidas con presencia permanente de órganos armados contra las comunidades opuestas a la concesión. Las últimas manifestaciones han sido duramente reprimidas o impedidas, generando de esta manera, una zona de excepción, de facto, en la ruta canalera.

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La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.


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